Choque de Administraciones por el apagón en la Cañada Real

Las tres Administraciones firmantes del Pacto por la Cañada Real Galiana se pasan entre ellas la responsabilidad sobre el último problema que sacude a este asentamiento irregular, la falta de luz desde hace más de dos meses. Ayuntamientos, Comunidad de Madrid y Delegación del Gobierno, que hoy han mantenido una nueva reunión telemática, no se ponen de acuerdo a la hora de buscar una solución de urgencia. También Naturgy, la empresa encargada del suministro, está en medio del huracán. Mientras, los vecinos siguen saliendo a la calle a manifestarse. Este jueves han vuelto a reclamar ante la sede de la Consejería de Vivienda que se ponga fin al apagón de más de dos meses y que afecta a unas 4.000 personas de los que unos 2.000 con niños.

Las distintas autoridades señalan desde hace semanas que ha de restablecerse de manera urgente la luz ha y, de forma paralela, ha de encararse el problema de las plantaciones de marihuana, causantes de las sobrecargas que tumban el suministro, y a la crisis social que afecta a una zona repartida entre los municipios de Madrid, Rivas Vaciamadrid y Coslada. De la seguridad y las drogas ha de hacerse cargo la Delegación del Gobierno y de los problemas de realojos y asuntos sociales el Gobierno regional y los Ayuntamientos.

¿Y la luz? El problema de la electricidad está a caballo entre lo policial y lo social, es decir, afecta a las tres Administraciones y, al mismo tiempo, a Naturgy, que da a entender que está a expensas de lo que decidan los firmantes del Pacto por la Cañada, al tratarse de vivienda irregular cuya población está enganchada a sus torres sin contratos ni recibos.

Una de las soluciones de emergencia que se ha puesto sobre la mesa es instalar grupos electrógenos que den de inmediato acceso a la electricidad a los vecinos. La Policía Nacional debería vigilar para que las mafias de la marihuana no se engancharan a esos generadores. Pero las reuniones se suceden sin acuerdo ni la puesta en práctica de medidas concretas. En el encuentro telemático de hoy, ninguna de las tres Administraciones ha informado de avance alguno más allá de posibles nuevos realojos antes de fin de año. Así al menos lo ha expresado tras la Junta de Gobierno Inmaculada Sanz, la portavoz el Ejecutivo municipal que lidera el popular José Luis Martínez Almeida.

Sanz ha vertido críticas a la parte que considera principal responsable. “Sigo echando de menos la puesta en práctica de ese plan de choque que la Delegación del Gobierno anunció y del que no hemos vuelto a tener ninguna información”. “Va muy tarde ya para ser un plan de choque”, ha añadido. Según Sanz, en materia de seguridad y sobre las plantaciones de marihuana, “la Delegación del Gobierno tiene mucho que decir”. Fuentes de la Delegación reconocen que ese plan de choque se ha acordado y no descartan incluso un posible despliegue de la Unidad Militar de Emergencia (UME) en la Cañada, algo que ya llegó a barajarse en las primeras semanas de la pandemia para garantizar el confinamiento. Pero para ello, insisten, ha de considerarse que se trata de una zona catastrófica o de actuación urgente.

Lo que no ha querido entrar a valorar Inmaculada Sanz son las palabras de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que, en respuesta a una pregunta de podemos, ha dicho hoy de los vecinos de la Cañada que “para tener los porsches ahí aparcados, bien; para pagar las facturas, que es lo que está provocando esos cortes, no”.

“Si no son capaces de controlar las plantaciones de marihuana, no sirven para gobernar”

Ayer miércoles hubo otra reunión de la Comunidad y del Ayuntamiento de la capital. Ambos gobiernos son de coalición entre PP y Ciudadanos. A dicha reunión no asistió representante alguno del Gobierno central, integrado por PSOE y Podemos. Eso sí, fuentes regionales reprocharon al acabar el encuentro, que tuvo lugar en la sede de la Consejería de Vivienda, que la Delegación del Gobierno siga sin aplicar el plan de seguridad acordado.

“Si no son capaces de controlar las plantaciones de marihuana, no sirven para gobernar”, ha dicho María Pilar Sánchez, concejal de Más Madrid que ha estado presente en la manifestación de hoy dando apoyo a los vecinos. Considera responsables a Almeida, Ayuso, Delegación del Gobierno y Naturgy. Afirma que la Cañada afronta una “emergencia humanitaria frente a la que no se está poniendo ninguna solución”.

La población del sector seis lleva desde principios de octubre sin acceso a la electricidad. Los problemas se multiplican: bajas temperaturas, mantas a todas horas, agua fría para asearse, niños estudiando a la luz de las velas, problemas para usar electrodomésticos o cargar teléfonos y tablets… Las subidas de tensión por las plantaciones de marihuana que se localizan en esta zona se encuentran detrás del problema, según las tres Administraciones y la compañía Naturgy. Pero la Policía Nacional no ha llevado a cabo desmantelamiento de cultivos de esa droga en el sector cinco, afectado también por la falta de suministro desde mediados de noviembre. Las familias viven casi siempre en infraviviendas y acceden al servicio gracias a enganches ilegales, pero nunca hasta ahora habían estado tantos días seguidos sin luz.