Almeida anuncia para abril la nueva norma de pisos turísticos tras conducir al fracaso la ley de Carmena
La Comunidad de Madrid también actualizará dos normas sobre vivienda de uso turístico, obligada por el Tribunal Supremo y la Unión Europea
El Ayuntamiento de Madrid presentará en abril la nueva norma para controlar las viviendas de uso turístico (VUT) en la ciudad. Aunque el anuncio, dado en octubre por el alcalde José Luis Martínez-Almeida, daba a entender que el cambio era inminente, solo hasta ahora se ha dado una fecha. Pero la información se sigue entregando a cuentagotas. A menos de un mes de que se presente el nuevo proyecto, no se ha dado ni una pista de cuáles serán los cambios con respecto al Plan Especial que formuló la exalcaldesa Manuela Carmena, si subirán el número de inspectores para hacer control a los 14.133 pisos turísticos que existen en la capital –según cálculos experimentales del INE–, ni cómo se armonizarán con los cambios a dos leyes que también proyecta la Comunidad de Madrid en su Plan Normativo 2023-2027. Lo único que ha justificado el Ayuntamiento esta semana, como ya ha hecho en repetidas ocasiones, es que el Plan Especial de Carmena no funcionaba. La oposición ha criticado que el PP madrileño ha encarrilado al fracaso la ley vigente desde 2019 de pisos turísticos al reducir la plantilla de inspectores.
El delegado de Urbanismo, Borja Carabante, ha justificado este lunes en la comisión de Urbanismo que abril será el momento de hacer el cambio porque el plan especial de Carmena “establece que la modificación se puede producir a los cinco años, porque da un plazo para evaluar las medidas”. Sin embargo, Más Madrid, que llevó el tema a la comisión, “no tiene claro” que se necesite un plazo específico para cambiar la norma y se remite al texto de 2019. En el artículo 2 dice que el Plan Especial será vigente “en tanto no sea modificado por un instrumento de planeamiento de igual o superior rango”. En todo caso, en 2021, el PP y Ciudadanos ya habían intentado formular una alternativa al Plan Especial de Carmena, aunque, al final, desistieron.
Carabante ha vuelto a cargar contra la norma actual y la ha calificado de “absolutamente ineficaz” para combatir esa amplia base de VUT ilegales. En Madrid, solo 277 VUT tienen licencia de funcionamiento, según datos de la Agencia de Actividades obtenidos por Más Madrid y difundidos esta semana por ElDiario.es. El delegado de Urbanismo reconoce “que hay un número muy elevado de VUT fuera de la legalidad”, aunque difiere de las cifras de la Agencia de Actividades. “Son bastante más [las que tienen licencia], pero, en todo caso, muy alejadas de las 13.000 o 14.000 que deben estar funcionando”, dijo Carabante en la sesión. La oposición defiende que el problema no es la norma vigente sino que no se ha aplicado.
La concejal de Más Madrid Lucía Lois ha cuestionado que se hayan dejado pasar cinco años para actuar. “Carabante vino a confirmar lo que llevamos años denunciando: que el gobierno de Almeida ha decidido cruzarse de brazos y permitido la proliferación de pisos turísticos ilegales hasta lograr modificarla a su antojo”, afirma. También denuncia que el Ayuntamiento ha dejado a la norma vigente sin herramientas para funcionar. “El problema no es la actual normativa que se aprobó en tiempos de Manuela Carmena, es que Almeida ha desguazado el servicio de inspección”, ha agregado Lois. Hace un año el partido ya había denunciado que la plantilla de inspección se había reducido de 22 a 11 profesionales, y sin dedicación exclusiva a VUT.
En la misma línea, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, María Reyes Maroto, ha acusado al Consistorio de encaminar al fracaso la ley de Carmena: “Ustedes critican el plan de hospedaje que se aprobó en 2019, pero lo que falla es su aplicación y, sobre todo, las inspecciones”. El PSOE maneja sus propias cifras de 17 inspectores urbanísticos, “un número raquítico frente al volumen de viviendas turísticas que operan de manera ilegal”, resalta Maroto, que ha catalogado a la capital como “el paraíso de los pisos turísticos ilegales”. Sin embargo, Carabante ha asegurado este lunes que el Ayuntamiento tiene “65 personas en la inspección”. Aunque no ha mencionado que esta plantilla se dedica todo tipo de inspecciones. No hay un conteo oficial de viviendas turísticas. El registro experimental del INE habla de 14.000, pero el catálogo de la plataforma Airbnb, suma más de 24.000.
Ayuso también hará cambios
No solo el Ayuntamiento de Madrid renovará las normas que rigen los pisos turísticos. La Comunidad de Madrid también se prepara para modificar dos normativas que afectarán a los VUT. La decisión del Ejecutivo autonómico llega a raíz de la orden del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y de una norma de la Unión Europea, aun en ciernes, con la que se pretende afinar el conteo de pisos turísticos, según explicó el director general de Turismo y Hostelería de la Comunidad de Madrid, Luis Fernando Martín, en la sesión de la Comisión de Turismo de febrero.
En consecuencia, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso modificará el decreto 79/2014 y la ley 1/1999 de Ordenación de Turismo que regulan las viviendas de uso turístico (VUT) y detallan en qué casos puede haber sanciones, como parte del Plan Normativo de la Comunidad de Madrid (2023-2027).
¿Cuáles serán los cambios que promete el gobierno de Ayuso? Por un lado, en el vigente decreto 79/2014 se incluirá una cláusula para prohibir las VUT en los edificios en los que la comunidad de propietarios decidan vetar este tipo de uso, y tampoco podrá haber pisos turísticos en las viviendas protegidas. Por otra parte, la Ley de Ordenación de Turismo se armonizará con el reglamento que llegará desde la Unión Europea, que impondrá a los Estados miembros tener un sistema “sencillo y armonizado” en el que los propietarios registren sus VUT para luchar contra la oferta ilegal. El reglamento obligará a las plataformas a transmitir mensualmente los datos de actividad turística a las autoridades, que a su vez deberán aplicar controles y sanciones. Con esto, la UE espera unificar el nivel de exigencia porque, hasta ahora, los sistemas de registro y las sanciones que manejan en cada país son diferentes. Este nuevo reglamento implicará que la ley regional de turismo cambie para que, ahora, sea obligatorio presentar el alta de la VUT en el registro de empresas turísticas, lo que llevará a mayor control. Actualmente, darse de alta es voluntario.
La Federación Regional de Asociaciones Vecinales (FRAVM) pide a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento “mayor ambición” con los cambios de normas que se preparan. “Si los cambios serán por la sentencia del TSJM y la norma europea, no hay ambición. Es incorporar cosas que ya están o cosas que tienes que hacer porque te obliga la ley”, afirma Vicente Pérez, responsable de Urbanismo en la FRAVM. Argumenta que hoy ya hay comunidades de vecinos en Madrid que, con el 60% de votos a favor, como regula la Ley de Propiedad Horizontal, han prohibido las VUT en sus edificios.
La FRAVM ha pedido a la Comunidad que, en las modificaciones, incluya novedades. Por ejemplo, que para abrir una VUT, el anfitrión tenga la autorización de la comunidad de vecinos, algo mucho más exigente que la norma actual de propiedad horizontal. También pide control a las declaraciones responsables, el incremento de los servicios de inspección y que la Comunidad abra una oficina de quejas para atender a los afectados. Hoy, esa oficina no la tienen Sol ni Cibeles, sino que la han creado los propios vecinos, que funciona a base de voluntarios. La Oficinal Vecinal, ubicada en la asociación La Corrala de Lavapiés, ha atendido 196 casos.
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