El pacto con la fiscal reduce de 21 a menos de seis años la pena al guardia civil acusado de agresión sexual en el ‘caso Carioca’

Si el mayor golpe a la trata de personas y el proxenetismo en España llegaba ya en los huesos a sus últimos estertores, el pacto sellado entre las partes lo ha dejado reducido a cenizas. A falta de que este miércoles la fiscal lea su nueva versión del escrito de acusación y se conozcan detalladamente los nuevos castigos que pedirá para los procesados, en la primera jornada del juicio de la Operación Carioca que se celebra esta semana en la Audiencia Provincial de Lugo, la representante del Ministerio Público avanzó que ninguno de los hombres que se sientan en el banquillo pagará más de seis años en la cárcel. Esta será la pena máxima, aunque seguramente será menos, que podría recaer sobre Armando Lorenzo, el cabo de la Guardia Civil de Lugo destinado en el Emume (Equipo de Mujer y Menor), acusado de una decena de delitos, entre ellos agresión sexual y cohecho, por los que inicialmente la Fiscalía pedía una condena de 21 años. Los tres proxenetas que se sientan junto a él en el banquillo se enfrentaban a penas de hasta año y medio por cohecho pasivo y finalmente no tendrán más que pagar una multa en ningún caso superior a 2.000 euros. Después de que todos ellos reconociesen este martes los hechos, el juicio solamente ha continuado para Julio Baquero, el jefe del Emume, también procesado. Este guardia civil se enfrenta a una solicitud de pena de 19 meses de prisión.

Los acusados que han firmado acuerdos de conformidad con la fiscal son los proxenetas José Manuel García Adán (que ha asistido a la vista desde el penal leonés de Mansilla de las Mulas, donde ya cumple prisión por otros capítulos de la Carioca), Marcos Grandío y Jesús Varela. El guardia civil Armando Lorenzo, principal encausado en esta pieza (de las 47 que eran en total), no irá a la cárcel previsiblemente dado su deteriorado estado de salud actual. Será en la segunda sesión del juicio, señalada para este miércoles en la Audiencia Provincial, cuando se conozcan los detalles de los acuerdos de conformidad alcanzados con carácter previo. Estos cuatro procesados se limitaron este martes a decir “sí, reconozco”, cuando se les ha preguntado en la sala por los cargos formulados en su contra. Pese a que durante los años transcurridos de la investigación, casi 16, la propia jueza instructora, Pilar de Lara, y colectivos antitrata gallegos pidieron al Ayuntamiento de Lugo y la Xunta de Galicia que se personasen como acusación para defender a las cerca de 400 víctimas que transitan por las páginas del macrosumario, estas dos administraciones nunca lo hicieron.

El único de los cinco imputados, en esta pieza que no es la más importante, pero sí la que inauguró las diligencias del juzgado de Instrucción 1 de Lugo, que se ha negado a firmar un acuerdo de conformidad, Julio Baquero, prestará declaración ante la jueza de la Audiencia María Luisa Sandar este miércoles tras la práctica de la prueba testifical. Su abogado ha solicitado durante el capítulo de cuestiones previas la “nulidad de todas las actuaciones” al asegurar que estas se encontraban “viciadas” desde el inicio de la instrucción, lo que ha motivado la “indefensión” de su cliente. También ha denunciado el letrado la “vulneración del derecho de defensa” del procesado durante toda la investigación, la existencia de una instrucción del caso “parcial y deficiente” y el “abuso en el uso de testigos protegidos de manera no justificada”. “La prescripción de los delitos es clarísima”, ha zanjado.

Antes de la vista, abogados de varios proxenetas han criticado el largo tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación. El caso se inició después de que una de las mujeres con las que, según el sumario, Armando Lorenso mantuvo relaciones sexuales aprovechándose de su cargo como funcionario de un cuerpo del orden, denunciase una escena en la que el acusado la intimidó con una pistola, la obligó a realizarle una felación y la penetró vaginalmente después de decirle que sus “días como legal en España” estaban “contados”.

Críticas a la instrucción

“Este proceso lleva 16 años de instrucción y había que llegar a un acuerdo para que no se dilatase más en el tiempo. Este juicio es un ejemplo de antijusticia, un proceso totalmente inusual que no es justo ni para las víctimas ni para los acusados. Mi defendido lleva cumpliendo condena bastantes años y para él es fundamental que esto acabe aquí”, ha manifestado la abogada del proxeneta García Adán, el cabecilla de la trama Carioca y responsable del Club Queens y el Colina. “Es lamentable, esta instrucción debería exhibirse en las facultades de Derecho como ejemplo de lo que no debe ser la administración de justicia. Una instrucción a cañonazos, a diestro y siniestro, imputando alegremente a un montón de personas sin indicios”, ha reprochado, por su parte, el letrado de otro de los imputados, el proxeneta Marcos Grandío Ascariz, dueño del Eros.

Protestas en la calle

El lunes, en la víspera del juicio que pasó, por arte del pacto de la Fiscalía, de ocho sesiones con testigos a solo dos, cerca de un centenar de personas convocadas por la Plataforma contra la Impunidad del Caso Carioca se concentraron con pancartas frente al edificio de los Juzgados de Lugo para denunciar los que denominan “acuerdos de la vergüenza”. En esta acción ciudadana, los manifestantes empapelaron los edificios judiciales con cartulinas amarillas en contra de la “impunidad” de los procesados y en recuerdo de las mujeres víctimas de trata que denunciaron los hechos que dieron origen a la investigación y no han obtenido justicia. “Puteiros ao Caldeiro” o “acuerdos de Fiscalía, regalos de cortesía” eran algunos de los lemas que se podían leer en las pancartas y carteles de Impunidade Carioca.