Radiografía de un centro de acogida fracasado: más de cien menores donde debería haber 35

De los 102 centros de la red de protección de la Comunidad de Madrid hay uno que parece reunir todas las miserias del sistema. Se trata de una vieja casona en el corazón de Hortaleza en la que debería haber 35 niños y hay más de cien y en la que el 25% de los trabajadores está de baja. Un lugar que tiene baños en el patio para atajar el hacinamiento y en el que los médicos tratan de enfermedades desaparecidas en España como la sarna. Un lugar donde la mitad de los internos son marroquíes y, la otra mitad, subsaharianos de entre 16 y 18 años, sin nada que hacer en todo el día, pero que se odian a muerte y tiran de cúter a la menor provocación.

El deterioro no está relacionado con el reparto de migrantes desde Canarias y dura ya varios años. Tampoco con menores sin padres que llegaron en cayuco de África. O no solo. Oficialmente, se trata de un “centro educativo de intervención psicosocial a toda la infancia madrileña entre 15 y 17 años en riesgo de exclusión social y/o desamparo”. De hecho, tres chicas españolas acaban de dejar el lugar hace unas semanas. De una forma u otra, todas las personas vinculadas al centro, desde trabajadores a emigrantes, vecinos de Hortaleza y partidos de la oposición, tienen una opinión parecida: está abandonado a su suerte. Solo la Comunidad de Madrid defiende su gestión. El asunto ha escalado de tal manera que, desde hace dos meses, la Fiscalía sigue muy de cerca lo que pasa aquí. Es la primera vez que el ministerio público entra en algo así.

El centro de primera acogida de menores de Hortaleza es una casona con jardín sacada de Cuéntame, “pero de la primera temporada”, dice la diputada socialista, Lorena Morales, una de las pocas personas a las que se le ha permitido el acceso. En 1986, la Comunidad de Madrid se hizo cargo de este lugar gestionado hasta entonces por una orden religiosa que cobijaba a niños abandonados. Con el tiempo, el centro se ha convertido en un espacio de emergencias donde trabajan casi cien personas con menores de entre 15 y 18 años enviados por la policía, la Fiscalía de Menores o los servicios sociales mientras se decide su futuro: regresar con su familia, pasar a otro tipo de centro o acceder a un piso de acogida. Según lo previsto, no deberían estar ahí más de tres meses, pero la realidad es que algunos pasan hasta ocho meses.

“Nada está bien ahí dentro”, dice uno de los jóvenes subsaharianos que duerme cada día en las literas. “Todo el día sin hacer nada. Desayunamos y a la calle, volvemos a comer y a la calle, cenamos y dormimos y a la calle. Y al día siguiente lo mismo”, dice el chico, que no quiere dar su nombre, en un rudimentario español. Hasta hace algunas semanas recibían clases de español, pero ahora las aulas están ocupadas por más literas para 20 jóvenes.

Raquel, una vecina del barrio que ayuda con comida a los chicos con los que se encuentra, explica que “el centro es un despropósito”. “No reciben ningún tipo de formación, ni ayuda económica, ni el más mínimo cariño. Pasan aquí varios meses sin mucho sentido, hasta que cumplen 18 años y los ponen en la calle sin papeles y sin idioma. No dan problemas. Son muy buena gente. Solo esperan en los parques o caminan sin rumbo por el barrio”, dice Raquel, que prefiere no dar su apellido, con una bolsa de plástico en la mano.

Igual que todas las miserias del sistema caben en una casona de los años setenta, lo mejor del sistema también es una señora con cuatro yogures en una bolsa del DIA para el chico de Gambia. Jóvenes del barrio juegan en corro al móvil en la pista de skate del parque Clara Eugenia. El grupo de subsaharianos llega arrastrando las crocks y las ropas prestadas. Hablan de sus cosas. Otro día más paseando por el centro comercial porque tiene aire acondicionado.

El declive del centro de primera acogida de menores de Hortaleza tocó techo en 2018, cuando el hacinamiento llegó al 338%. Al año siguiente, la ocupación media se redujo a un 100%, según la documentación a la que accedió este diario, de acuerdo a la Ley de Transparencia. Sin embargo, para conseguir estas cifras, el Gobierno autonómico recurrió al maquillaje. Donde antes decía que era un centro apto para 35 personas, ahora era para 52. Cuando se llegó a 52, el centro también servía para 72 y así hasta noviembre de 2023, cuando se detuvo en 99 plazas. La medida se tomó hace 10 meses de forma “excepcional” y autorizada por la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, que dirige José Manuel Miranda como Gerente de Atención Social. Por este asunto, los sindicatos llevaron al Gobierno regional ante la Fiscalía madrileña.

El centro volvió a ser noticia este año cuando fueron desalojadas las instalaciones por un incendio debido a una pelea entre magrebíes y subsaharianos. Nuevamente, en mayo, la Policía detuvo a dos magrebíes de 15 y 17 años acusados de agredir a uno de Gambia con un cúter en el cuello durante una pelea fuera del recinto. “Los marroquíes imponen todo. Nos agreden por las noches, controlan la televisión del centro”, se queja un chico de Mauritania. A simple vista, parece urgente separar a unos de otros cuanto antes.

Según una de las educadoras del centro que prefiere no dar su nombre, “hay un enorme número de bajas por cuadros de ansiedad”, a lo que se suma la frustración y la impotencia. “Estamos preparados para enfrentar situaciones complicadas, pero es frustrante acudir cada día a un centro sin un enfoque claro. Un chaval sin proyecto durante ocho meses se vuelve loco y es cuando surgen los problemas de violencia entre ellos que son resultado del hacinamiento y la falta de futuro”, señala. “Un problema como la sarna, se aisla y se da la medicación correspondiente y queda resuelto, pero en un lugar así es imposible tratarla adecuadamente”, añade.

Según los sindicatos UGT y CC OO “más del 60% de los trabajadores está de baja” y la ratio de educadores sociales, que debería ser de uno por cada cinco menores, es de uno cada 50 menores, lo que hace “inviable” cualquier trabajo socioeducativo. A pesar de la cifra difundida por el sindicato, los datos oficiales en la Seguridad Social comprobados por este periódico son que el número de bajas es del 22%.

La semana pasada la diputada del PSOE Lorena Morales colgó un tuit en el que denunciaba la situación y que refleja la capa en la que se mueve el debate. “130 chicos/as en un centro de acogida de 35 plazas. 5 turnos para comer. Sin ropa limpia y con la sarna arrasando. La última ha sido plantar el patio de inodoros. Para que en lugar de jugar soporten una peste. Esto es Ayuso”, escribía junto a una foto de la grúa colocando un urinario en el patio.

Horas después, Alfonso Serrano, secretario general del PP madrileño, respondía: “¿Cómo puede haber 135 si según Gobierno no hemos acogido ni a 35? ¿O es que Lorena acaba de descubrir que los servicios de Madrid están desbordados? Mientras, Delegación del Gobierno no hace nada, Barajas es un coladero y Gobierno no financia como debe las plazas”. En el último intercambio de mensajes, la diputada respondió: “Alfonso, te voy a informar, como madre acogedora, que te veo un poco perdido. La competencia de infancia es vuestra. Hortaleza es un centro que también atiende a niños madrileños. Y lo tenéis desbordado desde que gobernaba Rajoy porque estas criaturas os importan un pimiento. De nada”. Y ahí se terminó todo.

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