Un vídeo de Ence desata la polémica medioambiental sobre la pastera

La Asociación pola Defensa da Ría (APDR) estudia una posible denuncia y la petición de cierre cautelar de la planta de Ence por las declaraciones de su presidente, Ignacio Colmenares, en un video en el que supuestamente advertía de que la planta de Lourizán (Pontevedra) podría dar “un susto medioambiental” por la falta de inversiones.

La polémica se produce en plena tramitación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en el Congreso que ha obligado a la compañía pastera a emitir un comunicado. En él afirma que el vídeo es una “grabación ilegal”, “sacada de contexto”, y desmiente que Ignacio Colmenares haya puesto en cuestión el futuro de la empresa. El propio Colmenares ha salido al paso para subrayar que su objetivo “es mantener la actividad de la planta de Lourizán, el empleo y sus inversiones”. “Este extracto, de cerca de cuatro minutos de duración, es parte de una intervención de más de tres cuartos de hora” y las palabras difundidas sobre un eventual desastre medioambiental “no reflejan su sentido ni significado”, ha detallado la compañía.

Sin embargo, estas explicaciones no han convencido a la APDR, que interpreta que el presidente de Ence ha admitido la falta de inversiones, lo que supone “una situación absolutamente irresponsable que podría tener implicaciones legales”. También el teniente alcalde de Pontevedra, Tino Fernández, ha entrado en la controversia, poniendo el foco sobre lo que ha definido como un “susto medioambiental mayúsculo”.

Según la APDR, la empresa pretende presionar para que la eventual ley se adapte a sus demandas, mientras que Ence matiza que la modificación del artículo 18.4 de la futura legislación (que contempla el límite de 75 años para las concesiones en terrenos situados en el dominio público marítimo-terrestre, de competencia estatal) daría “seguridad jurídica” a la fábrica al “eliminar las dudas” sobre su aplicación retroactiva, informa Europa Press.

Esto “sin duda facilitaría enormemente la situación y el futuro de esta planta, así como del importante volumen de empleo vinculado a ella en Pontevedra y en toda Galicia”, que asciende a más de 5.000 personas, según ha explicado la empresa. Esta también ha incidido en el “robusto sistema de gestión de seguridad del complejo de Ence Pontevedra, avalada por el certificado de la normativa internacional ISO 45.001. “Los índices de seguridad, año a año, diez veces mejores que los de la industria en España”, afirma la compañía.

En este contexto, la empresa ha insistido en que la seguridad de la planta no ha sido cuestionada en ningún momento por su presidente. “Se ha aludido, únicamente, a las molestias que el olor puede suponer para las personas del entorno próximo a la planta”, aclara. “La seguridad, junto con la sostenibilidad y el respeto medioambiental, son las prioridades de Ence en Pontevedra, como en el resto de emplazamientos en los que opera”, añade la compañía.

Desde la prórroga de la concesión en 2016, Ence ha invertido 132 millones de euros en la biofábrica de Lourizán y quedan pendientes de inversión otros 200 millones, según la empresa. La compañía ha anunciado que “continuaría ahondando para que la planta siga avanzando en competitividad y sostenibilidad”, pero, insiste, solo en caso de tener esa “seguridad jurídica” en la futura ley. De no ser así, admite que se barajan futuras ubicaciones de la pastera fuera de Galicia, tanto en Portugal como en Brasil.

Pero el presidente de la APDR, Antón Masa, cree que Ence “pretende modificar a su gusto” la Ley de Cambio Climático. “Se trata de un nuevo intento de presionar a las administraciones y a la ciudadanía, aprovechando en esta ocasión la actual situación sanitaria y económica, provocando una mayor sensibilidad por la defensa del empleo”, denuncia Masa.

“Con esta ley o sin ella, el tiempo de permanencia de Ence en Lourizán ha llegado a su fin”, insiste el portavoz de la APDR. Y defiende que el tiempo máximo de permanencia en dominio público marítimo-terrestre ya estaba fijado en 75 años, incluyendo las prórrogas, tanto en la Ley de Costas de 2013 como en la Ley de Patrimonio del Estado del 2002. La compañía defiende la validez de la prórroga concedida para que la planta siga operando. La cuestión se dirime en los tribunales.