Muere el primer trabajador de Metro de Madrid al que se diagnosticó amiantosis
Santos González fue, en 2013, el primer operario con la enfermedad laboral. Consecuencia de esta, hace un mes desarrolló fibrosis pulmonar y la semana pasada dio positivo por covid
Santos González, de 61 años, quería jubilarse e irse a vivir al pueblo. El trabajador de Metro de Madrid, donde llevaba desde 1979, no pudo cumplir ese sueño. Hace un mes le diagnosticaron cáncer de pulmón con fibrosis pulmonar. Dolencias derivadas de la asbestosis, enfermedad laboral desarrollada por la exposición al amianto. Los médicos calculaban que le quedaba un año de vida. Hace una semana, dio positivo por covid. Según explican sus allegados, debido a la gravedad de la fibrosis pulmonar, los médicos no pudieron intubarle y falleció la madrugada del sábado 23 de enero.
A González le diagnosticaron asbestosis en 2013; fue el primer trabajador del suburbano al que reconocieron la enfermedad. Después vendrían más: por el momento, el amianto ha matado a siete trabajadores o extrabajadores de Metro. Y hay una decena de operarios con la enfermedad reconocida y varios casos pendientes de confirmación. . Alarmada por el problema del amianto en Metro de Madrid, la Fiscalía abrió diligencias y acusa a siete responsables del área de Salud y Prevención de Riesgos de Metro de Madrid de homicidio imprudente, lesiones por imprudencia y delitos contra los derechos de los trabajadores. Un juicio que fue retrasado por la pandemia. “Esperamos que pronto se lleva a cabo, todo este proceso, y principalmente se haga justicia, y conozcamos quienes fueron los responsables principalmente políticos, que gobernaron nuestra empresa y deberían haber tomado las medidas y decisiones oportunas”, explican en un comunicado los trabajadores.
González declaró ante la juez a principios del año pasado. No era la primera vez que contaba su historia: también lo hizo en 2018 ante la comisión de investigación que abrió, a instancia de Podemos, abrió la Comunidad de Madrid para investigar el amianto en el suburbano ya que Metro es una empresa pública. La comisión concluyó que Metro ocultó durante décadas, al menos desde los años noventa, la presencia de amianto en su red y los riesgos que el material acarreaba para los trabajadores. “Han estado ocultando muchos años el riesgo que teníamos”, resumía Santos González en una entrevista en EL PAÍS.
Metro, además, ha sido renuente a reconocer el daño que les ha provocado. A Santos González -uno de los protagonistas del mini documental Próxima Estación: Amianto, publicado por EL PAÍS el año pasado- no le reconocieron la enfermedad laboral hasta 2019, seis años después del diagnóstico. Y nunca le dieron la baja por la misma: el trabajador llevaba un año sin trabajar, pero en su volante solo figuraba como causa la depresión. En ningún caso la asbestosis.
“Llevo un mes peleando con la empresa para que le reconocieran la baja por el amianto. Llevan un mes dándome largas”, remarca Juan Carlos de la Cruz, secretario de CC OO en Metro de Madrid y compañero de Santos González. Desde el sindicato lamentan también que la empresa siga recurriendo todos los casos de asbestosis que la Seguridad Social (INSS) está reconociendo.
Al tratarse de una enfermedad laboral que en muchos casos afecta a trabajadores jubilados, el INSS realiza la valoración médica. Después, Metro debe ratificar esa valoración y reconocer que la enfermedad se ha producido en sus instalaciones. En lugar de ello, desde la empresa pública cuestionan los dictámenes lo que alarga el proceso y el sufrimiento de las víctimas, según denuncian los representantes de los trabajadores.
“Llevamos ya varios muertos y no dejan de salir casos. Cada vez que voy a un reconocimiento no puedo evitar pensar: ¿me toca a mí ya?”, lamentaba Santos González hace un año. Tras más de cuatro décadas de servicio y con una enfermedad laboral, pedía la prejubilación: “¿A qué esperan? ¿A que me muera?”.
Los cambios de criterio de Metro: de indemnizar a familiares de un fallecido por amianto a recurrir los nuevos casos de amiantosis
El pasado junio, Metro de Madrid indemnizó por primera vez a los familiares de un fallecido por amianto. La empresa pública abonó más de 190.000 euros a la viuda y la hija de uno de los trabajadores fallecido por el tóxico material al reconocer los daños provocados no solo al trabajador, sino también a ellas con el agravante de que ambas mujeres pudieron estar expuestas al material. Esa indemnización parecía anunciar un cambio de criterio en Metro con respecto a los trabajadores afectador por el amianto. Así lo aseguró entonces Ángel Garrido, consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid. A pesar de ello, los sindicatos denuncian que la compañía se niega a establecer un protocolo de actuación ante las cada vez más numerosas víctimas del amianto.
Los problemas del amianto no son nuevos en el suburbano. Hay constancia de la presencia de amianto en la red de Metro desde al menos principios de los noventa. En 2003, Metro realizó un inventario para conocer la presencia del material tóxico en la red. No se lo comunicó a los trabajadores hasta 2017. Un año después, con Ángel Garrido al frente de la presidencia de la Comunidad, el suburbano hizo público por primera vez un plan de desamiantado de su red.
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