Un Estatut inservible
Normalizar la situación política en Cataluña exigiría una reforma estatutaria que corrija el actual embrollo jurídico
La voluntad de alcanzar la independencia de Cataluña es simplemente un programa político, no una exigencia histórica, eso sí, sostenido por varios partidos que suman una clara mayoría de escaños en el Parlament (74 de 135), pero no una mayoría electoral igualmente sólida (1.360.000 votos en las últimas elecciones de 2021, frente a 1.332.000 de los no independentistas). El programa independentista ha sido un claro fracaso y el Gobierno al que dio origen la mayoría de escaños no funciona, como ha quedado de manifiesto en la última crisis, porque sus principales componentes, Esquerra Republicana de Catalunya y Junts per Catalunya, mantienen una lógica y fuerte lucha por la supremacía y actúan movidos por una completa desconfianza.
Por encima de esta complicada situación, existe otra evidencia todavía más preocupante: Cataluña lleva años en una situación de absoluta anormalidad jurídica, porque su Estatuto de autonomía, un texto de 76 páginas, es una especie de agujero negro que exige nada menos que otras 881 páginas de una sentencia para ser interpretado. Normalizar la situación política en esa comunidad exigiría una reforma estatutaria que delimite las áreas de conflictividad con el Estado central y corrija el embrollo jurídico actual, pero nada hace pensar que esa reforma sea posible a corto o incluso medio plazo. El lío provocado por el Estatuto de 2006 entre el Estado central y la autonomía sigue en llamas.
El Estatuto de 2006 reformó el aprobado en 1979, pocos meses después de la entrada en vigor de la Constitución. De acuerdo con las normas de procedimiento establecidas, su reforma siguió el siguiente trámite: 1) aprobación de la iniciativa de la propuesta de reforma por el Parlamento de Cataluña; 2) debate y enmienda de dicha propuesta en las dos Cámaras del Parlamento español, Congreso y Senado, y 3) referéndum celebrado el 18 de junio de 2006, con baja participación (48%) pero amplia mayoría favorable (73,9% de síes). La reforma devino formalmente ley orgánica, y parte del llamado bloque de constitucionalidad, es decir del conjunto de normas jurídicas que el Tribunal Constitucional tiene en cuenta como parámetro para determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de otras.
Resultó, sin embargo, que el Partido Popular, dirigido ya por Mariano Rajoy, recurrió ante el Alto Tribunal y que cuatro años después de aprobado en referéndum, el Constitucional emitió una sentencia en la que declaraba inconstitucionales 14 preceptos del Estatut y adoptaba una decisión de carácter interpretativo en otros 27. La sentencia ocupa 881 folios: 449 de antecedentes, 234 de fundamentos jurídicos, 3 del fallo y 197 de los votos particulares de cinco magistrados.
Recordar todo este proceso y la situación del actual Estatut no justifica la ilegal consulta sobre la independencia del 1 de octubre de 2017 ni la incomprensible proclamación de la República catalana el día 10 del mismo mes, suspendida segundos después por el propio president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Tampoco, la absoluta falta de liderazgo de Mariano Rajoy en aquellos días, realmente demoledora, como demuestra el inquietante informe Operación Recuperar Soberanía, publicado por este diario el domingo pasado. Lo que cuenta Miguel González exigiría una explicación inmediata de Rajoy y de la exministra de Defensa Dolores de Cospedal, capaz de firmar casi en blanco y sin autorización del Consejo de Ministros la puesta en marcha de mecanismos militares de infausto recuerdo.
Cataluña, fracasado el programa político independentista de ERC y JxC, sigue enfrentada a un encuadre jurídico extraño: las fuerzas políticas, incluidas las no independentistas, saben que el Estatuto en vigor es casi incomprensible en algunas partes, y en otras, dudosamente aplicable. Su texto incluye elementos, como los que regulan la financiación, que deberían ser razonablemente objeto de negociación según las circunstancias del momento, y que sin embargo teóricamente forman parte ahora mismo del bloque de constitucionalidad, lo que es un absurdo. Todo el proceso que llevó a la sentencia del Constitucional y al actual Estatut fue un desastre. Habría que abordarlo de nuevo, pero parece improbable porque la instrumentalización política que destruyó aquel proceso sigue vigente, empeorada si cabe por un Tribunal Constitucional que no logra completar sus miembros. Peor, imposible.
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