13 detenidos por participar en un fraude millonario a la Seguridad Social
La policía desmantela un entramado empresarial que eludía las cotizaciones de sociedades y trabajadores desde 2006 en negocios de A Coruña y Pontevedra
Un total de 13 personas han sido detenidas por la Policía Nacional por su implicación en un supuesto fraude de casi tres millones de euros a la Tesorería General de la Seguridad Social que ha sido descubierto en A Coruña. La estafa se ha detectado en un entramado de empresas de hostelería, construcción, promoción inmobiliaria, peluquería, tratamientos de belleza, venta de productos de alimentación y tabaco, según han informado este jueves fuentes del Ministerio de Interior.
Los empresarios detenidos y sus presuntos cómplices no abonaban sus propios seguros sociales ni los de sus trabajadores, por lo que incrementaban de esta forma el margen de beneficio en la actividad mercantil de las sociedades investigadas y el consiguiente perjuicio a la Seguridad Social. Las empresas implicadas en el fraude están ubicadas en A Coruña, Betanzos, Santiago y Cambados.
Las investigaciones arrancaron en noviembre de 2020 a raíz de varias denuncias de la propia Tesorería al detectarse actuaciones irregulares llevadas por parte de los administradores de distintas empresas. En el análisis patrimonial tanto de las sociedades como de sus administradores, los agentes constataron que en todos los casos se eludía el pago de los seguros sociales mediante la creación de grupos y sucesiones empresariales para ocultar los beneficios y bienes.
Los agentes han podido determinar la presunta participación en el fraude de hasta 15 personas, sobre todo familiares de los empresarios implicados, administradores de las empresas, testaferros o personas interpuestas, así como trabajadores que actuaban en connivencia con los detenidos. Todos ellos están imputados por supuestos delitos contra la Seguridad Social por fraude de cotizaciones, frustración de la ejecución, estafa procesal y contra el derecho de los trabajadores.
El entramado desarrollaba su actividad en cafeterías con venta de productos alimenticios, dirigido y gestionado por un empresario y sus dos hijas desde 2006. Aunque este se jubiló en 2016, nunca se desvinculó de las empresas y ejercía como jefe de todas ellas. Desde mayo de 2020 era administrador y socio único y sus hijas cesaron como socias fundadoras y administradoras mancomunadas.
En 2006 se constituyó la primera empresa que generó beneficios, aunque no lo suficiente como para afrontar las deudas. De ahí que crearan nuevas empresas con la misma actividad para generar “confusión” respecto a la aparente persona jurídica de derecho que ejercía la actividad en cada momento, con los mismos trabajadores, proveedores y domicilio social.
Así, esta nueva empresa dejó de ser titular de las obligaciones adquiridas por la empresa anterior y se impidió, a su vez, que se perfeccionasen los actos ejecutivos dirigidos al cobro de la deuda, eludiendo la responsabilidad de obligaciones anteriores, según la investigación policial. Estas empresas no regularizaron su situación deudora con la Tesorería General de la Seguridad Social ni realizaron trámite alguno de disolución o concurso de acreedores, por lo que continuaron generando deuda a pesar de que tenían un elevado volumen de movimiento de capital en sus cuentas bancarias. La estafa de este entramado se estima en más de 850.000 euros.
En esta operación se detectó un segundo entramado empresarial con ingresos cercanos al millón de euros que se dedicaba a la construcción de edificios, fincas residenciales y promoción inmobiliaria, dirigido por un matrimonio. Pese a que un juzgado había declarado en concurso voluntario de acreedores a una de las empresas y que el hombre estaba inhabilitado para administrar bienes ajenos y representar a personas físicas y jurídicas durante cinco años, este hizo caso omiso a la sentencia.
La policía también constató que este empresario inhabilitado dirigió varias mercantiles e incluso constituyó otras nuevas con la colaboración de su esposa, y pese a los beneficios obtenidos no pagaron las cuotas a la Seguridad Social ni solicitaron su aplazamiento, obstaculizando la labor de la Tesorería hasta causar un perjuicio de 300.000 euros.
