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Punto de observación
Columna
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Hasta los fantasmas tienen familia

La ultraderechista Meloni ha decretado el estado de emergencia para poder aligerar la deportación de los migrantes

Patricia Bolinches
Patricia Bolinches
Soledad Gallego-Díaz

“Alrededor de las 6.30 del 28 de mayo de 2021, a tres kilómetros de la playa de Belle Garden, en la isla de Tobago, una estrecha embarcación blanca y azul apareció en el horizonte (…). Desde lejos, parecía no haber nadie a bordo. Sólo cuando los pescadores se acercaron, olieron la muerte.

En el interior hallaron los cuerpos en descomposición de más de una docena de hombres negros. Nadie sabía de dónde venían, qué los llevó allí, por qué estaban a bordo y cómo, o por qué, murieron. No había ningún rastro de sus nombres.

Lo que está claro ahora, dos años después, es esto: 43 personas salieron 135 días antes de una ciudad portuaria al otro lado del océano. Intentaban llegar a las islas Canarias, en España. Nunca llegaron. Terminaron en el Caribe”.

Los tres párrafos anteriores pertenecen a una prodigiosa, y terrible, crónica distribuida por la agencia Associated Press esta semana. Sus investigaciones permitieron averiguar que la embarcación había salido de Mauritania hacia España (una de las rutas de migración más peligrosas del mundo) y que en algún momento se perdió en la inmensidad del océano.

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“Del barco se recuperaron ropa, 1.000 francos de África Occidental y algunos euros. La policía también encontró media docena de móviles corroídos con tarjetas SIM de Malí y Mauritania (…) Hasta los fantasmas tienen familia”, escribieron sus autores.

Conviene leer esta portentosa crónica para comprender de qué se trata cuando se habla de migraciones.

La ruta del Mediterráneo central no es tan peligrosa, pero también tiene una larga lista de muertos en su historial. Según la agencia de migraciones de la ONU, el primer trimestre de 2023 ha sido el más mortífero de los últimos seis años y uno de los factores que contribuyen a ello es la demora de los países europeos en iniciar los rescates. Peor aún, las dificultades que ponen para que, al menos, sean organizaciones humanitarias las que hagan esa labor.

La Unión Europea lucha por cerrar el Mediterráneo central. Hasta ahora las embarcaciones salían fundamentalmente de la costa de Libia. Así que los europeos repartieron millones de euros a diferentes milicias para asegurarse de que interceptaban los botes y recluían a sus ocupantes en algunos lugares terribles (otra investigación periodística, esta vez alemana, permitió documentar esas denuncias). La enorme crisis que padece ahora Túnez, bajo el autócrata Kais Said, anuncia que habrá jóvenes, ya sin nada que perder, que intentarán el salto desde sus playas. Así que la primera ministra de Italia, la ultraderechista Giorgia Meloni, ha decretado durante seis meses el estado de emergencia, sobre todo para poder aligerar los trámites de expulsión de esos migrantes.

Pero ¿a dónde se les expulsa? Desde luego, no son repatriaciones, porque se trata fundamentalmente de personas de nacionalidad bangladesí, paquistaní, somalíes o eritreos. Libia no es su país, como no lo es Ruanda de los migrantes que llegan al Reino Unido y son enviados a un país de África oriental que nunca habían pisado. Es decir, no se les repatría, una figura muy conocida del derecho internacional, sino que se les deporta, otra figura muy conocida de la infamia internacional. Porque deportar significa desterrar a alguien a un lugar, por lo regular extranjero, y confinarlo allí por razones políticas o como castigo.

La Comisión Europea intentó lograr un acuerdo entre los países miembros de la UE para repartirse los migrantes llegados a los países receptores más habituales. Ni por asomo fue posible el pacto. En lo único que hay acuerdo es en convertir Frontex, la agencia de control de fronteras, en una especie de monstruo militarizado, sobre el que recaen múltiples sospechas de mala práctica. Meloni tendría mucha más razón si su pelea fuera la reforma del llamado Pacto de Dublín por el que es el país que primero pisa el demandante de asilo el que determina esa solicitud, en lugar de manejarlo como asunto comunitario. O si fuera posible tratar en el ámbito de la UE el flujo de migrantes “cualificados” que ahora cada país abre por su cuenta, sin considerar los problemas de sus socios. Para todo eso no sirve el estado de emergencia.

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