Gritos, amenazas y chalecos antibalas: en las tripas de un intento de desalojo ilegal en Madrid

Los hombres que se apelotonaban a las puertas de la casa de Amparo Espino, de 67 años, venían con ganas de guerra. Y mientras esperaban a la acción, recordaban algunas de sus mejores batallas: “Yo estuve en Majadahonda y tengo tres niños”. Se cuadraban todos vigilando de reojo las esquinas, barbilla erguida, camisetas negras tan apretadas como sus mandíbulas, tatuajes hasta las cejas, banderas de España en las muñecas, llaveros, un móvil que grababa en directo desde el pecho de uno de ellos, chalecos antibalas. “No perdáis de vista las ventanas de arriba”. En la primera línea habían colocado al abogado, de camisa blanca, que trataba de explicar a un agente de la Policía Nacional lo inexplicable: no había ninguna orden judicial de desalojo, pero ella les había firmado un papel 20 días antes, cuando la pillaron sola, donde accedía a entregar las llaves a cambio de que la dejaran en paz. Gritos del abogado. Todos ahí sabían que ese documento no servía para nada. Pero a eso se aferraron durante horas. Y estaban impacientes.

—¿La casa tiene algún acceso por atrás?

Se preguntaba uno del grupo que ha irrumpido este miércoles, por segunda vez, en la puerta del domicilio donde reside desde hace ocho años Amparo como inquilina, en la calle Carlos Solé de Vallecas. Habían sido contratados por la propietaria, una tarea por la que cobran desde 2.500 euros, según la página web de la empresa, llamada Brigada Desokupa. Gente de la PAH de Vallecas, muchos víctimas de desahucios anteriores, había acudido desde temprano para acompañarla e impedir que se cometiera ningún abuso. Esta vez no estaba sola. Ante la presencia de la policía y sin ninguna orden judicial, los hombres han tenido que retirarse.

Todo comenzó el 12 de julio. Ese día, alrededor de las 10 de la mañana, se presentaron en su rellano —ella vive en un bajo— y la amenazaron con desalojarla a la fuerza. Cuando Amparo los vio, no dudó ni un segundo en dar su DNI y firmar lo que hiciera falta. “Cada vez estaban más cerca de la puerta. Yo pensaba que se metían y me tumbaban”, ha contado a EL PAÍS. Dos días más tarde, recibió un mensaje.

—Buenos días, Amparo. Tenemos la grabación de cómo usted firma sin ningún tipo de coacción. El día 2 [de agosto] recuperaremos la vivienda con la policía. Yo que usted iría preparando las maletas.

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La actuación de una empresa de desahucios, vista desde dentro de la vivienda | EL PAÍS

Desde ese día no se ha atrevido a dejar la casa sola. Su hijo, Ángel, y su mejor amiga, Chelo, se turnaban para entrar y salir al supermercado, a sacar a dos perros chihuahua, para dormir a su lado. “Las noches son lo peor. No podemos abrir las ventanas, porque hemos visto lo que hacen y me da miedo que nos tiren algo, que se metan con nosotras dentro”, contaba su amiga en una entrevista a este diario. A esas alturas, se sabían de memoria los vídeos de esta empresa que ha colgado en redes rompiendo puertas, tapiando otras, llamando a los inquilinos “ratas” o “criminales”.

La noche anterior al intento de desalojo no durmió nadie en esa casa. A las 7.30 del miércoles el salón era un goteo de gente que ya había vivido algo así otras veces, o bien en carne propia, o bien ayudando a un compañero de la plataforma. El terror, en este caso, no era que un policía tocara a la puerta de casa, sino que lo hicieran unos tipos “malencarados dispuestos a cualquier cosa”.

Uno de ellos, Rafael Oliva, que había venido de Villaverde para apoyarla sin conocerla —él espera que pronto le emitan una orden de desahucio por impago de hipoteca—, que es diabético, ha sufrido un infarto, tiene a su mujer en cama con trastorno psiquiátrico y carga una silla para descansar, sospechaba que no se iba a presentar nadie ahí un miércoles de agosto. Otros más jóvenes esperaban en las calles aledañas y discutían entre ellos: “Esto es fácil. Aquí no hay una orden. No tienen nada más que músculos y testosterona. Es importante que nadie se enfrente, pero que noten que estamos con ella”.

Alrededor de las 12.00, el grupo de Brigada se había reunido en la esquina del bar, al otro lado de la calle. Comenzaron a llegar cuatro, cinco, seis... La mayoría uniformados, el abogado con una carpeta a la vista. Pero decidieron esperar. A los 15 minutos, llegaron dos furgones y dos coches de la Policía Nacional. Fue entonces cuando comenzaron a avanzar hacia la casa de Amparo, con los agentes siguiéndoles el rastro. “¿Pero vienen con la policía?, ¿por qué?”, preguntaba Amparo desde dentro, atrincherada en las cuatro paredes, sin escuchar los gritos que empezaban ahí afuera.

A esa misma hora, la Policía Nacional había recibido una llamada. “Nos han llamado porque había varias personas en el lugar que estaban en actitud amenazante y agresiva con palos y objetos arrojadizos. Hemos llegado y la única información que tenemos es que había unas 18 personas, algunas de ellas identificadas y otras propuestas para sanción”, cuentan desde la institución. Este periódico no observó ningún palo ni objeto arrojadizo y la Policía Nacional no ha registrado ninguno, confirman. “La policía no trabaja en connivencia con estas empresas de desokupación”, han declarado desde el área de prensa del organismo.

“Cuidado con los pisos de arriba”, advertía un agente. Uno de la Brigada Desokupa insistía en que los jóvenes de la plataforma llevaban palos y piedras. Pero ahí no se veía ni un solo palo, ni voló una piedra. Todos fueron rápida y pacíficamente desalojados del portal por los agentes y llevados hasta el otro lado de la calle. La policía trató de dispersar a los de la Brigada, pero se quedaron a un lado de la puerta. “Ahora que se vaya la policía es cuando se va a liar. Ya verás. Esto es siempre así”, comentaba uno de ellos. “¿Alguien ha mirado otra forma de entrar por atrás?”, se preguntaba otro. “Se le acabó el vivir de gratis. Esta mujer tiene una orden judicial de lanzamiento [desahucio] en su contra. Ya está bien, hombre”, se calentaba uno que decía ser el portavoz.

Pero el conflicto no se acababa de detonar como los de la Brigada presagiaban. El abogado estuvo más de una hora enseñando a la policía papeles de la carpeta, dando gritos por teléfono. No había nada más que hacer. Tampoco había ningún enfrentamiento que dispersar, pese al despliegue policial, de unos 20 agentes. Conforme pasaban los minutos se hacía más evidente que todo era un espectáculo.

A las 13.00, Amparo entró en crisis. Solo le llegaban ruidos desde el otro lado de la puerta. Pero colapsó. Su hijo llamó al 112. Y un equipo de una enfermera, un técnico de urgencias y un médico llegaron también al portal. Nadie les había avisado de lo que estaba sucediendo ahí y tampoco ellos se lo explicaban, según contaron a este diario. “Nos han dicho que hay una mujer con un ataque de pánico, probablemente, o ansiedad, pero no podemos entrar sin la policía”, relataba la enfermera.

Unos minutos más tarde, con los sanitarios en la puerta, oxígeno preparado, y Amparo tirada en el sofá, la policía decidió entrar con dos miembros de Brigada Desokupa y el abogado a tocar a su puerta. Cruzaron el portal, que estaba abierto y llegaron al rellano. A este periódico se le impidió la entrada, pero ha tenido acceso a un vídeo que registra la conversación. Dentro, Amparo, con tres miembros de la plataforma, su amiga y su hijo, se negaron a abrir. “Están ahí, están ahí”, se escucha al principio del vídeo. Suena el timbre.

—¿Quién es?— pregunta una de las chicas de la plataforma.

—Buenos días, somos de la empresa Brigada Desokupa estamos aquí con la Policía Nacional, tenemos pendiente hablar con usted. Si es tan amable de abrirnos la puerta.

—Lo que tengamos que hablar, lo hablamos a través de la puerta. No vamos a abrir.

—Soy Teresa Martín, abogada de la propiedad... No nos vamos a entender a través de la puerta.

—¿Vienes con una orden judicial?

—Puedes abrir y lo hablamos tranquilamente.

—No vamos a abrir porque la señora Amparo está muy mal, muy nerviosa...

—Tenemos a los compañeros de la Policía Nacional...

—Mientras no tenga una orden judicial de desalojo no me cuente nada más. Métala por debajo de la puerta.

Poco después, la Brigada Desokupa se retiró del lugar. También los agentes. Frente al portal quedaron los sanitarios, que aseguraban que el protocolo les impedía pasar hasta que no llegara algún policía. “Pero si estaban aquí, ¿por qué no los escoltaron a ustedes en lugar de entrar con los de Desokupa a la puerta?, ¿a quién está protegiendo la policía entonces?”, le preguntaba una chica de la organización al médico. Media hora después, Amparo accedió a salir de su casa para ser atendida en una ambulancia. Los agentes que iban a acompañar a los sanitarios aún no habían aparecido. Pese a la recomendación del doctor, ella decidió no ir a ningún hospital. No abandonar el domicilio es su único objetivo estos días.

La casa pertenece a una promoción de 1988 de vivienda pública de la Comunidad de Madrid, que la dueña adquirió en el año 2000, según el contrato de compra venta al que ha tenido acceso este diario. Amparo entró a vivir ahí de alquiler en el 2015 y pagaba cada mes 550 euros, después 580 —algunas veces en mano, otras por transferencia, según los recibos—, además de los gastos de luz y agua. El contrato estaba a nombre de su pareja, que falleció a los meses de entrar a vivir ahí. Y en octubre de 2019 todo se torció. La casera quiso subirle el alquiler a 750 euros o 350 la habitación —según una conversación de WhatsApp que muestra como prueba— o se tenía que ir a la calle. Ella estaba cobrando algo más de 400 euros: “Yo no podía pagar esa cantidad”.

Su trabajo como auxiliar en una residencia de ancianos de Paracuellos del Jarama le permitía pagar los primeros años. Pero tuvo un accidente, se rompió la tibia y el peroné, y estuvo de baja dos años, haciendo rehabilitación en una clínica en Barcelona. Después, le diagnosticaron cáncer de mama —todo según los informes médicos—, la operaron cuatro veces. Ha sido diagnosticada también con depresión y después de una batalla judicial contra la aseguradora, recibe una pensión por invalidez permanente. Amparo representaba este miércoles cualquier cosa menos el “peligroso” objetivo que esperaban los de la Brigada Desokupa.

La propietaria puso una denuncia en 2019 que no prosperó. En el Registro de la Propiedad todavía figura el nombre del extinto Instituto de la Vivienda de Madrid —hoy Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid—, aunque desde el organismo confirman la compra venta a la particular y precisan que “no es obligatorio que la registre”. Y en medio del embrollo judicial por un posible caso de inquilino moroso sin resolver, entran al quite los de la Brigada para remover el caso. Aunque sabían que hoy no iban a conseguir desalojar a Amparo sin una orden judicial.

El abogado de la propietaria se ha negado en reiteradas ocasiones a dar ninguna declaración a EL PAÍS sobre el estado de la denuncia. Desde el entorno de la familia de la propietaria cuentan que están “muy disgustados”. “Llevamos así años. Los hechos son que hay una persona que no quiere pagar. Y esto es demasiado lento”, cuentan, aunque prefieren no dar más información sobre el proceso legal.

Los integrantes de la plataforma han hecho turnos para no dejar sola a Amparo. Pero ella le teme a la noche: “¿Qué voy a hacer cuando nos quedemos mi hijo y yo o Chelo? No podéis estar aquí siempre, ¿esta gente va a volver?”, se preguntaba. Antes de marcharse, el abogado de la Brigada Desokupa le lanzó una amenaza más del otro lado de la puerta: “Ustedes verán. Tienen 48 horas”.

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