“Desalojo inmediato”: el aviso de los bomberos al visitar las casas afectadas por el Metro de Madrid

Jueves 20 de enero. La tarde cae en San Fernando de Henares, un pueblo de 40.000 habitantes al este de la Comunidad de Madrid, cuando la alarma cunde entre un grupo de vecinos. Viven en lo que han bautizado como la zona cero: un conjunto de edificios que pierde pie, llenándose de grietas alarmantes, desde que Esperanza Aguirre decidió construir a toda mecha la línea 7B de Metro para inaugurarla antes de las elecciones de 2007. Todos saben que desde septiembre hay 23 familias desalojadas por la Comunidad por el “grave peligro”. Y de repente llegan los bomberos a inspeccionar otros edificios colindantes. “Desalojo inmediato” es la alerta que transmiten a la Comunidad de Madrid, según documentación a la que accedió EL PAÍS. Desde entonces, otras 12 familias han tenido que abandonar sus viviendas, para un total de 35 y 99 personas, según datos oficiales.

“En informe de fecha 13 de enero de 2022 de la Subdirección General de Concesiones, Patrimonio y Conservación se señala que los datos recogidos muestran una continuidad en los asientos, en los desplomes y en los valores de distorsión angular de los edificios entre C/Presa 17 y C/Presa 37 haciéndose mucho más elevados en los nºs 23, 25 y 27″, se lee en un informe gubernamental firmado la pasada semana. “Mediante informe técnico de fecha 20 de enero de 2022 de la Subdirección General de Concesiones, Patrimonio y Conservación relativo los edificios Presa 17,19, 21, 23, 25 y 27 se señala que existe un grave peligro para las personas y bienes ante la posibilidad de que se desprendan partes de dichas viviendas, y que debe actuarse de emergencia”, se añade. “Dado que la situación de grave peligro ahora planteada está vinculada con la construcción efectuada en su día del tramo del túnel de línea 7B, comprendido entre las estaciones de Barrio del Puerto y Hospital del Henares, corresponde a la Dirección General de Infraestructuras de Transporte Colectivo de la Consejería de Transportes e Infraestructuras adoptar las medidas de emergencia precisas para corregir dicha situación de peligro”, se reconoce.

¿Y que medidas se adoptan? En lo que va de año, se han firmado al menos dos contratos por casi un millón de euros para realojar a las familias afectadas e intervenir en los edificios, según consta en el portal de contratación pública. Lo previsible es que estos vecinos descuenten las semanas fuera de sus casas bajo las mismas condiciones que los casi 70 que abandonaron sus hogares en septiembre para mudarse a un apartahotel mientras la Administración les da una solución.

La Comunidad calculó entonces el coste de cada uno de ellos en 119,25 euros diarios para un total de casi medio millón de euros (lo que incluía un gasto por persona y jornada de 2,75 para el desayuno, 15 para el almuerzo y 13,50 para la cena; además de 88 para el alojamiento).

Un gasto que mantiene abierta la herida por la que fluye el dinero público desde que Aguirre apostó por construir la línea 7B de Metro, en 2007: según el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, ya se han gastado más de 30 millones en intentar solucionar el problema, a lo que se podrían unir pronto hipotéticas responsabilidades patrimoniales por el derribo de las viviendas.

Así, ya se han derribado tres edificios en los que había 41 viviendas, según datos del Ayuntamiento de San Fernando, dirigido por Javier Corpa (PSOE). A ellos se unirá próximamente otro. La zona cero de la línea 7B crece cada poco, y el Ayuntamiento cifra en 200 viviendas el total de afectadas de una manera u otra. Esos edificios se distribuyen alrededor de 15 calles cercanas al recorrido del suburbano, y se han ido hundiendo poco a poco, o han visto cómo aparecían grietas en paredes, techos y fachadas, según datos del Gobierno municipal y de la plataforma de afectados.

“Las viviendas han sido doblemente inspeccionadas, tanto por los bomberos como por los técnicos de la dirección general de infraestructuras”, resume David Pérez, el consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. “En algunos casos sí se ha encontrado algún problema, alguna carencia”, reconoce. “Cuando veamos que en una vivienda pueda haber un riesgo, o un deterioro, inmediatamente procedemos a desalojarlo y dar solución. Vamos a tener una vigilancia permanente”.

Son las consecuencias de una inauguración hecha a toda prisa, denuncian los vecinos. Ocurrió en 2007. Aguirre (PP), celebró la llegada del Metro a San Fernando justo antes de las elecciones autonómicas. Los festejos (una paella para miles de personas, dos conciertos…) y la asistencia (Aguirre, Gallardón y tres alcaldes de la zona) reflejaron la importancia estratégica para los comicios de que las obras hubieran terminado a tiempo. El PP arrasó: mayoría absoluta.

Luego empezaron los problemas: las obras del túnel del Metro facilitaron la entrada del agua, que contactó con terrenos solubles y ha obligado a interrumpir la circulación de trenes por la línea hasta en nueve ocasiones desde la inauguración (para un total de más de dos años sin prestar el servicio). Unas dificultades que no pudieron sorprender a la Administración, pues múltiples informes advirtieron desde el principio de lo que podía ocurrir.

El mismo año del estreno de la línea 7B, los gestores de la infraestructura conocen que se han detectado “diversas patologías en relación con una anómala y creciente entrada de agua de elevada conductividad al pozo de bombeo situado entre la estación 7 (San Fernando) y 8 (Henares)”. Apenas seis meses después, en junio de 2008, otro informe advierte a la Comunidad “del consiguiente riesgo de colapsos en el túnel de metro y las edificaciones del entorno”. En 2009, un tercer balance alerta a la Administración de que es “de extrema urgencia” actuar por ese motivo. Y en 2010, cuando los problemas de las casas son aún incipientes, se registra un documento taxativo.

“La karstificación en esta zona no fue detectada con los reconocimientos del proyecto, probablemente porque no existía”, se lee sobre los cambios en el terreno provocados por la entrada en contacto del agua (que no había antes) con las sales fácilmente solubles que entreveran el subsuelo (que ya estaban allí). “Sin embargo, la construcción del túnel y posterior drenaje comenzó a movilizar el flujo de agua subterránea y a iniciar un progresivo proceso de disolución del terreno, en concreto y preferentemente, de los niveles salinos existentes”, añade. “(…) En este tipo de terreno, movimiento de agua significa capacidad de disolución”, subraya, en alusión a los cambios del terreno que afectan al asentamiento de los cimientos de los edificios.

El diagnóstico está hecho. Lo comparte hasta la presidenta de la Comunidad de Madrid (”Esta obra tiene ahora 14 años, está generando graves problemas, y mi gobierno no hace otra cosa que intentar solucionarlos”, dijo en una sesión de control en la Asamblea). Ahora un centenar de personas espera una solución.

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