Mucha preservación, pero con escaso éxito
España es el país que más aporta a la Red Natura 2000. Pero la diversidad de figuras y la mala gestión reducen su eficacia
La ecologista mexicana Julia Carabias, una de las autoras del informe Hacer las paces con la naturaleza, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), sostiene en un vídeo publicado por la agencia que el instrumento de política pública más efectiva para conservar la biodiversidad es la creación de espacios naturales protegidos. Es decir, grandes extensiones de territorio donde las especies puedan relacionarse libremente con la menor intervención humana posible. En todo el mundo existen 271.791 áreas protegidas que ocupan alrededor de 50 millones de kilómetros cuadrados y cubren 245 países, según datos a junio de Protected Planet, plataforma del PNUMA y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Europa es la región que más aporta a esta contabilidad, con 162.401 áreas en 62 países, seguida por América del Norte (52.958) y Asia Pacífico (35.652).
España tiene, según Protected Planet, 4.108 espacios que cubren el 28% de su superficie terrestre y el 13% de su superficie marina, información que difiere de la oficial debido a diferencias metodológicas. De acuerdo con el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), el alcance del territorio protegido sería del 36% y el 12%, respectivamente. En cualquiera de los dos casos, España cumpliría la recomendación de la UICN de que se proporcione amparo legal al 10% de la superficie terrestre y marina como mínimo.
El logro es parcial en el caso de la Estrategia Europea de Biodiversidad 2030, que establece que en ese horizonte cada país socio de la UE alcance un 30% de cobertura tanto para la superficie terrestre como marina. “En estos momentos cumpliríamos con los objetivos terrestres, mientras que queda trabajo por hacer en la conservación efectiva del ámbito marino”, afirma Rafael Mata, presidente de Europarc-España, foro profesional donde se discuten propuestas para la mejora de las áreas protegidas.
Según Europarc, a diciembre de 2020 había declarados 16 parques nacionales, 152 parques naturales, 291 reservas naturales, 359 monumentos naturales, 61 paisajes, 2 áreas marinas y más de 800 espacios con designaciones autonómicas. A estas categorías locales hay que sumar las de instrumentos internacionales como la Red Natura 2000, el programa de conservación estrella de la Unión Europea, o las reservas de la biosfera y los geoparques de la Unesco. Muchos de estos valores coinciden en todo o en parte; es decir, que físicamente se superponen, aunque los niveles de protección no son los mismos. “Esto genera un verdadero caos administrativo que necesita ser abordado de una forma transversal”, dice Alberto González, investigador del Instituto de Geociencias y Medio Ambiente de Grenoble (Francia).
La diversidad de figuras legales no solo no ayuda a conciliar la estadística nacional con la de Protected Planet, sino que también puede causar confusión en la ciudadanía sobre lo que se puede y no se puede hacer dentro de cada una de ellas. “Hay actividades como la caza o la pesca que están prohibidas dentro de los parques nacionales, pero que dentro de la Red Natura 2000 sí están permitidas mientras no dañen los hábitats o especies que intenta proteger”, explica Theo Oberhuber, coordinador de proyectos de Ecologistas en Acción. Otro tanto ocurre con la explotación forestal intensiva, que bajo ciertos límites es posible dentro del programa europeo, pero no dentro de un parque natural español.
Calidad, no cantidad
De ahí que lo importante no sea tanto que España sea el país socio de la UE que más superficie aporta a la Red Natura 2000 —más de 22 millones de hectáreas, el 27% del territorio español—, sino la gestión que se hace de ella y de la gran diversidad de instrumentos, considerando además que el máximo nivel de protección corresponde a los parques nacionales, que solo ocupan el 0,8% del territorio.
“Desde nuestro punto de vista, la gestión es uno de los principales problemas”, comenta Oberhuber. “Por un lado, el reparto de competencias hace que esta recaiga en las comunidades autónomas y, como no se han establecido criterios comunes, en cada territorio el modelo es diferente. Y, por otro, una parte importante de los espacios carece de planes de gestión adecuados o, si los tienen, se quedan en el documento y no terminan de aplicarse”, sostiene. La reducción de los presupuestos que se destinan a su cuidado tampoco ayuda. De los más de 100 millones de euros con que contaba toda la red de parques nacionales en 2015 se ha pasado a unos 66 millones en 2019.
De acuerdo con Europarc, el 93% de los parques nacionales y el 88% de los naturales cuentan con un plan rector de uso y gestión, mientras que en el caso de los espacios incluidos en la Red Natura ese porcentaje llega al 80%. “Lo cierto es que muchos de ellos se han aprobado recientemente y se están empezando a desarrollar”, apunta Mata. Para Oberhuber, la prueba palpable de que la cobertura no está siendo eficaz es que, si bien el número de zonas conservadas crece —solo en 2019 se declararon 31 nuevos espacios—, la pérdida de biodiversidad en España no se ha detenido.
El presidente de Europarc sostiene que las presiones y amenazas que sufre la red tienen su origen en ciertas prácticas agrícolas, el urbanismo, la silvicultura y las invasiones biológicas. Las situaciones más polémicas se dan cuando las mismas autoridades no respetan los planes. Un caso muy sonado es el del embalse de Valdecañas, en la provincia de Cáceres. A pesar de que sus 7.178 hectáreas forman parte de la Red Natura 2000 y son una zona de especial protección de aves, la Junta de Extremadura aprobó en 2007 la construcción de un complejo turístico de lujo sobre una isla en medio del pantano. En febrero de este año, después de 14 años de litigio, el Tribunal Supremo ordenó la demolición del resort.
A raíz de esta sentencia, los gobiernos de 14 comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla, han pedido una reforma de la legislación para impedir que los jueces anulen sus planes urbanísticos por “vicios formales”, aduciendo que frenan el desarrollo regional, pero Ecologistas en Acción sostiene que por cada euro invertido en la Red Natura se obtiene un beneficio bruto de al menos 22 euros, según el último informe del Miteco.
Presión urbanística
Anillos. En los últimos 30 años se ha duplicado el suelo urbano asentado en los linderos de los espacios protegidos en España, según un estudio de las universidades Autónoma de Madrid, de Grenoble (Francia) y de Jaén. De los 644 kilómetros construidos alrededor de los parques que había en 1990 se pasó a 1.082 en 2018.
Invasores. El crecimiento de residencias en los entornos naturales está relacionado con un aumento de presencia de especies invasoras; por tanto, se genera un impacto negativo en el medio. Por otro lado, la superficie urbana acarrea ruido por desplazamientos, contaminación lumínica e impermeabilización de los suelos.
Hiperconectados. Por mucho que se designe un área protegida, la naturaleza no entiende de límites. Los territorios son sistemas hiperconectados y no se puede entender lo que sucede en un punto sin comprender lo que ocurre en otro, por muy lejos que esté.
Enfoque sistémico. Es necesario repensar lo que estamos haciendo en los espacios no protegidos para introducir una perspectiva más sistémica que entienda que, si tocas en un punto del territorio, los efectos se van a sentir a cientos de kilómetros.
