El fiscal pide 37 años de cárcel para una mujer por explotación laboral y abuso sexual a migrantes

Una mujer, vecina del barrio de Castrelos, en Vigo, será juzgada este martes por los presuntos delitos de explotación laboral y abuso sexual bajo engaños, amenazas y coacciones a siete migrantes procedentes de Sudamérica. Con la excusa de ofrecerles empleo doméstico, la mujer y su pareja sentimental, que se suicidó tras ser detenido, contactaron con las supuestas víctimas por Internet con el propósito de abusar sexualmente de ellas, según el relato del fiscal, que solicita más de 37 años de cárcel para la acusada Mónica Y.Q., de origen panameño.

Una de las mujeres fue rescatada por la Policía en el domicilio de la pareja, el 17 de octubre de 2019, cuando una comisión judicial fue a registrar la vivienda tras recibir varias denuncias contra la pareja. En ese momento, el hombre que estaba esposado, se tiró por la ventana de la cocina, precipitándose al vacío desde el noveno piso. Ahora, la acusada podría negociar un acuerdo de conformidad con la fiscalía para ver reducida la condena y aceptar indemnizar a las víctimas.

“Actuando en connivencia con su pareja sentimental, la mujer ejecutó un plan con el fin de satisfacer los deseos sexuales propios y de su compañero, para atentar contra la dignidad, libertad y derechos laborales de sus víctimas, que consistían en captar mujeres sudamericanas con cargas familiares en sus países de origen y una gran necesidad económica, vulnerables, sin arraigo ni apoyos en España”, recoge el fiscal en su escrito de acusación.

Estas migrantes se encontraban en situación de estancia o de ilegalidad en España. “Con el pretexto de ofrecerles trabajo doméstico en su casa y ganarse su confianza para que acudieran al domicilio de ambos”, incide la acusación pública, la pareja engañaba y coaccionaba a las chicas, “creando un clima de temor y angustia para doblegar su voluntad perpetrar contra ellas actos de naturaleza sexual”. Además, subraya la fiscalía, les ofrecían unas condiciones de trabajo que atentaban contra sus derechos laborales y contra su libertad.

Entre marzo y octubre de 2019, la acusada, actuando como cómplice, contactó a través de una página web de anuncios con las siete víctimas, residentes en diferentes países sudamericanos. A todas ellas les ofrecieron empleo como trabajadoras domésticas y niñeras de su hija de 6 años, bajo la promesa de pagarles un buen salario y regularizar su estancia en España.

Según el testimonio coincidente de las denunciantes, la pareja las entrevistaba en su domicilio, y antes de firmar el contrato les exigían someterse a un reconocimiento ginecológico con la excusa de que era un trámite normalizado en España. El reconocimiento lo realizaba la pareja de la acusada que se hacia pasar por médico.

Varias de las mujeres no volvieron al piso después de someterse al reconocimiento, aunque al menos dos de ellas sí llegaron a trabajar para los implicados. Así, una mujer nicaragüense trabajó en el piso un día, y la obligaron a desarrollar las tareas domésticas vestida solo con tanga y sujetador, advirtiéndole de que pertenecían a una peligrosa organización de tráfico de drogas y órganos, y que tenían cámaras instaladas en la vivienda, por lo que no podría negarse a lo que le pidieran, bajo la amenaza de que podrían hacerle daño a ella o a sus hijos.

La acusada también hostigaba a la mujer exigiéndole que mantuviera relaciones sexuales con ella o con su pareja, o que se duchara con la puerta del baño abierta, incluso llegó a golpearla, según expone el fiscal. Al día siguiente de empezar en ese empleo, la víctima aprovechó una salida para acompañar a la acusada a llevar a su hija al colegio para escapar.

Una séptima víctima, una mujer colombiana, llegó a trabajar para el matrimonio durante 8 días, y también fue intimidada y amenazada para no salir del piso y someterse a los deseos de ambos (ducharse con la puerta abierta, trabajar en ropa interior o someterse a supuestas exploraciones médicas), todo ello en medio de una atmósfera de terror. La mujer estuvo en esa situación hasta que fue rescatada por la Policía.