Madrid vendió 2.935 pisos por 201 millones y se arriesga a pagar ahora casi lo mismo por recuperar 1.721

La Comunidad de Madrid ha decidido indemnizar con 107.722.508,95 euros al fondo Encasa Cibeles por la reincorporación a la Agencia de Vivienda Social de 1.721 viviendas, 224 plazas de garaje y 34 locales que la Justicia ha ordenado reintegrar en el patrimonio público, según adelantó 20 minutos y confirmó EL PAÍS. El Gobierno regional vendió en 2013 un total de 32 promociones formadas por 2.935 pisos públicos a la entidad controlada por Goldman Sachs, que pagó 201 millones. Así, la Administración dejó a cientos de familias vulnerables en manos de una empresa privada, y comenzaron los conflictos por las alzas de los alquileres, y los desahucios. Una sucesión de litigios que parece no tener fin: tras dictaminar la Justicia que esa venta no debió producirse (no se justificó que el sector público pudiera prescindir de las viviendas), Encasa Cibeles le ha devuelto a la Comunidad los 1.721 pisos que aún no había vendido a terceros... pero estudia si recurre la indemnización, ya que quería hasta 90 millones más.

“[Encasa Cibeles reclama una] indemnización de 198.334.557 euros, por los daños y perjuicios que a su juicio le ha causado el incumplimiento alegado; y subsidiariamente, en caso de considerar que la anulación de la Resolución de Adjudicación implica la anulación del Contrato, solicita 175.078.436 euros”, se lee en uno de los documentos que componen el expediente de este largo conflicto al que aún le quedan capítulos por escribir, ya que el fondo puede registrar un recurso de reposición contra los 107 millones de indemnización, o acudir a la Justicia por la vía de lo contencioso administrativo.

En juego, la diferencia de entre 65 y 90 millones que hay entre la cifra decidida por la Comunidad y las dos reclamadas por el fondo. En octubre de 2021, Encasa Cibeles ya comunicó a la Administración su conformidad con que le fueran abonados los 107 millones, pero entendiéndolos como un “pago inicial” o adelanto “a cuenta de la compensación total que le corresponda percibir conforme a Derecho, a cuyos efectos se remitía expresamente” a las cifras de 198 y 175 millones, según documentación obtenida por este diario en aplicación de la ley de transparencia. Una insinuación de que el fondo dará la batalla hasta el final si encuentra un asidero legal. Mientras tanto, se acumulan las preguntas sobre lo que ha ocurrido hasta ahora.

¿Cuánto dinero ha obtenido Encasa Cibeles por las 1.214 viviendas que ha vendido en este tiempo? ¿Y por los alquileres que ha estado cobrando durante más de una década? ¿Quién compensa a los inquilinos que tuvieron que dejar sus viviendas porque se había acabado el periodo de protección, subió el alquiler, y no pudieron pagarlo? ¿Y qué pasa con el dinero extra que tuvieron que pagar los inquilinos que se quedaron pese al alza de la renta? Finalmente, ¿qué pasa con las decenas de millones invertidos por el fondo en mantener los pisos en este tiempo? ¿Aceptará una compensación decidida en función de los precios escriturados para cada vivienda en 2013?

Son preguntas a las que el fondo no da respuesta, amparándose en la ley de protección de datos, y que alimentan una polémica que ha atravesado a los gobiernos de González, Cristina Cifuentes, Ángel Garrido e Isabel Díaz Ayuso.

Esta es la cronología de una polémica sin fin. Primero, Esperanza Aguirre impulsa la construcción de estas 2.935 viviendas públicas, repartidas en 32 promociones, y por 11 municipios: Collado Villaba, Majadahonda, Leganés, Móstoles, Navalcarnero, Arroyomolinos, Torrejón de Ardoz, Tielmes, Parla, Valdemoro y Madrid capital. Luego explota la crisis económica de principios de siglo, que abre la puerta a los recortes en los servicios públicos. Está ya Ignacio González al frente del gobierno de la Comunidad de Madrid. Y en 2013 decide que una de las mejores formas de lograr liquidez es vender estos inmuebles públicos construidos para atender a familias vulnerables y sin posibilidad de acceder a la vivienda en el desbocado mercado inmobiliario de la región.

La batalla judicial empieza en Navalcarnero. Allí, Rachid Bouikou paga 49 euros mensuales de alquiler y otros 40 de comunidad tras quedarse sin trabajo. Hasta que cambia el arrendador. Encasa Cibeles le reclama que la renta suba a 150. Es 2016, y así arranca un pulso desigual. De un lado, un fondo de inversión con un ejército de abogados. Del otro, Bouikou asistido por un abogado del turno de oficio, César Pinto, con el que empieza a escalar un himalaya judicial al que se acaban sumando Alejandra Jacinto (hoy diputada de Podemos en la Asamblea), Felipe Alonso o Manuel San Pastor, que representan a cientos de afectados distribuidos en los cuatro recursos colectivos que reúnen a los vecinos de Parla, Leganés y Vallecas (divididos entre los del Ensanche y los de Valdecarros).

Se abren hasta 19 procesos judiciales, según el balance de la Cámara de Cuentas, que advierte en un informe de 2021 de la “incertidumbre” que genera para las cuentas públicas que aún se desconozca la cifra con la que se indemnizará al fondo.

Una vez oficializada la cantidad de los 107 millones, nada ha cambiado en ese sentido. La Comunidad admite que el montante variará en función de los intereses de demora que genere el tiempo que tarde en ejecutar su propia decisión, y que el dinero llegue a las cuentas de Encasa Cibeles. Pero eso es lo de menos: hay decenas de millones que separan esa cifra de la reclamada por el fondo, por lo que el pulso entre las dos partes sigue abierto hasta que este oficialice si admite o no la decisión.

Suscríbete aquí a nuestra newsletter diaria sobre Madrid.