Perder la casa por un embrollo urbanístico de 130 años

Unos días antes de que en 2020 España se encerrara en casa para combatir el coronavirus, a la gallega Purificación Castro Iglesias le llegó una demanda judicial que dio un vuelco a su vida. La Comunidad de Montes de Cabral, la parroquia de la ciudad de Vigo en la que reside, le reclamaba la propiedad “desde tiempo inmemorial” de la finca que acoge su casa y otras tres viviendas familiares. Los comuneros, que gestionan los montes de la zona según un régimen de propiedad colectiva propio de Galicia y de origen ancestral, fundamentan su reclamación ante la justicia en documentos administrativos del siglo XIX con los que, en una década, han obtenido la titularidad de más de 60 hectáreas. El bisabuelo de esta vecina recibió la parcela del Ayuntamiento de Vigo en 1952, a cambio del terreno que él entregó para construir el aeropuerto. “¿Acaso el Ayuntamiento nos vendió algo que no era suyo?”, se pregunta ella sobre un asunto que irá a juicio en noviembre.

La cruzada judicial de los comuneros de Cabral para hacer valer las fronteras de sus montes que midieron los topógrafos del siglo XIX ha puesto en jaque también a las 25 pequeñas y medianas empresas del polígono industrial de Cotogrande. Estas pymes, en las que trabajan unas 200 personas, acaban de recibir la demanda que esgrime la misma documentación histórica. La comunidad de montes sostiene que el área donde se construyó el parque empresarial a principios de los ochenta, que el Ayuntamiento gestionó como propia hasta que la subastó en 1966, fue reconocida como parte de un monte vecinal en el catastro del Marqués de Ensenada de 1752 y en los deslindes de montes que se impulsaron en Galicia entre 1890 y 1891, durante la regencia de María Cristina. “Un monte vecinal en mano común no puede dejar de serlo”, alegan los demandantes, apelando a la ley autonómica que desde 1989 establece que este régimen de propiedad mancomunada que hunde sus raíces en el siglo V es “indivisible, inalienable, imprescriptible e inembargable”. Con esa argumentación, un juzgado ya dio la razón a los comuneros en primera instancia sobre otro polígono industrial.

Reclamaciones a empresas y administraciones

Hasta ahora las reclamaciones de propiedad de los comuneros de Cabral se habían centrado en administraciones públicas y grandes empresas. Aena les tuvo que abonar siete millones de euros por terrenos de su propiedad que fueron usados para construir el aeropuerto en los años cincuenta del siglo pasado. Los tribunales también han resuelto que los comuneros son los verdaderos dueños de las parcelas de la Xunta donde se levantan un instituto de educación secundaria, un colegio o un centro de inspecciones técnicas de vehículos (ITV). Al Consistorio le ganaron un pleito por parte del suelo que ocupa el recinto ferial de la ciudad. “Durante el franquismo hubo una usurpación de estos montes por parte de los ayuntamientos, los registraron como si fueran suyos”, explica Alfredo Pereira, presidente de la organización que agrupa a las casi 3.000 comunidades que gestionan las más de 700.000 hectáreas de monte mancomunado que ha pervivido al paso de los siglos, una cuarta parte del territorio gallego.

Las demandas judiciales a viviendas y pymes han hecho saltar las alarmas en una parroquia de 7.000 habitantes muy urbanizada, plagada de casas, naves industriales y negocios de todo tipo. “De momento, [los comuneros] están usando esto selectivamente contra ciertos vecinos, pero supongo que luego irán a por todos”, advierte Castro. A Estanislao Ramón Arines González le llegó la demanda hace seis meses. A él le reclaman una finca con vivienda que compró a finales de los noventa a un particular. Los demandados, agrupados en la Asociación de Vecinos y Empresarios de Cabral, han sembrado la parroquia de carteles que superponen el deslinde del siglo XIX con una imagen actual de la zona. Decenas de fincas y edificaciones quedan dentro. “Por un plano del año 1891 peligran casas, fincas, empresas y puestos de trabajo. Vecino, tarde o temprano, tú y los tuyos estaréis afectados”, alerta uno de ellos.

Luis Rodríguez es el hombre que ha dirigido la estrategia de los comuneros para recuperar terrenos en Cabral. Presidente de la comunidad de montes desde hace 23 años, enumera con orgullo los predios que han logrado registrar bajo sus mandatos. Calcula que solo por los alquileres que les están cobrando a las empresas afectadas, entre ellas varias naves del expresidente del Celta Horacio Gómez y un campo de golf, las arcas de la entidad ingresan anualmente más de 300.000 euros. No están amasando una fortuna, puntualiza: “Tenemos la obligación de emplear todo el dinero que se cobre en el plazo de cuatro años y al menos un 40%, en el monte”. Ninguno de los miembros de la junta rectora “cobra un centavo de salario ni de nada”, subraya: “Ni siquiera la gasolina cuando voy a un juicio”.

Rodríguez sostiene que las críticas de vecinos y empresas demandadas son azuzadas desde dentro de la comunidad de montes por los opositores a su gestión: “Es envidia”, dice. Alega que siempre intenta negociar antes de poner una demanda y que ha puesto en la diana una parcela con viviendas habitadas, la de Purificación Castro, porque la familia no quiso llegar a un acuerdo y cederles la parte no edificada. Mientras él dirija la entidad, avanza, seguirán acudiendo a los tribunales para recuperar suelo. Las ventas que haya podido hacer en el pasado el Ayuntamiento “son ilegales”, porque “el monte en mano común no prescribe nunca”. Sobre el mapa que circula por la parroquia con decenas de casas y naves afectadas por el deslinde del siglo XIX, acusa a los afectados que lo han difundido “de meter en un lío” al resto de los vecinos: “No voy a ir a por ellos bajo ningún concepto, pero eso no quiere decir que mañana no venga otro y pueda ir”. Y cita al Consistorio: “Si no lo reclamamos nosotros, quien tiene que responder del monte deslindado es el Ayuntamiento”. El gobierno municipal de Vigo evita tomar parte en el problema: “No tenemos la suficiente información como para valorar, no estamos en condiciones de tomar una posición en un conflicto entre particulares”.

Purificación Castro asegura que tiene escrituras, licencias y proyectos de la finca de 4.400 metros cuadrados que recibió su bisabuelo del Ayuntamiento de Vigo y de las cuatro viviendas que construyó allí su familia. Muestra el documento oficial de permuta que acredita que el Consistorio se la traspasó en los años cincuenta a cambio de otra parcela para ejecutar el aeropuerto. A Paco Rodríguez Oliveira, otro vecino de Cabral, las escrituras firmadas por sus tatarabuelos y la anotación en el Registro de la Propiedad que formalizaron sus bisabuelos no le han valido de nada por el momento. Un juzgado ha dictaminado en primera instancia que la finca de 1.200 metros cuadrados que heredó de ellos es, sin embargo, propiedad de la comunidad de montes.

Vecinos y empresas se quejan de que resoluciones judiciales como esta, que ya ha sido recurrida, convierten “en papel mojado” hipotecas suscritas ante notario, calificaciones urbanísticas, títulos públicos, sucesiones y permutas administrativas. “Los levantamientos administrativos de 1890-1891 son dudosos”, defiende Jesús López, abogado de varios demandados. “Se hicieron sin intervención de los vecinos y con los medios de la época. Y a los ayuntamientos les convenía meter mucho terreno porque cobraban por él”.

Para Beatriz Ucha, portavoz de las pymes del polígono de Cotogrande, los argumentos planteados por los comuneros son “un arma letal”: “Si se aplican en toda la comunidad, media Galicia es okupa”. Asiente junto a ella el abogado Jesús López, quien aduce que otras comunidades de montes “son más razonables” que la de Cabral y no se remontan al siglo XIX para hacerse con terrenos urbanizados desde hace décadas: “Muchas ciudades y pueblos han crecido a costa de lo que antaño fue monte comunal con el consentimiento de todo el mundo. Si los levantamientos de 1891 se tomaran por buenos, toda Galicia tendría un problema”.

Los afectados proponen como solución que se realice un deslinde actualizado de los montes mancomunados bajo supervisión de la Xunta. “Esto no puede depender de un juez. Tiene que hacerse un deslinde actualizado que dé seguridad jurídica”, reclama Ucha. Rodríguez, desde la comunidad de montes, asegura que hace 20 años intentó impulsar un nuevo deslinde para dejar las casas fuera, pero la Xunta se echó para atrás por una denuncia de comuneros críticos con su gestión. Ahora no lo ve claro: “Puedo hacerlo, pero mañana viene otro y dice: ‘¿Quién es usted para hacer el deslinde?”. Pereira, portavoz de la organización de comunidades de montes de Galicia, solo ve dos posibles salidas para los afectados: “O arreglarse por las buenas con los comuneros o pedir daños y perjuicios al Ayuntamiento”.

Purificación Castro sospecha que la demanda judicial que le ha caído tiene algo que ver con su rechazo al macrocentro comercial que Rodríguez intentó construir en terrenos comunales en 2013 y que pretendía ser el mayor de Galicia. Entonces una ajustada votación dentro de la comunidad de montes frenó el proyecto, pero el presidente de la entidad anuncia que se está reuniendo con el Ayuntamiento y la Xunta para reactivarlo. “Estoy a favor de las comunidades de montes, pero no para que funcionen como inmobiliarias, gestionando naves y reclamando viviendas”, afirma Castro junto a la casa que ahora ve en peligro.