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El responsable de 534 cuerpos hallados hacinados en la Complutense se enfrenta a ocho años de cárcel

La Fiscalía de Madrid lo acusa de tener sus cinco trabajadores en condiciones “degradantes” y nocivas"

El País Agencias
Madrid -
Vista de una de las cámaras del departamento de Anatomía I de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, con decenas de cadáveres almacenados.
Vista de una de las cámaras del departamento de Anatomía I de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, con decenas de cadáveres almacenados.Carlos Rosillo

La Fiscalía de Madrid ha pedido ocho años de cárcel para el exdirector del Departamento de Anatomía y Embriología Humana II de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, donde en 2014 fueron hallados hacinados más de 500 cadáveres, por tener a sus cinco trabajadores en condiciones “degradantes” y nocivas". El Ministerio Público imputa al exjefe de Anatomía, José Ramón Mérida Velasco, un delito contra la salud de los trabajadores por el que solicita tres años de prisión, y cinco delitos contra la integridad moral por cada uno de los cuales pide un año de cárcel.

En concreto, el fiscal solicita tres por un delito contra la salud de los trabajadores y uno por cada cinco delitos contra la integridad moral. En concepto de responsabilidad civil, el fiscal reclama 66.619 euros (técnico 1), 46.401 euros (técnico 2), 77.103 euros (técnico 3), 22.303 euros (técnico 4) y 21.832 euros (técnico 5) y 10.000 euros para (1, 2, 4 y 5) por los daños causados y 3.000 para (3). La acusación particular, en nombre de los afectados, eleva su petición a 21 años de cárcel y a 264.000 euros de indemnización.

Mérida es el único procesado en la causa, que nació en 2014 por la denuncia de una trabajadora por las “condiciones infrahumanas” de las instalaciones. El lugar se dio a conocer como el sótano de los horrores tras la publicación de unas fotos de los cuerpos amontonados en una habitación.

Según el relato del Ministerio Público, el médico, pese a las reiteradas quejas de los trabajadores por el incumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad y salud, los obligó durante años a prestar sus servicios “en condiciones insalubres, degradantes, nocivas y peligrosas”, hasta que la Inspección de Trabajo ordenó en 2014 la paralización de los trabajos y se extrajeron del sótano 534 cadáveres, detalla la Fiscalía.


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