Al menos una decena de cruces franquistas siguen en pie en la Comunidad de Madrid

Una cruz y una placa en honor a José Primo de Rivera y a los Caídos por Dios y por España reciben, todos los días, a los feligreses de la parroquia de San Pedro Apostol, en el distrito madrileño de Barajas. Pese a que están junto a la puerta de la iglesia, pasan casi inadvertidas, como también ocurre con la cruz de los Caídos frente al cementerio municipal de Brunete o con la que está junto al templo de Nuestra Señora de la Concepción, en Morata de Tajuña.

Aunque estos símbolos han permanecido pese a la Ley de Memoria Histórica de 2007 ―reemplazada en 2022 por la Ley de Memoria Democrática― ahora se abre una puerta para que sean retiradas. En diciembre, el Tribunal Supremo no solo reafirmó el desmonte de la cruz falangista de Callosa de Segura (Alicante), hecho en 2018, sino que avaló la retirada de cruces que homenajean solo a víctimas del bando franquista en la Guerra Civil.

En el caso de Callosa de Segura, el Supremo sostuvo que una placa que menciona a Primo de Rivera y a otros falangistas le quitan a la cruz su neutralidad y el simbolismo artístico o artístico-religioso. La sentencia aseguró que retirarla “no es incompatible con la libertad religiosa”. Se ha abierto un precedente para el resto de España. En la Comunidad de Madrid hay por lo menos una decena de cruces con estas características, de acuerdo con datos del proyecto Debería Desaparecer, del sociólogo Óscar Rodríguez y de otras fuentes consultadas por este diario.

Debería Desaparecer, subvencionado por el Gobierno de España, ha verificado la presencia de siete cruces en Brunete, Santa María de la Alameda, Villarejo de Salvanés, Los Molinos, Navalcarnero, Soto del Real y Navalafuente. El sociólogo Rodríguez tiene fotografías de otra en Lozoyuela; la Plataforma Justa Freire, de la que hay en la plaza del Gobernador en el municipio de Pinilla del Valle y miembros de la Asociación de Amigos de los Brigadistas Internacionales apuntan también a la cruz de Morata de Tajuña.

Pero podrían ser muchas más, de acuerdo con algunos historiadores. Una de las mayores dificultades para conseguir desmontar estas cruces es que no hay un catálogo oficial de estos elementos en España, aunque así lo ordenó la ley de 2007. Eduardo España, promotor del proyecto web Deberían Desaparecer, asegura que no contar con un listado oficial ayuda a su permanencia. “Para que haya una resignificación y una retirada necesitas tener un catálogo bien documentado para saber qué tipos hay, de qué forma están incumpliendo la ley para, así, dar los siguientes pasos”, explica España.

Deberían Desaparecer, una iniciativa de la Fundación Jesús Pereda de CC OO, cuenta con una base de datos que ha detectado más de 6.000 símbolos del franquismo que aún ocupan espacios públicos y privados. En el listado más reciente figuran 209 símbolos franquistas en la Comunidad de Madrid: 148 placas, 34 nomenclaturas de calles, siete cruces, seis escudos, seis lápidas, un relieve, una escultura, dos inscripciones y cuatro conjuntos monumentales. En esta última categoría se incluye el valle de Cuelgamuros; el Arco de la Victoria, ubicado en Moncloa; el Homenaje a José Calvo Sotelo, en La Castellana; y el monolito de Majadahonda a miembros de la Guardia de Hierro.

Las cruces que conmemoraban a los caídos aparecieron en 1936 e, inicialmente, fueron hechas de madera, según recoge el historiador Miguel Ángel del Arco en su libro Cruces de memoria y olvido. Luego, se utilizó la piedra y, entre 1937 y 1938, se unificó el modelo para hacer estos y otros monumentos a los caídos a través de la Comisión de Estilo en las Conmemoraciones de la Patria. “El naciente Nuevo Estado se preocupó por controlar el proceso de construcción y la estética de los monumentos, cincelando la memoria oficial de la guerra”, escribe Del Arco.

El uso de las cruces fue amplio en España, de acuerdo con el historiador. “Prácticamente cualquier municipio con una cierta importancia tenía un monumento a los caídos y si no lo tenían, las autoridades franquistas se preocupaban en que por lo menos tuviesen uno”, cuenta del Arco, vía telefónica, “por eso aún quedan”. Durante la Transición, detalla, algunas se retiraron y otras se “resignificaron”. Algunos ayuntamientos intervinieron monumentos y retiraron símbolos como el yugo y las flechas de los falangistas, eliminaron frases como el “José Antonio Primo de Rivera, presente” o cambiaron las lápidas a “Todos los Caídos”, en “un intento por ser más inclusivos”, de acuerdo con Del Arco.

Eduardo España anota que hay comunidades que tienen más “conciencia” que otras sobre la importancia de los catálogos. Cataluña, País Vasco, Islas Baleares y Comunidad Valenciana, menciona, son algunas de las que más han avanzado en documentación. En el caso de la Comunidad de Madrid, la capital, por ejemplo, aprobó en 2017 un Plan de Revisión del Callejero Municipal. Luego, en 2018, el Comisionado de Memoria Histórica, creado por Manuela Carmena, elaboró un catálogo de 12 vestigios franquistas, entre los que estaban la cruz y la placa de la parroquia de Barajas.

En ese momento se aseguró que la iniciativa incluía un “estudio jurídico, técnico y artístico” para determinar qué vestigios debía retirar el Ayuntamiento y cuáles eran “objeto de protección legal”. Un acta del Comisionado, fechada en junio de 2018, dice sobre la placa de Barajas: “Procede proponer a los responsables de la Iglesia que, si quieren mantener la placa, lo hagan en el interior del edificio y no en el espacio público”. Casi seis años después, la placa y la cruz a Primo de Rivera siguen ahí.

El Ayuntamiento, al ser preguntado por ese tema, ha remitido a este diario a la Archidiócesis. Algo similar ha respondido el Ayuntamiento de Navalcarnero sobre su caso: “Esa cruz pertenece a la Iglesia [Nuestra Señora de la Asunción]”. Óscar Rodríguez, que lleva varios años fotografiando cruces, señala que es una práctica común. “En ocasiones, las iglesias se resisten a las leyes que les obligue a quitarlas bajo la coartada de que es un edificio privado”. La ley de Memoria Democrática establece que cuando estos elementos estén ubicados en edificios privados o de carácter religioso, pero que tengan proyección a un espacio público, su desmonte depende de los propietarios o instituciones titulares.

En cuanto a las cruces ubicadas en el espacio público, apenas ha habido cambios. En Brunete, la Comunidad de Madrid blindó en 2016 los elementos franquistas de la plaza Mayor ―entre los que hay una cruz― con la declaración de Bien de Interés Cultural del conjunto. El Ayuntamiento ha respondido a este diario que tanto esa cruz como la que está ubicada frente al cementerio son “bienes del patrimonio cultural español” y que “al estar enclavadas en el paraje histórico de la batalla de Brunete, son motivo de visitas y rutas turísticas”. El Ayuntamiento de Los Molinos, en 2015, cambió el nombre de la plaza de la Cruz de los Caídos por el de plaza del Doce de Octubre, pero se negó a retirar el monolito, argumentando que ya se había quitado la placa que hacía alusión a uno de los bandos.

Otras cruces en la región han sido objeto de vandalismo. La Cruz de los Caídos de Lozoyuela, levantada en los años cincuenta al final de una calle que lleva ese mismo nombre, ha sido rayada con pintura varias veces. Lo mismo le ha ocurrido a la que está ubicada frente a la parroquia de Morata de Tajuña.

El promotor de Debería Desaparecer señala que “en la Comunidad de Madrid no hay ninguna voluntad para la retirada de los símbolos”. El autor de Cruces de memoria y olvido opina que, aunque las modificaciones y “simplificaciones” de los monumentos en la Transición fueron una de las soluciones, ya no son suficientes. Sin embargo, tampoco es sencillo conseguir el desmonte de estos y otros vestigios franquistas. Por eso, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) da asesoría a los ciudadanos que quieran reclamar a ayuntamientos e iglesias que cumplan con la Ley de Memoria y retiren estos elementos. “Pero los ciudadanos no deberían estar desgastándose en eso”, asegura Emilio Silva, presidente de la ARMH, “debería ser de oficio, venir de los ayuntamientos”.

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