Madrid retira el concierto de FP a 11 centros católicos de labor social pese a una sentencia en contra del Supremo
Las instituciones religiosas reprochan a la Administración gobernada por Isabel Díaz Ayuso el “giro ultraliberal de la enseñanza”
Cuando Rosario Cardo dijo que se sentía engañada por la Comunidad de Madrid, la viceconsejera de Educación, Rocío Albert, se quedó callada. Solo apuntó las quejas en un cuaderno. La tensión se cortaba en el ambiente.
Cardo es la directora del centro educativo Institución Profesional Javeriana, una histórica fundación religiosa que nació en 1941 y que desde entonces se ha dedicado a enseñar Formación Profesional (FP), o lo que entonces se asemejaba a eso, como una labor social. Sin negocio de por medio. Ni grandes constructoras detrás. Ni poderosas empresas.
En ese encuentro, que se produjo el pasado viernes en la Consejería de Educación, se encontraban 11 directores de centros católicos que llegaban igual de enfadados que ella y con la misma sensación de haber sido estafados por el Gobierno regional. Allí les anunciaron que se les había acabado el concierto educativo, es decir, que no recibirían dinero público para seguir con sus enseñanzas. Y eso, a pesar de que en 2016 ganaron en el Tribunal Supremo a todo un gigante como la Administración por un conflicto que comenzó hace 10 años. Pese a la sentencia a favor de los 11 irreductibles católicos, la historia se repite. Por eso, los religiosos anuncian nueva guerra en los tribunales. La religión, en su sentido social más estricto, contra el liberalismo económico más radical.
Y esperan volver a ganar.
Al otro lado de la mesa se encontraba, además de Albert, el director de educación concertada de la Comunidad de Madrid, Manuel Bautista. Ambos se sentaron allí para confirmarles los malos augurios que habían comenzado a escuchar como rumor el pasado diciembre: el curso que viene dejarán de contar con dinero público destinado a los ciclos de Grado Superior de FP. La decisión estaba tomada. Y pronto, dijeron, les mandarían una carta para que lo tuvieran por escrito. Si querían seguir vivos, debían hacerlo exclusivamente como privados. Pero no quieren. “Eso significa que dejamos de atender al alumnado sin recursos y nuestra labor no es hacer negocio”, repite Cardo.
Lo mismo defiende José Antonio Poveda, secretario general de Escuelas Católicas de Madrid, también presente en aquel encuentro: “Nos encontramos ante un giro ultraliberal de la enseñanza, quieren implantar un modelo muy contagioso donde el dinero se invierta en los cheques escolares, en lugar de en estos conciertos. Eso es muy demagógico porque con esos cheques los estudiantes tienen para pagar la mitad de matrículas de 4.000, 5.000, 10.000 euros. ¿Y quién sobrevive a eso? Los centros más potentes y los más nuevos”. O lo que es lo mismo, las grandes empresas, los fondos de inversión o las universidades privadas que en la última década han puesto el foco en un negocio en auge, la educación de la FP, ofertando modernos campus y caros estudios, muy alejadas de las 11 instituciones religiosas afectadas, construidas en suelo propio desde hace un siglo (en su mayoría).
La Institución Profesional Javeriana tiene poco de nuevo y mucho de tradición. Su historia se remonta a justo después de la Guerra Civil española, cuando ofrecía un oficio a las mujeres. Allí aprendían puericultura, administración o técnicas de laboratorio, aunque sobre todo nació con el objetivo de elevar el nivel cultural de las chicas sin recursos.
Cuando apareció el sistema de conciertos, en 1985, la institución se acogió a ellos “por la labor social que realizaba” y porque en aquel momento la red pública era prácticamente inexistente. Con el tiempo, las Javerianas se abrieron a la enseñanza mixta y ahora los alumnos de clase baja y media acuden ahí para aprender Administración y Finanzas, Comercio Internacional, Transporte o Dietética. “Nosotros no buscamos lucro”, insiste la directora.
De hecho, la matrícula que pagan los estudiantes es de 360 euros al año, equivalente a la de un centro público madrileño donde se estudia el Grado Superior, teniendo en cuenta que Madrid es la única comunidad que cobra por matrícula en la enseñanza no obligatoria de FP. “Con el cheque escolar solo vendrá quien pueda permitirse pagar la mitad de los 4.000 o 5.000 euros que cueste el curso. El alumnado cambiará radicalmente y muchos se quedarán sin estudiar”, apostilla.
Castro no habla desde la teoría, sino desde la práctica. Eso es exactamente lo que pasó en 2012. En aquel momento, Lucía Figar, entonces consejera de Educación imputada después por el caso Púnica junto al entonces presidente, Ignacio González, anunció que eliminaba los conciertos de 50 centros educativos privados de FP de Grado Superior. Se excusó en la falta de fondos, aunque lo cierto fue que destinaron aquel dinero, el mismo, a los famosos cheques escolares, un dinero que recaería en los centros privados.
De aquel grupo de 50 centros, 11 decidieron pelear en los tribunales. Alguno incluso se vio obligado a cerrar, como el centro Santa Ana y San Rafael, que volvió a la vida cuando se retomaron los conciertos cuatro años después, justo lo que duró la contienda legal. Fue entonces cuando el Tribunal Supremo les dio la razón, en 2016: estimó que se había cometido una ilegalidad y obligó a la Administración a restituir el daño.
Y aquí llega el supuesto engaño. La sentencia esgrime que los centros tenían derecho a renovar el concierto por el periodo correspondiente. Entonces, la Comunidad de Madrid les ofreció un pacto en forma de convenio: si ellos renunciaban a pedir una indemnización, a cambio ejecutarían la sentencia acoplada a los nuevos tiempos, ya que algunos ciclos ofertados en 2012 se habían extinguido y habían nacido nuevos. “Hicimos borrón y cuenta nueva”, cuenta Poveda. “Decidimos renunciar al dinero como acto de buena fe”, insiste. Y de ese modo firmaron el pacto por cuatro años, “los mismos que duraba un concierto”, porque les aseguraron que así podrían renovar cuando se agotara el plazo.
Ahora la Consejería de Educación aduce que aquel convenio ha caducado y que sus servicios jurídicos estiman que la ejecución de sentencia solo se podía haber llevado a cabo con el pago de aquella indemnización. Una portavoz de la Consejería se ha limitado a explicar a este periódico que la decisión se encuentra en fase de estudio, aunque no niega que la reunión del viernes se desarrollara en los términos explicados por los religiosos.
“Ha sido una deslealtad en toda regla”, se queja Montserrat Cortinas, directora de La Salle Sagrado Corazón, otro de los afectados. Ella contó ante Albert y Bautista su propia experiencia: “Mi familia no tenía recursos y yo misma estudié en La Salle. Primero Administración y después Informática. Gracias a eso fui secretaria, después profesora y ahora soy directora”. Cortinas une su historia a la de La Salle, una institución que nació hace 148 años y que tiene a 240 matriculados en Grado Superior.
“Nos pusieron una trampa”, se queja Cortinas, que recuerda que como centro educativo con labor social la ley estipula que solo pueden retirarle el concierto si se queda sin alumnos o si comete algún fraude con Hacienda o deja de cumplir con sus obligaciones fiscales y laborales.
Por lo que los 11 irreductibles anuncian nueva guerra judicial. Y cuando ganen, avisan ahora, no pecarán de ingenuos.
Escuelas Católicas: "Esto es: quien quiera estudiar, que pague"
Las Escuelas Católicas de Madrid todavía recuerdan las palabras del Consejero de Educación, Enrique Ossorio, en la asamblea que organizaron para clausurar el curso pasado. Aquel día, en junio, el consejero desplegó su argumentario más político para defender la educación concertada frente a lo que suponía que era una amenaza, la entonces recién estrenada ley estatal de Isabel Celaà. "No defiende a todos los conciertos por igual, es evidente. Nosotros ya nos lo temíamos, y ahora se ha confirmado. Y esto puede tener un efecto contagio con Bachillerato o educación infantil, es decir, la educación no obligatoria. Es el liberalismo total: quien quiera estudiar, que lo pague", apunta Poveda.
Los principales afectados por esa política liberal son los 11 centros que se alejan de ese concepto y que decidieron pelear en los tribunales: la Institución Profesional Javeriana, La Salle Sagrado Corazón, Institución La Salle, Jesús Maria, La Inmaculada, López Vicuña, dos centros de Maria Inmaculada (uno en Fuencarral y otro en Ríos Rosas), Nuestra Señora del Pilar, San Juan de Dios y Santa Ana y San Rafael.
El sindicato CC OO, que defiende la educación pública, ha sacado una nota en la que apoya expresamente los conciertos de estos centros. "Ya en 2013, las trabajadoras y trabajadores se vieron directamente afectados por esta medida, que alcanzó grandes dimensiones y afectó a más del 50% del personal docente", explica el sindicato. Además, continúa CC OO, la medida afectará aproximadamente al 70% del alumnado, "que se va a ver obligado a abandonar sus estudios porque el modelo del cheque tampoco es una garantía de gratuidad total y la Comunidad de Madrid no dispone de suficiente oferta educativa en centros públicos, puesto que la ha ido disminuyendo paulatinamente desde 2013".
Lo más sorprende es que en 2019, Isabel Díaz Ayuso anunció la publicación de una orden que blindaba los conciertos educativos durante diez años frente a lo que suponía un ataque a la concertada de la ley estatal. Sin embargo, ahora suprime conciertos de los centros que, por sentencia, tenían derecho a ellos.
La educación antiguamente denostada convertida en un negocio
Que la Formación Profesional (FP) lleva una década en auge no es ninguna novedad. Grandes centros han puesto su negocio en esta educación tradicionalmente denostada con mejor o menor tino para contribuir a ampliar la oferta privada, sobre todo a partir de 2009, coincidiendo con la salida de la anterior crisis económica y con la supresión de los conciertos de la época del expresidente Ignacio González. HM Hospitales, por ejemplo, ofrece ahora ciclos diferentes de Higiene Bucodental o de Laboratorio Clínico Biomédico, entre otros; y universidades privadas como la Europea o Alfonso X El Sabio ofertan otros tantos cursos, como los de técnico superior en Dietética o en Marketing y Publicidad.
Pero no han sido los únicos en ver en la FP un potencial negocio. “La Consejería se deshace de plazas públicas financiadas con fondos públicos para dejarlas en manos de los fondos de inversión o fondos buitre”, denuncia Isabel Galvín, representante de CC OO. "Ese es el compromiso del Gobierno con Vox y una apuesta de un moderno de FP en el que prima el negocio, no la formación sólida. Vender la FP madrileña a los fondos buitre tendrá efectos en términos reputacionales para todo el sistema", critica.
Educación defiende que este curso amplió la oferta pública en el Grado Superior un 11,5%, pese a que 18.000 alumnos se quedaron en lista de espera en septiembre. Algo que se puede explicar con otro dato que aporta CC OO: Madrid suprimió hace una década el 22% de las plazas públicas. Para paliarlo, la Consejería lanzó su medida estrella: 18,5 millones para los famosos cheques, es decir, dinero público para acceder a la educación privada.
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