El esprint de Ayuso: aprueba los Presupuestos y negocia con Vox 45 cambios legales

Con las elecciones de 2023 ya en el horizonte, Isabel Díaz Ayuso pisa el acelerador: la presidenta de la Comunidad de Madrid ha logrado aprobar este miércoles los primeros Presupuestos de la región desde 2019 y ha iniciado la tramitación de una ley ómnibus que incluye 45 cambios legales de calado en una sola votación, a celebrar previsiblemente en junio de 2022. Al igual que ha pasado con las primeras cuentas públicas con el sello de la líder conservadora, Vox será el árbitro que decida el final de ese esprint parlamentario para llegar a los comicios con una hoja de servicios que describa las bondades de gobernar en solitario. Atrás quedan los tiempos en los que el Gobierno de coalición de PP y Cs justificaba su parálisis legislativa con el argumento de que un Ejecutivo liberal procura producir las menos normas posibles para no inmiscuirse en la vida de los ciudadanos.

“Son los Presupuestos más ambiciosos de la historia de nuestra región”, ha dicho Díaz Ayuso tras la votación. “Este proyecto es un compromiso que adquirimos con los ciudadanos, a los que nos debemos, y un aviso para todo aquel que no lo tenga claro: el Gobierno de Madrid no va a subir los impuestos ni a cambiarles las reglas de juego a las empresas”, ha añadido. “Hemos cumplido con el mandato de libertad que nos dieron los ciudadanos el 4-M”.

La presidenta regional ha hablado en la Asamblea, donde ha tenido una doble cita de altura. Primero, la aprobación de las cuentas. Y luego, una reunión exprés del Consejo de Gobierno, donde se ha decidido impulsar la ley ómnibus, que afectará a 34 leyes, tres decretos legislativos, cuatro nuevas regulaciones de rango legal y cuatro decretos, incluyendo la derogación total o parcial de tres leyes y dos decretos.

El objetivo de esos cambios definidos como “urgentes” es “impulsar la actividad económica y la modernización de la Administración de la región”. Su tramitación incluirá modificaciones de normas nucleares para la Administración, como la del suelo; afectará también a la promoción de las apuestas, en la que previsiblemente se regulará la presencia de rostros conocidos; permitirá eximir del requisito de nacionalidad a extracomunitarios contratados en el servicio sanitario, para paliar los déficits de plantilla; e incluirá nuevas exenciones en el ámbito educativo, del medio ambiente, la formación y el empleo.

Un plan ambicioso del que aún no se conoce la letra pequeña, ni sus implicaciones, y que supone un drástico cambio de ritmo frente al que mantuvo hasta marzo de este año la coalición gubernamental formada por PP y Cs.

“Este es un Gobierno liberal, que no aspira a legislar por legislar, sobrecargando innecesariamente al ciudadano con un exceso de normativa”, argumentaban entonces los portavoces del Ejecutivo de coalición para justificar la falta de proyectos tramitados en la Asamblea.

Porque Díaz Ayuso cerró su primer mandato (2019-2021) sin aprobar ni una sola ley nueva de calado (apenas una reforma de la ley del suelo recurrida en el Constitucional y la aprobación de una nueva universidad privada) ni enviar un proyecto de Presupuestos a la Asamblea.

Sin embargo, en los seis meses transcurridos desde que fue investida como presidenta por segunda vez, ha sacado adelante las cuentas públicas, una reducción del IRPF, la eliminación de las tasas regionales, y una reforma de la ley de Telemadrid que le ha permitido controlar la compañía pública. También ha iniciado la tramitación de una nueva norma educativa con la que aspira a neutralizar la estatal, y que previsiblemente verá la luz en febrero. Y ya ha enviado a la Asamblea una reforma para que la Cámara no proponga a los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Además, el Gobierno regional ya tiene en marcha el anteproyecto de la Ley de Creación de la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad; el de Economía Circular de la Comunidad de Madrid; el de regulación de la protección civil y las emergencias en la Comunidad de Madrid; el de creación de la Agencia de Ciberseguridad de la Comunidad de Madrid; el de Defensa de la Autonomía Financiera de la Comunidad de Madrid; del libro y la lectura de la Comunidad de Madrid; el de patrimonio cultural de la Comunidad de Madrid; o el de farmacia.

La comparación es entre el día y la noche. De la imposible convivencia entre PP-Cs-Vox, a la alianza del PP con Vox, que ha convertido sus negociaciones en la Asamblea regional en el laboratorio donde se experimentan las bases de una relación sobre la que Pablo Casado espera articular su llegada a La Moncloa, además del próximo ciclo electoral autonómico y municipal.

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