Pagos en negro y tarifas de alquiler irregulares: el caos en la gestión de dos mercados municipales de Madrid

Los comerciantes de dos mercados municipales de Madrid, el de la Cebada (en La Latina) y el de Guillermo de Osma (en Arganzuela) denuncian pagos en negro por parte de la gerencia de gestión privada, tarifas de alquiler fuera de la norma, fiestas privadas en el interior de los establecimientos, gestión irregular de plazas de aparcamiento, falta de protocolos de seguridad y antiincendios. Una serie de irregularidades que han puesto en conocimiento del Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida, según los documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS. Los comerciantes achacan a las autoridades el abandono institucional de unos recintos que deben supervisar.

Por su parte, el área de Gobierno encargada del control de estas dos concesiones, ha alegado que “el Ayuntamiento siempre que recibe una denuncia sobre la gestión de los mercados, lleva a cabo las acciones administrativas oportunas para determinar si había algún tipo de infracción de la ordenanza de mercados o incumplimiento”. “Se han practicado en todos los casos las diligencias oportunas y actuado conforme a la normativa vigente”, ha respondido un portavoz de prensa de Economía.

EL PAÍS cuenta con recibos de devoluciones del IBI en efectivo que nunca tuvieron que haber pagado los comerciantes, pues para este tipo de establecimientos la subvención es del 95%; correos electrónicos; contratos, facturas de alquiler y otros gastos y el testimonio de cuatro vendedores, dos de ellos han preferido no dar su nombre. La gerencia del Mercado de la Cebada no ha respondido a las preguntas de este diario.

“El Ayuntamiento de Madrid se ha desentendido por completo de los Mercados Municipales”, denuncia la edil del PSOE de Economía y Hacienda en el Consistorio, Enma López, poco antes de trasladar estas denuncias a un debate en Comisión. “La ordenanza reguladora de los mercados dice expresamente que es el Ayuntamiento quien ostenta las competencias de supervisión de esas concesiones. Competencias que el Ayuntamiento de Madrid no ejecuta. Solo hay que ver el número de sanciones que se han impuesto en los últimos años. Que apenas superan la docena y siempre a instancia de los concesionarios”, ha agregado.

Los comerciantes están inconformes y esperan respuestas del Consistorio. Jesús Martín González, que gestiona hace tres años un bar-restaurante ecológico en el Mercado La Cebada, saca de una maleta una montaña de papeles que, asegura, son evidencias de todas sus quejas por la gestión de la Sociedad Cooperativa Madrileña de Comerciantes del Mercado de la Cebada (CO.ME.CE). En este mercado de La Latina hay 176 puestos, de los cuales, 21 están vacantes, según datos del PSOE.

Su denuncia principal es cómo se devuelve a los comerciantes lo que les corresponde de la bonificación del 95% del IBI con el que cuenta este espacio. Martín explica que el impuesto lo pagan, mes a mes, dentro de la tasa de ocupación; luego, cada año, esperan el retorno del 95%. Pero, denuncia, las cifras no son claras. “No sabemos qué cantidad en total debe devolver el Mercado ni cómo calculan cuánto le corresponde a cada puesto”, afirma Martín, que muestra una serie de correos electrónicos que ha enviado a la gerencia pidiendo explicaciones, las facturas y los abonos del IBI. Las cuentas, afirma, nunca son claras. En una de las facturas a las que ha tenido acceso EL PAÍS, la devolución del IBI no se registra explícitamente al comerciante. Solo aparecen dos ítem como INGRESO A CTA y A CTA que, supo más tarde, correspondían a dos devoluciones. Luego, en mayo, tiene otra más que aparece como INGRESO RSTO IBII. A otros comerciantes, la devolución se les hace por otras vías, dinero en efectivo, compensaciones en las facturas o lo que se acuerde. Sin embargo, no hay acceso, denuncia otra comerciante, a las cuentas generales.

El Ayuntamiento, por su parte, asegura que la devolución del IBI se ajusta a la norma. “El procedimiento de devolución (metálico, transferencia, giro postal….) lo determina el concesionario, no siendo competencia del Ayuntamiento comprobar por qué medio se ha efectuado”, ha respondido el consistorio a este diario.

Pero Martín aún sospecha que algo no va bien. Su cuenta de 2022 y 2023 muestra como un ingreso en efectivo un monto que realmente fue consignación bancaria hecha por Martín al mercado. Tampoco figura una factura por el cobro del parking para su coche. Pagó 79,39 euros en julio y nada de eso aparece en las cuentas que tiene con el mercado. “¿Dónde quedó ese dinero?”, cuestiona. Y sigue listando quejas: “No hay seguridad contra incendios, no hay detectores de humo, no hay rociadores. Y hay que ver cómo están las escaleras de emergencia”, afirma y muestra cómo las salidas están obstaculizadas por contenedores de basura. EL PAÍS ha tratado de comunicarse con la gerencia de la Sociedad Cooperativa, pero no ha obtenido respuesta.

Unos 2,5 kilómetros al sur, la familia de Giorgia Cacciotti vive su propio drama en el mercado Guillermo de Osma, ubicado en el distrito de Arganzuela y que tiene 59 puestos (28 vacantes) y está gestionado por Rya Residencias. Es domingo en la tarde y la zona gastronómica del mercado, con apenas tres de sus siete puestos en operación, está prácticamente desierto. Uno de esos tres locales gastronómicos es La Pasteria 55, un pequeño restaurante italiano, cuyo contrato con Rya Residencias está firmado por el esposo de Cacciotti. Ella, por su parte, figura como colaboradora familiar.

Salvo un grupo de clientes que hizo una reserva y que suelta carcajadas al fondo del salón comedor, construido el año pasado, no hay nadie. “No hemos encontrado ninguna forma de colaboración en publicidad y difusión del mercado”, afirma Cacciotti. “Los folletos, los carteles, los volantes los imprimimos nosotros y los repartimos por el barrio. Nosotros formamos nuestra propia clientela”. Agrega que lo que han conseguido ha sido por contactar y presionar al Ayuntamiento. “Al ver que ellos [la Gerencia] siempre dicen que no, pedimos ayuda y cuando vino la Oficina de Comercio logramos el Salón Comedor, el portal web y las redes sociales...”, relata.

Pero ese es solo uno de los problemas. El más grave es que Cacciotti asegura que su esposo ha pagado en los últimos cinco años más de lo que le correspondía por ocupar ese local. La tarifa mínima de cesión anual, según los pliegos del Ayuntamiento de 2015, era de 755,57 euros; pero por el local italiano han llegado a pagar hasta 2.740 euros al año. “En abril del año pasado nos enteramos de que pagábamos más de lo previsto en los pliegos”, denuncia Cacciotti. La explicación que ha dado al Ayuntamiento Rya Residencias, el privado que tiene la concesión del Mercado por 25 años, es que hay un precio de cesión extra por la amortización de la instalación de la extracción de humos para la actividad de los locales que costó más de 58.000 euros.

El Consistorio ha respondido a este diario que el concesionario “puede cobrar a los usuarios, además de las tarifas, la repercusión de los gastos derivados del uso de instalaciones comunes o ampliación de horario del mercado”. Aclara que ese precio es privado “y se acuerda entre las partes”. Pero Cacciotti asegura que esto no se le explicó nunca y aporta el contrato que su esposo firmó en 2019, donde se le indica un precio de cesión de 228,38 euros al mes –que en un año son los 2.740 euros– sin ninguna explicación de que ahí hay un pago extra por la instalación del extractor de humos ni cuándo se termina de amortizar esa inversión. “En abril solicitamos a través del Ayuntamiento información, transparencia. Pero hasta hoy no hemos obtenido ninguna respuesta clara”, denuncia. Tampoco tienen acceso a los libros de gastos del mercado, para saber en qué se invierten los 400 euros que pagan mes a mes en gastos comunes. Los locales gastronómicos siguen a la espera de que el Ayuntamiento intervenga. EL PAÍS contactó a Rya Residencias para conocer su versión y aseguró que no se pronunciarían en nada que tuviera que ver con La Pasteria 55. La disputa entre el restaurante italiano y el Mercado ha llegado a tal punto que Cacciotti temió que este febrero no les dieran la prórroga del contrato. Finalmente, como ha reconocido el Área de Economía del Ayuntamiento, la Dirección de Comercio medió y consiguió que se mantuviera la prórroga.

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