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Fuerza ciudadana contra la emergencia climática

Lejos de los eslóganes y las promesas de los políticos, y de las grandes empresas y sus intereses, las asambleas populares, impulsadas sobre todo por los jóvenes, y el activismo ciudadano, viven un momento decisivo en la batalla que hay que dar día a día para poner freno a la crisis del calentamiento global

Miguel Ángel García Vega
Extra Medio Ambiente 05/06/22 Community hoisting globe with pulley
Malte Mueller (Getty Images/fStop)

El calor es sofocante al igual que acumulan polvo las cortinas viejas y el frío cristaliza el aire en los alveolos al caminar. Esto es la emergencia climática. Eso, y observar una pena. Hay bosques desde hace 300 millones de años, el hombre convive con este espacio, de tierra prestada, hará 300.000 años y es el hogar de 60.000 especies (de las cuales un tercio está en riesgo de extinción). Una cuenta atrás. En los albores de la revolución agrícola, hace 12.000 millones de años, había seis billones de árboles, ahora arraigan únicamente la mitad y se pierden 15.000 millones cada año. El Foro Económico Mundial se ha comprometido a replantar un billón durante 2030. Un bosque intacto y su sistema asociado están valorados en 140 millones de euros, el doble que la Bolsa.

El gran problema es el tiempo. La reducción exige un compromiso a largo plazo y el ser humano lleva 400.000 generaciones preocupado por el presente. La escala ecológica supera la del hombre. El parón de las emisiones de dióxido de carbono lo deben implantar personas que nunca verán, durante su existencia, los resultados. Imaginar una luz verde al final de un embarcadero cuando aún caen bombas en Europa. El futuro se dirige hacia las nuevas generaciones. Aunque hablan con una voz llena de desencanto. “Los jóvenes hemos heredado un planeta en extinción”, lanza Elsa Arnaiz, de 24 años, presidenta de Talento para el Futuro, una plataforma de miles de jóvenes —cuenta la web— que dedican su tiempo libre a luchar para tener un papel imprescindible en la construcción de una sociedad mejor. “Resulta bastante complicado que cualquiera de nuestras acciones revierta todo el daño causado”. De poco sirve la idea: levántame y sueña. “Da igual que movilicemos a miles de personas para que salgan a la calle si después las instituciones ni nos escuchan”, se queja Elsa Arnaiz.

En estas pisadas hay algunos ecos en la memoria del optimismo. Vivimos la exuberancia de plantar árboles como máquinas de capturar dióxido de carbono. El presidente de Amazon, Jeff Bezos, ha comprometido 2.000 millones de dólares (1.800 millones de euros) para recuperar los bosques; Canadá asegura que reintroducirá entre 2.000 millones y 3.000 millones en una década; Pakistán sumará 10.000 millones tras el tsunami; Etiopía afirmó haber plantado en 2019 unos 350 millones en un día, y la India, llegando a lo inaudito, plantó durante 2017 unos 66 millones de árboles en 12 horas. Sin embargo, hoy, junto a China (cuyo proyecto de reforestación, ­Grain for Green, tiene un presupuesto de 62.000 millones de euros para reducir un 45% la erosión del suelo entre los próximos 10 y 15 años en la zona suroeste) y Singapur, es uno de los grandes quemadores de carbón. Arde la realidad.

Plantar con cabeza

California lleva años abrasándose como cenizas en la hoguera de San Juan. En la sequía extrema que afectó al motor tecnológico estadounidense entre 2011 y 2015 se perdieron 140.000 millones de árboles. El ecosistema estatal ha pasado de ser un sumidero de carbono a expulsarlo. Los árboles muertos o agonizantes vierten unos 600 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Supone el 10% del total, en ese periodo, de gases de efecto invernadero emitidos por el Estado.

Los árboles pueden combatir este erial. Pero quién se preocupa de cómo estarán dentro de 10, 15 o 20 años. El Foro Económico Mundial parece ignorarlo. Sin embargo, el optimismo “de la azada” atraviesa ONG, instituciones públicas y empresas. Amazon destinará 100 millones de dólares (93 millones de euros) a Alemania, la tecnológica HP recuperará 80.000 hectáreas en China y Brasil, Nestlé se involucrará en Costa de Marfil y Ghana. Incluso la petrolera y gasista Total­Energies quiere plantar 40.000 hectáreas en la República del Congo. Los cálculos de la compañía francesa es que podría eliminar de la atmósfera más de 10 millones de toneladas de dióxido de carbono en dos décadas.

Aunque plantar por plantar puede aumentar el problema. Los árboles no son la respuesta a la descarbonización. “El árbol adecuado en el lugar preciso mitiga el cambio climático, alivia la pobreza y conserva la biodiversidad”, reflexiona Paul Smith, secretario general de Conservación de los Jardines Botánicos Internacionales (Reino Unido). “Sin embargo, muchos gobiernos, empresas y organizaciones no gubernamentales están plantando árboles equivocados en lugares erróneos, desplazando la biodiversidad y degradando los ecosistemas y la disponibilidad de agua”. Existen 60.000 especies en el mundo, pero el ser humano se empeña en unos pocos cientos: eucaliptos, pinos, teca. Crecen rápido, se venden y vuelven el suelo baldío. “Algunas compañías parecen decir: mira cuántos árboles plantamos, mira lo verde que somos”, ironiza Paul Smith. Una grieta en el discurso. “El cultivo de árboles no sustituye la necesidad de reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, que es lo que deben hacer las grandes firmas”, admite Karen Hall, profesora en el departamento de Estudios Ambientales de la Universidad de California.

Los chicos lo saben y descubren con facilidad —avisa Elia González, coordinadora de movilizaciones de Greenpeace España— estos comportamientos de greenwashing. Vender una imagen irreal de sostenibilidad. A comienzos de mayo protestaban, por ejemplo, ante la central térmica de Naturgy en Málaga por su conexión con el gas ruso. “Son jóvenes más comprometidos que la generación de 1983, que es la mía”, describe la responsable. Llevan consigo un clima positivo. Pese a que resultaría fácil rendirse en un tiempo de esperanzas recortadas. “No solo se nos tiene que escuchar, sino que debemos estar presentes allí donde se toman las decisiones”, reivindica Elsa Arnaiz.

La sociedad civil parece anestesiada. Aunque a veces recobra el conocimiento al igual que un púgil noqueado por un golpe perdido. La Abogacía del Estado tumbaba en marzo una demanda contra el Estado por “inacción climática”. La promovieron varias ONG y expertos como José María Baldasano, catedrático emérito de Ingeniería Ambiental de la Universidad Politécnica de Cataluña y consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. El escrito sostiene que “ninguno” de los informes presentados por los demandantes “tiene el valor probatorio que se les atribuye”. “Tal vez los letrados no han sentido las lluvias torrenciales. O no han visto los bosques arder. Pero los científicos llevamos”, reflexiona Baldasano, “dos décadas advirtiéndolo”. “Si queremos una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero anual del 7,6%, la aportación de España tiene que ser mucho mayor que el 23% de reducción planteado respecto a 1990″, alerta el docente. España deja todo el esfuerzo —conseguir la neutralidad climática en 2050— para el final. El filósofo Ortega y Gasset escribiría que pocas cosas hay tan españolas como ese “ya lo haremos”.

Avances por la economía

El avance, real, se siente en la economía circular, el autoconsumo o la sostenibilidad. Sin embargo, está más relacionado con el ahorro económico propio que con la preocupación ambiental. Poco cambia. “Repsol defenderá un modelo de petróleo, petróleo y petróleo hasta que pueda”, prevé José María Baldasano. “Es cierto que Teresa Ribera [ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico] está haciendo un gran esfuerzo, pero le falta un punto de ambición”. Quizá los números cambien algo. Islandia posee la planta de captura de carbono más grande del mundo. Absorbe 4.000 toneladas de CO2 al año. ¿Mucho? Es casi la huella medioambiental del Torneo Conde de Godó (Barcelona) de tenis de este año. Hasta Islandia anda lejos del cielo. Pero estas tecnologías son esenciales. “A corto plazo, al menos, será una solución”, concreta Mariano Marzo, catedrático emérito de Ciencias de la Tierra en la Universidad de Barcelona y consejero externo independiente de Repsol, “para la supervivencia de industrias que, de otro modo, no podrán operar debido a la escalada de precios del CO2, con la pérdida de empleo y riqueza que supone”.

Queda la esperanza de volver a ese milagro dorado que es la juventud. En el colegio San Agustín de Calahorra (La Rioja) la conciencia medioambiental forma parte de su narrativa desde que los niños empiezan los estudios. Cada año eligen un tema relacionado con la naturaleza y trabajan un proyecto. Este curso, seis alumnos de 4º de la ESO pensaron: “¿Se podrá generar biocombustible a partir de la uva?”. Una pregunta inteligente en paisajes de horizontes y viñas. Descubrieron que las pepitas poseían un porcentaje de aceite de entre el 8% y el 20%. Prensadas en frío se puede extraer y producir combustible natural. “También de la glicerina hemos conseguido bioplástico y estamos estudiando si resulta posible transformarlo en plástico normal”, narra Ángeles Ríos, profesora de Biología del centro. Las vides —GS Energy: uvas energéticas para un futuro sostenibleconsiguieron uno de los premios de la cuarta edición del Certamen Tecnológico Efigy de la Fundación Naturgy. ¿Una firma de hidrocarburos verde? “Ellos no ven la parte negativa, y sí la positiva”, aclara la educadora.

Pero esto son solo pepitas de cambio. La sociedad tiene que participar de forma masiva. Las máscaras han sido derretidas por el calor. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, llamó en mayo “tontos” a los 10 millones de ciudadanos que seguían con la tarifa regulada. Luego, claro, se disculpó. Un año antes, la eléctrica había vaciado pantanos. Sin disculpas. Los embalses (24 de mayo) están al 50,12% de su capacidad (unos 28.133 hectómetros cúbicos). En la misma semana del año pasado superaban el 60%. No sobra agua, falta la participación civil. “En España y en otros países se ha hecho muy poco por la presión de los grandes lobbies eléctricos”, denuncia Fernando Valladares, doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, ecólogo del CSIC y uno de los expertos que asesoran a la Asamblea Ciudadana para el Clima. Un grupo creado en 2021, con unos 100 miembros, elegidos al azar, que representan diversos niveles económicos, sociales, culturales. Una geografía del país poco conocida. Su idea es concretar una serie de propuestas que alcancen los niveles de decisión política. Yerran quienes debilitan la influencia de la gente. Una movilización de la calle consiguió que 500.000 firmas levantaran la voz contra la destrucción del mar Menor.

Leyes útiles de verdad

El éxito quizá sea reducido, ¿o no? En el caso de la Asamblea Francesa del Clima llegaron a la legislación un 8% de las iniciativas. “Al Gobierno le tiembla el pulso. Tardamos 10 años en promover una ley del cambio climático”, matiza el biólogo. Aunque hay retrasos sorprendentes. La avanzada Suecia carece de un marco jurídico para converger con el Acuerdo de París. “No vemos un final, y no será feliz; hay que cambiar de rumbo porque nunca, en toda la historia española, se había notado tanto la crisis climática”, advierte. Es tiempo de reclutar a la sociedad. Una asamblea ciudadana logró el aborto legal en Irlanda, otra en Australia prohibió la importación de combustible nuclear e Islandia reformó en profundidad su Constitución. Grupos influyentes del estilo de Scientist Rebellion muestran que todavía es posible la democracia participativa.

Un buen comienzo hacia esa nueva ágora civil sería la salida de España del Tratado de la Carta de la Energía (TCE), que protege las inversiones en combustibles fósiles y permite que los países sean demandados ante tribunales privados por empresas energéticas. “Es un cheque en blanco a estas compañías” y ya hemos visto su uso, ahonda Fernando Valladares. Caminamos la era del hombre; es su tiempo. “Cada persona debe tomar conciencia y hacer su propia reflexión de qué forma puede contribuir a combatir el cambio climático”, aconseja un portavoz de la mallorquina Trueworld, un grupo de científicos, comunicadores e investigadores que luchan contra la crisis del clima. Hablan —si se los escucha— de buenas prácticas ambientales. Consumo responsable de recursos energéticos e hídricos, comprar artículos locales o de kilómetro cero, alargar la vida de los productos o dar una segunda oportunidad a ropa, zapatos, electrodomésticos. Los ciudadanos son la voz del clima porque saben que no vamos hacia un mundo que reparte estrellas a mariposas fortuitas.

Una sonrisa desde el lejano sol

Colgado en el espinazo de la noche, el sol flota sobre el frío cosmos. A una distancia de 15.000 millones de kilómetros, es un aliado de España y sonríe. Nos regala unas 2.500 horas de su energía anuales durante 300 días. Quizá con su brillo esté orientando el camino en este nuevo universo, al igual que los marineros se guiaban por la estrella polar. Es lo que cree Ship2Fair, una empresa que ha galardonado la Fundación del Pino por su aportación al Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 (energía asequible y no contaminante) de las Naciones Unidas. El propósito es utilizar la solar térmica (de 80 ºC a 250 ºC) con el fin de descarbonizar la industria agroalimentaria. “La singularidad de nuestra tecnología”, describe Miguel Zarzuela, gestor de proyectos, “es que permite producir vapor directamente para uso industrial, y no solo calienta agua por debajo de 100 ºC como ocurre en el caso de la termosolar convencional”. Ese vapor no empaña las soluciones. En fermentación y estabilización del vino ya las aplican, por ejemplo, las Bodegas Roda (España) o la refinadora de azúcar Grupo RAR (Portugal). Hay un tiempo de sembrar, hay un tiempo de recoger. 

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Sobre la firma

Miguel Ángel García Vega
Lleva unos 25 años escribiendo en EL PAÍS, actualmente para Cultura, Negocios, El País Semanal, Retina, Suplementos Especiales e Ideas. Sus textos han sido republicados por La Nación (Argentina), La Tercera (Chile) o Le Monde (Francia). Ha recibido, entre otros, los premios AECOC, Accenture, Antonio Moreno Espejo (CNMV) y Ciudad de Badajoz.

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