Acuerdo para invertir 330 millones durante 10 años en los realojos de la Cañada Real

El Gobierno de España, la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos de Madrid y Rivas Vaciamadrid han acordado este lunes invertir 330 millones de euros hasta 2034 para financiar los realojos de los habitantes de la Cañada Real, el mayor asentamiento irregular de Europa. El pacto, adoptado tras una reunión con representantes de todas las partes en la Delegación del Gobierno, supone que cada una de estas administraciones invierta 110 millones, a razón de 11 cada año, y será previsiblemente firmado este miércoles en el Comité Ejecutivo de la Cañada Real.

A falta de los detalles oficiales, se sabe que las tres administraciones llevaban al menos desde 2022 trabajando en un plan para invertir ese dinero en 1.600 viviendas destinadas a los miles de personas que viven en los sectores 3, 4, 5 y 6 de esta franja de 16 kilómetros que cruza Coslada, Madrid y Rivas Vaciamadrid para llegar hasta Getafe. Una concentración de residencias ilegales donde más de 4.000 residentes llevan más de tres años sin luz.

“El acuerdo es el compromiso de resolver de manera definitiva el problema del chabolismo en Cañada”, explica una fuente conocedora de los entresijos del pacto. En sus versiones anteriores, solo afectó a la población censada en 2011 que aún permanece en los asentamientos. “Se garantizan los fondos para que se pueda ejercer el derecho a la vivienda de todas las familias de Cañada en el marco máximo de una década”.

“La colaboración institucional da sus frutos: hoy [por el lunes] hemos alcanzado un acuerdo entre administraciones para la puesta en marcha de un Plan Extraordinario de Realojos en Cañada”, ha celebrado Aída Castillejo, la alcaldesa de Rivas. “Un paso importante para reimpulsar el pacto regional en algo tan crucial como la solución a Cañada Real”.

Por su parte, un portavoz de la Comunidad de Madrid se ha remitido a la oficialización del acuerdo, que previsiblemente se producirá este miércoles, al incluirse en el orden del día del Comité Ejecutivo de la Cañada Real el protocolo pactado este lunes por la comisión de realojos.

En 2017, la Comunidad de Madrid, y los Ayuntamientos de Madrid, Coslada y Rivas firmaron el pacto de la Cañada. Un año después, en 2018, se inició el realojo de 150 familias del sector 6 tras la firma de un convenio con las rúbricas de Ángel Garrido (entonces presidente regional, del PP) y Manuela Carmena (la entonces alcaldesa de la capital, de Ahora Madrid). En 2021, el acuerdo afectó a 160 familias. Hasta ahora, el último convenio databa de 2023, cuando las dos administraciones se comprometieron a trasladar a otras 180 familias. A consecuencia de ello, en los últimos siete años la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid se han comprometido a trasladar a más de 400 unidades familiares en situación de grave exclusión social, según un comunicado del Gobierno regional.

De la magnitud de la operación anunciada este lunes dan cuenta las predecesoras, mucho más concentradas en el tiempo: si la que se afronta ahora contará con 330 millones de euros de financiación, la de 2018 tuvo 18; la de 2021, 34; y la de 2023, 52. Un esfuerzo que el Gobierno central ha apoyado en este tiempo con varias transferencias de fondos que superan los 10 millones.

En todo caso, la Cañada Real tiene hoy un problema añadido: el sector 6, donde viven unas 4.000 personas, lleva casi cuatro años sin luz. La compañía suministradora Naturgy ha argumentado un colapso en la red debido a las plantaciones de marihuana, aunque un informe publicado en la revista Energy Research & Social Science ―elaborado tras un convenio firmado entre la Comunidad de Madrid y la Universidad Carlos III para diagnosticar las necesidades energéticas― pidió en noviembre pasado que se restaurara el acceso a la luz “al menos en las condiciones anteriores a octubre de 2020″, cuando comenzó el apagón.

Los 16 kilómetros de largo de la Cañada Real se encuentran divididos en seis sectores con distintas características en cuanto a infraestructuras, poder adquisitivo de sus habitantes y legalización de los asentamientos. En el sector 6, que alberga el poblado de la droga, es donde las temperaturas que midieron los investigadores se encontraban fuera de las condiciones de confort durante la totalidad del tiempo.

El 5 también se vio afectado por los cortes entre noviembre de 2020 y marzo de 2021, pero las intervenciones del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, que identificó puntos ilegales para que Naturgy los desconectara, dio lugar a un restablecimiento limitado del consumo. Una vivienda intermedia de esta zona marca la mitad del tiempo valores incómodos de humedad y temperatura. En los sectores 2 y 3, integrados en los cascos urbanos de Vallecas y Rivas, estos indicadores se redujeron al 27%.

Suscríbete aquí a nuestra newsletter diaria sobre Madrid.