El PP dice que Hacienda devolverá a la pareja de Ayuso 552.000 euros, que supuestamente adelantó para intentar evitar el escándalo

La Comunidad de Madrid ha enviado este miércoles por la mañana a varios medios de comunicación un mensaje que ha generado múltiples preguntas: la Agencia Tributaria devolverá 552.000 euros al empresario Alberto González Amador, la pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que ha sido denunciado por la Fiscalía por haber cometido presuntamente dos delitos de fraude fiscal (que ascenderían a 350.951 euros) y uno de falsedad en documento mercantil. Declarará como investigado el 20 de mayo en un juzgado de la capital. El mensaje del equipo de la presidenta no aclaraba el motivo de ese reintegro ni aportaba pruebas. El entorno de la líder regional tampoco ha contestado a preguntas de este periódico para entender su argumentación, y aclarar aspectos no explicados, ni a la petición de acceder a la documentación que sustentaría su tesis. Simplemente, se ha limitado a afirmar que la información de ABC, que avanzaba esa información, era “correcta”. Horas después de que se originase esta confusión, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, dio a entender que la devolución correspondía a una cantidad que el empresario pagó voluntariamente durante la inspección de 18 meses de Hacienda con la esperanza de regularizar su situación tributaria y evitar una imputación penal.

Expertos tributarios consultados manifiestan que con tan poca información es difícil entender la causa de la devolución, pero explican que esos reintegros son pasos intermedios que pueden producirse durante una investigación y no excluyen que haya delito fiscal ni que el resultado global para el investigado acabe siendo positivo. Fuentes jurídicas explican que la cuantía reconocida por Hacienda no se entrega hasta el final del procedimiento, si es que se produce un saldo a favor del contribuyente.

Serrano hizo sus declaraciones por la tarde en el programa Todo es mentira de Cuatro. Intentaba promover la idea de que la Agencia Tributaria podía haber llegado a un pacto antes de ir a Fiscalía y así dar carpetazo al asunto, pero el artículo 252 de la Ley General Tributaria prohíbe que los investigados regularicen voluntariamente sus deudas después de haber recibido una notificación de Hacienda, como pasó en este caso.

“Lo que por lo visto ha salido hoy [por este miércoles]”, ha dicho Serrano, el secretario general de los populares madrileños y número dos de la presidenta Ayuso, “es que la Agencia Tributaria, una vez analizado el expediente, como él ya había pagado para tratar de regularizar la situación y, a diferencia de otros casos, en vez de coger Hacienda y decir: oiga, pues vamos a arreglarlo y a sentarnos, lo que hace Hacienda es llevarlo a la Fiscalía. Entonces lo que ha ocurrido hoy es que la Agencia Tributaria le ha comunicado a la Tesorería que se proceda al pago del reintegro. Es decir, oiga, había pagado para tratar de regularizar mi situación una cantidad que por lo visto era superior a lo que realmente les debía”.

Esa notificación de Hacienda la recibió González Amador el 12 de mayo de 2022. La investigación comenzó respecto del Impuesto de Sociedades de 2020 y meses después fue ampliada al de 2021. Descubrieron que el empresario había intentado pagar menos en ambos ejercicios, deduciendo unos gastos elevados ficticios que quiso justificar con facturas falsas, incluidas una por 620.000 euros a una empresa mexicana y otra por 895.000 euros a otra sociedad de Costa de Marfil. En julio de 2023, mientras los inspectores continuaban con sus indagaciones, se abrió la campaña del impuesto de sociedades del año anterior. Entonces, González Amador incluyó los gastos que se había deducido indebidamente en los dos ejercicios anteriores y alegó ante los inspectores que de este modo “no había causado ningún perjuicio a la hacienda pública en términos globales”.

Los inspectores le reprocharon que hubiera recurrido a esta técnica: “El contribuyente lo ha hecho una vez que la Inspección ha entrado a examinar la veracidad de lo declarado”, dice el expediente de Hacienda. “No deja de sorprender a esta Inspección la forma en que el contribuyente ha pretendido regularizar la situación de, únicamente, estos dos gastos, a través del Impuesto de Sociedades del ejercicio 2022, cuando se trata de un gasto deducido en la declaración de 2020 y otro en la de 2021″.

Al final de este miércoles, El Mundo publicó una información que confirmaba lo adelantado por Serrano: González Amador pagó 629.408 euros en el ejercicio 2022 a pesar de que solo le correspondía abonar 77.156 euros. La diferencia entre esos dos montos es lo que ahora le debe Hacienda: 552.261 euros.

González Amador intentó regularizar su situación tributaria para evitar un escándalo: en su querella por revelación de secretos contra la Fiscalía, González Amador sostuvo a través de su representación legal que había ofrecido un acuerdo de conformidad penal para mitigar un hipotético castigo “por la relación sentimental que mantiene [con Ayuso] y su potencial efecto deformador de las garantías procesales”.

Campaña de imagen

La intervención de Serrano en Cuatro era parte de una ofensiva de comunicación del equipo de Ayuso para tratar de restablecer su imagen después de que estallara esta polémica el 12 de marzo de este año, cuando elDiario.es reveló que la Fiscalía había denunciado a su pareja. “La cuestión aquí, ¿cuál es?, que cuando tú tratas de llegar a un acuerdo con Hacienda o con la Fiscalía, lo que te obligan es a reconocer los hechos para así llegar a un acuerdo. Si no llegas a un acuerdo, no estás reconociendo nada. Por lo tanto, tú para poder llegar a un acuerdo dices: ‘Venga, vale. Lo he hecho’. Pero si finalmente el acuerdo no me satisface y no firmo el acuerdo y tengo que ir a juicio… ese reconocimiento previo no se puede utilizar. Lo que se ha hecho aquí es filtrar una información entre un abogado y la fiscalía. Es que esto es muy fuerte”.

Según expertos fiscales, no puede haber acuerdo con un investigado cuando Hacienda entiende que un caso cumple con los requisitos de un delito fiscal y decide mandarlo a Fiscalía. José María Mollinedo, portavoz del sindicato de inspectores de Hacienda Gestha, dice que este posible pacto corresponde a la jueza de Plaza de Castilla que desde el 22 de marzo tiene el asunto sobre su mesa. “Si hay acuerdo, habrá una vistilla como la que hizo Shakira, en la que Amador reconocerá la comisión de los dos delitos, y la sentencia se ajustará al pacto de conformidad, con las penas de prisión (menos de los 24 meses, probablemente 12) y las multas penales citadas”.

Ayuso se implicó a fondo en la investigación fiscal que afecta a su pareja desde el principio, el 13 de marzo, durante una rueda de prensa en Leganés. Allí, defendió que González Amador no había cometido ningún delito y que era Hacienda quien le debía 600.000 euros. La primera afirmación fue desmentida por el propio empresario, que a través de su abogado reconoció en un email enviado a la Fiscalía el pasado 2 de febrero que había cometido dos delitos de fraude fiscal. “Ciertamente, se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”. La segunda es la que se ventila ahora.

“Uno, yo no mentí”, ha dicho Díaz Ayuso este miércoles durante una visita a una empresa en Guadarrama (Madrid). “Dos, yo tenía razón”, ha seguido. “Tres, todo lo que está pasando obedece a una cacería política, como se está viendo, como reconoció ayer el propio Fiscal, se están utilizando todos los poderes del Estado contra un particular por una inspección fiscal”, ha añadido. “¿Qué está haciendo el gobierno?”, se ha preguntado.

En la misma línea se ha expresado el portavoz gubernamental Miguel Ángel García, tras otra jornada en la que la Administración ha empleado recursos públicos en aclarar la situación de un ciudadano sin cargo institucional alguno.

“En esta cuestión, aunque siempre he dicho, y me mantengo, que es un asunto que afecta a un particular, y que no tiene nada que ver con el gobierno, esto supondría, una vez más, que el gobierno central, el gobierno de Pedro Sánchez, está utilizando los medios del Estado para atacar a un particular”, ha dicho durante la rueda de prensa que cada semana sigue a la reunión del consejo de gobierno. “Y sobre todo, pone de manifiesto que la presidenta siempre ha dicho la verdad”, ha añadido antes de que el PP de Madrid, que también preside Díaz Ayuso, arrancara una campaña en redes sociales con la etiqueta #AyusoTeníaRazón.

El mensaje que inició esta ofensiva añadía que la Fiscalía podría anular el juicio si se adviene al acuerdo que propone la pareja de Ayuso, por el cual debería pagar 340.000 euros. “Si la Fiscalía niega el acuerdo, será por causas políticas, no técnicas”, añadía. “El resultado final de la cacería política que ha sufrido es que González Amador, a final de cuentas, tiene un saldo positivo de más de 200.000 euros. Si la Fiscalía mantiene el juicio será por órdenes políticas”.

Sin embargo, el Código Penal establece que para llegar a este tipo de conformidades no basta el pago de la cuota defraudada y de los intereses de demora, sino también de una multa “del tanto al séxtuplo” de esa cantidad, con lo que a González Amador se le podrían reclamar hasta dos millones de euros a cambio de rebajar un hipotético castigo.

Escriba a los autores a fpeinado@elpais.es

Suscríbete aquí a nuestra newsletter diaria sobre Madrid.