Una segunda sentencia anula el acuerdo del Ayuntamiento de Madrid que sirvió para retirar la placa de Largo Caballero

Una nueva sentencia, en este caso del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Madrid, impugna el acuerdo municipal del 29 de septiembre de 2020 que sirvió para retirar la placa que conmemoraba a Francisco Largo Caballero, histórico dirigente del PSOE y de UGT, y que fue aprobado en pleno por el Ayuntamiento de Madrid con los votos del PP, Vox y Ciudadanos. Esta decisión es fruto de un recurso del PSOE madrileño contra el acuerdo, que ahora dicho juzgado anula al considerarlo “no conforme a derecho”. El Ayuntamiento retiró la placa el 15 de octubre de 2020, cuando se celebraba el 151º aniversario del nacimiento del que fuera presidente durante la II República. La placa fue colocada casi 40 años antes, fruto del acuerdo por unanimidad del pleno municipal.

El acuerdo plenario amparó no solo la retirada de la placa situada en la plaza de Chamberí dedicada a Largo Caballero, sino también de los nombres de la avenida Francisco Largo Caballero y del bulevar de Indalecio Prieto; así como de las estatuas erigidas en Nuevos Ministerios en su memoria. La propuesta de retirar la placa, presentada por el grupo municipal de Vox, argumentaba que, sobre la base de la Ley de Memoria Histórica de 2007, era una “ofensa” honrar a Largo Caballero por su “sanguinaria trayectoria política y personal”. También citaba la ordenanza de denominación y rotulación de vías del Ayuntamiento de Madrid. El fallo del tribunal afirma que esta tesis de Vox estaba llena de “juicios de valor” y carecía de “rigor histórico” y de “pruebas documentales”.

El juzgado apunta, en cuanto a las conductas y/o trayectorias personales de Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto que justifican la decisión adoptada por el acuerdo impugnado, que “no aparece acompañadas, bien mediante su cita o reproducción en el propio acuerdo o en la proposición de la que trae causa, bien mediante informe o documento en el expediente administrativo, de las fuentes de conocimiento de los hechos y acusaciones que en la misma se contienen, lo que resulta imprescindible al objeto de revestirlas de una mínima objetividad”.

Además de anular el acuerdo, el fallo, contra el que cabe recurso, impone al Consistorio de Madrid y a las partes codemandadas (Vox y la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces) el pago de las costas procesales, hasta un máximo de 700 euros para cada una de ellas. Se trata de la segunda sentencia en el mismo sentido, ya que en julio pasado el Juzgado 30 de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, a instancias de UGT, emitió un fallo que anuló la retirada de las calles de Caballero y Prieto. La secretaria general de UGT Madrid, Marina Prieto, se ha mostrado “satisfecha” porque la Justicia haya reconocido que se llevó a cabo de forma “ilegal” y ha asegurado que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, le dijo el pasado julio que estaba dispuesto a restablecer la placa.

El concejal del PSOE Ramón Silva ha celebrado el fallo sobre el acuerdo “que utilizó Almeida para destruir a martillazos” la placa y ha exigido al Gobierno municipal que la restituya y “deje de hacer el ridículo” por los juzgados gastando “el dinero de los madrileños en defender el revisionismo de la memoria democrática, que humilla a las víctimas del franquismo”. La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, también ha instado al Gobierno municipal a que no recurra el fallo, al tiempo que ha reclamado a Almeida; a la vicealcaldesa, Begoña Villacís, y al portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, que “pidan perdón” por “arrancar a martillazos” la placa.

Sin embargo, el Consistorio no ha aclarado qué piensa hacer. Un portavoz municipal ha señalado que “el Ayuntamiento respeta y acata todas las sentencias siempre que sean definitivas”. “Ahora es el departamento de Asesoría Jurídica el que se encargará de decidir si procede o no interponer un recurso de apelación”, ha concluido. Quien sí que ha anunciado ya su intención de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) es la asociación Raíces que, en contra de lo que recoge la sentencia, asegura que su petición “se acreditó con una sustancial objetividad”. Defienden que sí se aportaron datos temporales “precisos” que vinculan los hechos que se les atribuyen a los dirigentes socialistas con los hitos históricos mencionados en la Ley de Memoria Histórica, y que en el pleno se aportó una “suficiente explicación” acerca de cómo tales hechos “suponen una exaltación de la Guerra Civil”.

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