Una diputada del PP en Madrid, juez y parte en la investigación de las residencias
Ana Dávila-Ponce de León, viceconsejera de Asistencia Sanitaria durante la crisis de los geriátricos, se ha incorporado a la comisión que busca responsabilidades políticas en la gestión de la tragedia
Con el paso de las olas de coronavirus Ana Dávila-Ponce de León ha cambiado de papel. En la primera fue una gestora directa de la crisis sanitaria; en la segunda será una investigadora de lo sucedido. Fue viceconsejera de Asistencia Sanitaria de la Comunidad y en ese rol tuvo conocimiento de los protocolos de su consejería que supusieron el abandono de miles de mayores de residencias. Desde la semana pasada es miembro del Partido Popular en la comisión parlamentaria regional que indaga las responsabilidades políticas por la tragedia durante la que murieron más de 6.000 residentes. Como tal, podría darse la circunstancia de que se siente en el asiento de los interrogados y en el de los interrogadores.
La comisión fue constituida en julio y ha celebrado dos sesiones de interrogatorios a testigos, de 21 previstas. La oposición cuestiona la ética del nombramiento de Dávila-Ponce de León y cree que es un intento más por parte del PP de torpedear la investigación. El PP responde que su doble papel es “irrelevante”.
Como viceconsejera de Asistencia Sanitaria, Dávila-Ponce de León fue hasta principios de octubre la directora del Servicio Madrileño de Salud. Según correos vistos por este periódico era uno de los cargos de la consejería de Sanidad que recibió en marzo los protocolos de no derivación a hospitales. Los protocolos fueron distribuidos por el entonces viceconsejero de coordinación sociosanitaria, Carlos Mur de Víu. Recomendaban a los hospitales negar el traslado a los mayores de residencias con niveles altos de dependencia para así reducir la presión asistencial.
Dávila-Ponce de León está incluida en una lista con decenas de cargos políticos que han sido propuestos por los partidos para comparecer en la comisión. Su testimonio ha sido solicitado por el PP y por Unidas Podemos. En esa lista se encuentran miembros del Gobierno central como el presidente Pedro Sánchez o el vicepresidente Pablo Iglesias y del Gobierno autonómico, como la presidenta Isabel Díaz Ayuso, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero, el exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero o Mur de Víu.
La entrada de Dávila-Ponce de León en esta comisión de 18 miembros se debe a la reciente baja por paternidad de Diego Sanjuanbenito. La sustituta entró en la Asamblea el 16 de octubre y el partido decidió que era la persona más indicada por su conocimiento para relevar a Sanjuanbenito, según explica el portavoz del PP en la comisión, Carlos Izquierdo. El PP va a proponer a Dávila-Ponce de León para ocupar la vicepresidencia de la comisión, un nombramiento que se formalizaría en la siguiente sesión de comparecencias, el 13 de noviembre.
Purificación Causapié, portavoz del PSOE en la comisión, dice que el PP demuestra una vez más que no cree en esta comisión. Aunque el partido de la presidenta Ayuso ha aceptado su creación han reiterado que no la ven necesaria. Causapié reprocha que aceptar la entrada de Dávila-Ponce de León supone “que el juez se juzga a sí mismo”.
“Ella no juzga nada”, repone Izquierdo, del PP. “Hacemos preguntas y respuestas. Se valoran las intervenciones de los comparecientes y van a ser las mismas esté ella o no. Es absolutamente irrelevante". Una portavoz del partido en la Asamblea no respondió a una solicitud para entrevistar a Dávila-Ponce de León.
La estrategia del PP en esa comisión ha sido responsabilizar al Gobierno central alegando que ostentaba el mando único desde la declaración del estado de alarma. Pero el real decreto que declaró esa situación de emergencia dice que las comunidades conservan sus competencias ordinarias.
Paloma García, portavoz de Unidas Podemos, lamenta que la Mesa de la Asamblea, controlada por los partidos que apoyan a Ayuso, esté obstaculizando la investigación. La Mesa ha negado la comparecencia de hijos de los fallecidos. “Han negado la palabra a las familias y solo han permitido que comparezcan portavoces de plataformas", critica García.
Por ahora han pasado por la comisión empresarios y representantes de los trabajadores y las familias. Los partidos han acordado reservar las comparecencias de políticos para una segunda fase que comenzará a principios del año que viene.
¿Conoces casos de discriminación o irregularidades en una residencia de la Comunidad de Madrid? Contacta con el reportero de la sección de Madrid fpeinado@elpais.es o mándale un mensaje por Twitter a @FernandoPeinado
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