Las llamadas de residencias que el hospital ignoró

En algún momento de mediados de marzo la Comunidad de Madrid cortó el cable entre sus residencias de mayores y sus hospitales. Las familias se quedaban atónitas cuando los cuidadores les decían que habían pedido una ambulancia para los mayores enfermos con covid-19 y al otro lado de la línea les contestaban con negativas. Posteriormente conocieron a qué se debía el rechazo. Al menos desde el 18 de marzo la Consejería de Sanidad elaboró protocolos, para su uso por los hospitales públicos de la región, que excluían a pacientes de residencias con gran dependencia o con discapacidad. La verdad sobre esos documentos oficiales se ha ido conociendo con detalle esta semana.

En la práctica los hospitales ya hacían ese triaje antes del primer protocolo. El sábado 14 de marzo a las 17:00, el médico de la residencia Monte Hermoso de Madrid llamó a Mari Cruz Sánchez para decirle que estaba luchando por conseguir que la ambulancia fuera a recoger a su hermano Miguel y a tres pacientes más.

Miguel llevaba tosiendo sangre desde el martes 10 y Mari Cruz, una auxiliar de enfermería jubilada, sabía que se estaba cometiendo una negligencia. “No hace falta tener conocimientos sanitarios para intuir que toser sangre es un síntoma de una enfermedad grave”, dice ella, al narrar los días previos a la muerte de su hermano mayor.

Cuatro horas después ese sábado, el médico le llamó de nuevo para darle una buena noticia. El Hospital Clínico San Carlos iba a admitir a su hermano. “Solo se van a llevar a Miguel”, le dijo. Le explicó que fue el único autorizado por la geriatra de enlace. Miguel, de 77 años, era de los más jóvenes de la residencia y su hermana cree que fue el único seleccionado gracias a su edad. Pero de poco sirvió. Su estado había empeorado tanto a lo largo de esa semana que murió a la mañana siguiente en urgencias, dejando a su hermana con una profunda sensación de injusticia. Muchos otros fallecieron desamparados en sus camas de Monte Hermoso, que el 17 de marzo fue la primera residencia madrileña en saltar a las noticias por un brote de muerte masivo.

Las ambulancias que evacuaron ese día a varios enfermos de Monte Hermoso delante de las cámaras de televisión eran un espejismo. Entre mediados de marzo y mediados de abril, cuando los hospitales de Madrid rozaron el colapso, mayores de múltiples residencias de la región se quedaron sin auxilio externo. El abandono ha sido denunciado esta semana por la persona que tiene las competencias sobre el sector en Madrid, el consejero Alberto Reyero. Ha dicho que durante semanas en marzo y abril pidió sin éxito al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que si los residentes no iban al hospital, el hospital debería ir a la residencia. La prueba de esa comunicación ha sido publicada este viernes por este periódico. En sus correos y el lunes en la Asamblea de Madrid, Reyero cuestionó la exclusión por ser inmoral y posiblemente ilegal. “Hay una cosa que no debemos olvidar nunca, que nosotros, todos y todas, por nuestra condición de ciudadanos, tenemos derecho a la atención sanitaria pública, ya sea en el centro de salud como en el hospital", dijo en el Parlamento regional.

Ahora estas declaraciones dan munición a las querellas colectivas que los familiares de fallecidos en residencias han interpuesto contra la Comunidad de Madrid. Alrededor de 200 familias se han sumado ya a la acusación contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso, Escudero, el consejero de Justicia, Enrique López, y directores de residencias de la región. Les acusan de homicidio imprudente, omisión de socorro y prevaricación. Creen que muchos de las más de 6.000 residentes en Madrid que han muerto con covid-19 o síntomas se podrían haber salvado. Una juez de Madrid ha derivado el caso al Supremo para que decida sobre su admisión ya que al ser Ayuso aforada ese debe ser el órgano que entienda del caso.

Uno de los tres abogados que representa voluntariamente a las familias es Carlos Vila, quien 40 años después se encuentra de nuevo manejando una querella contra la Administración por su gestión de una crisis sanitaria. Entonces fue la intoxicación por el consumo de aceite industrial de colza, un brote epidémico que acabó con la vida de cientos de personas y dejó más de 20.000 afectados.

Salvando las distancias, este letrado de 69 años ve algunos ecos del caso de la colza en esta nueva querella. Esta vez cree que los servidores públicos tienen más responsabilidad. “Entonces hubo dirigentes de aduanas que no actuaron diligentemente vigilando las importaciones masivas del aceite. Pero ahora es más grave porque la Administración Pública es responsable del homicidio por sus órdenes directas”, valora.

Una de esas decisiones cuestionadas son las guías para que los hospitales y las residencias decidieran qué mayores eran aptos de hospitalización, de acuerdo a sus niveles de dependencia. Son protocolos que fueron firmados por el director de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur. Las versiones conocidas fueron firmadas entre el 18 y el 25 de marzo. Otro asunto a examen son las quejas por la falta de “medicalización” de las residencias, unos refuerzos sanitarios que según muchas fuentes del sector fueron insuficientes.

Escudero ha defendido que los traslados a hospitales no cesaron ni siquiera en los días críticos y que su consejería mejoró los recursos médicos de las residencias durante la crisis. Escudero insistió este sábado en Radio Nacional en que no se excluyó a dependientes, sino solo a pacientes terminales. Pero eso no es cierto de acuerdo con el protocolo final, que en la práctica supuso el rechazo de los dependientes de tercer grado según una escala de fragilidad del 1 al 9.

Los querellantes, cuyos nombres aparecen ocultos en el documento compartido con la prensa, describen el desamparo que sufrieron sus mayores y la desesperación que vivieron ellos, perdidos en un sinfín de llamadas desconcertantes a las residencias, el 112 o los hospitales.

“El viernes 26 le dice que está mal, pero que ella no lo va a derivar al hospital porque aunque llame a la ambulancia, esta no va a venir. Que ella lo único que puede hacer es ponerle antibiótico”, narra una querellante.

“El médico del Summa que le atiende le dice que no van a enviar ninguna ambulancia y que lo único que se puede hacer es ponerle paliativos”, relata otra querellante que llamó el 3 de abril al 112 porque en la residencia le dijeron que no conseguían ayuda.

“Se le insistió en la derivación al hospital, a lo cual le dijo que lo tienen prohibido y no se incluye dentro de los protocolos. El geriatra externo también afirmó que no se la podía derivar, que el hospital estaba colapsado y que la edad de su madre no entra dentro del perfil”, cuenta otra familiar.

“La geriatra o gerontóloga del hospital Jiménez Díaz le indicaba que no cumplía los criterios, porque ya tenía 83 años, deterioro cognitivo y cardiopatía, añadiendo que si era cristiana rezara, y que además tenía que confiar en ellos”, dice otra.

Una de las familiares que se han unido a la querella es Elena Valero, hija de dos residentes en el centro DomusVi Usera de la capital. Cuando el médico la sorprendió el 22 de marzo dándole la noticia de que su padre Alfonso de 96 años había enfermado y estaba agonizando, ella pensó que le enviarían al hospital 12 de Octubre, que está a poco más de 500 metros.

“Cuánto lo siento Elena. Nos han prohibido que le derivemos al hospital. Nos piden que le demos paliativos”, le contestó. Ella plantó resistencia pero no sirvió de nada.

Alfonso aguantó con vida cuatro días más en la residencia, donde no tenían suero ni medicamentos, según le dijeron los empleados. Es lo común en estos centros que no están dotados de recursos para atender a enfermos graves. Su padre era un hombre dicharachero y de mente lúcida, pero iba en silla de ruedas. Elena y su hermana María Jesús creen que esa limitación y su avanzada edad actuaron en su contra.

Su madre, Benita Pablos, cayó enferma el 11 de abril. Entonces Elena cuenta que se puso como una leona para no permitir que pasara lo mismo. Le advirtió al médico de la residencia que si no la llevaban al hospital se presentaría de inmediato en la puerta con la policía y les denunciaría por denegación de socorro. En la madrugada del 13 de abril su madre ingresó en el hospital 12 de Octubre. Pudo contarlo. Para entonces la presión sobre los hospitales había disminuido y las puertas volvieron a abrirse para los enfermos procedentes de residencias. Desde el inicio de la crisis hasta el lunes, la Comunidad de Madrid había trasladado 9.632 residentes a hospitales.

Para estas hijas el hecho de que su madre y otros muchos residentes se hayan salvado tras ser hospitalizadas es una prueba de la injusticia que creen ha cometido la Comunidad. "Les dejaron tirados en la cuneta”, dice Elena. “Han decidido que mi padre debe morirse solo porque iba en sillas de ruedas”.

Información sobre el coronavirus

- Aquí puede seguir la última hora sobre la evolución de la pandemia

- Así evoluciona la curva del coronavirus en España y en cada autonomía

- Buscador: La desescalada por municipios