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El juicio de un proxeneta de la Carioca rebaja la pena de 26 a solo tres años y medio de cárcel

Marcos Grandío, propietario del Club Eros, se libra gracias a las dilaciones de la pena que le pedían por delitos de inmigración ilegal, tenencia ilícita de armas y prostitución coactiva

El proxeneta Marcos Grandío Ascariz, durante la vista celebrada esta mañana.
El proxeneta Marcos Grandío Ascariz, durante la vista celebrada esta mañana.

Marcos Grandío, uno de los proxenetas investigados en la operación Carioca, ha aceptado tres año y medio de prisión tras la conformidad con la fiscalía que pedía en principio 26 años de cárcel. La rebaja de la pena viene justificada por “dilaciones indebidas”, después de que esta macro operación contra las redes de prostitución en Lugo se empezase a investigar en 2008. Grandío salda así con tres años y medio de prisión las acusaciones por graves delitos, uno continuado de inmigración ilegal, varios de prostitución coactiva, otros contra los derechos de los trabajadores y también por tenencia ilícita de armas.

En el escrito de acusación, al que fue dueño del burdel Eros en la carretera de A Coruña (Lugo), que adquirió por más de 1,3 millones de euros en 2004, se le acusa de haber viajado a Venezuela para captar mujeres, que luego “explotaba” en el local y a las que se les imponía multa, en unas “condiciones para ejercer la prostitución extremadamente duras”, con pases que se prolongaban los fines de semana de seis de la tarde a seis de la mañana.

Tras la conformidad, el abogado José López Riopedre ha confirmado la ratificación del “acuerdo” con la fiscalía de 42 meses de prisión (tres años y medio) y una multa de 4.000 euros. También ha avanzado que van a solicitar “la suspensión” de ejecución de la pena, y ha defendido que este proceso viene de la Carioca, "que se abría hace 12 años, con lo cual es totalmente lógica la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas”. “Si la justicia es lenta deja de ser justicia”, ha sentenciado el letrado.

Grandío, además, ya permaneció “19 meses” en prisión preventiva, ha dicho su defensor, entre 2009 y 2011. “Pensamos que ya ha sido suficiente pena la que ha sufrido durante la instrucción de la causa”, se ha quejado ante la prensa López Riopedre. La multa asciende a 4.000 euros, y 6.000 euros de responsabilidad civil, sumadas aquí las indemnizaciones a las mujeres víctimas de explotación sexual.

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