ERC corteja a la CUP negociando cambios puntuales en los Mossos

Los votos de la CUP son indispensables para que el independentismo conserve la Generalitat. De ahí que ni ERC ni Junts vean un escollo, a la hora de negociar ese apoyo, en el hecho de que los anticapitalistas sean la única fuerza con representación parlamentaria que no rechaza sin paliativos la violencia callejera que ha acompañado a las protestas a favor del rapero Pablo Hasél. ERC anunció este lunes los ejes programáticos sobre los que negociará la hoja de ruta del Govern y, para amarrar los votos de la CUP, le ofrece cambios puntuales en los Mossos más allá del debate “a medio plazo” sobre el modelo de orden público.

“Estamos trabajando en este ámbito, y algunas propuestas requieren cambios legislativos, pero en otras solo se necesita voluntad política y trabajar desde el consenso”, ha asegurado este lunes la portavoz republicana, Marta Vilalta. La cabeza de lista de la CUP, Dolors Sabater, había dado a entender antes que ya había un acuerdo cerrado respecto a una moratoria del uso de los proyectiles de foam y para que los antidisturbios, al menos, no participen en los desahucios.

En ERC no tardaron en matizar que aún se estaban estudiando esas medidas. Los republicanos ya se mostraron dispuestos a estudiar posibles acciones inmediatas, el pasado viernes, aunque sin concretarlas. La CUP no ha condenado la violencia de los últimos días y sigue poniendo a los Mossos en el punto de mira de sus exigencias, pero eso no ha hecho que los republicanos se cuestionen su estrategia de pactos.

Las negociaciones tras las elecciones del 14-F han estado profundamente marcadas por los problemas de orden público y todo indica que el resultado final también. Las manifestaciones comenzaron el martes después de los comicios y la respuesta policial para contener su deriva violenta —una joven perdió un ojo por un proyectil de foam posiblemente disparado por los Mossos— fue aprovechada por la CUP para insistir en su idea de acabar con la unidad de antidisturbios.

ERC y Junts recibieron casi con simpatía las protestas (el caso Hasél, defendían, ejemplifica la persecución a la libertad de expresión en España), pero la escalada vandálica de los altercados, que se ha cebado con los comercios del centro de Barcelona, terminaron por hacerles girar el discurso. El pasado sábado, sin embargo, todo llegó a un nuevo estadio cuando un grupo de jóvenes intentó quemar un furgón de la Guàrdia Urbana, con un agente dentro. Generalitat y Ayuntamiento se vieron obligados ayer a escenificar la preocupación con una reunión del más alto nivel, después de días donde más allá de la coordinación policial no había indicios de trabajo conjunto.

El consejero de Interior, Miquel Sàmper (Junts) señaló directamente a Arran, un movimiento juvenil de la órbita de la CUP, como uno de los responsables de los actos violentos. E insistió en que, desde su punto de vista, la revisión del modelo de seguridad pública tiene que ser objeto de un debate parlamentario, no del regateo de la investidura.

Tanto el líder de ERC, Pere Aragonès, como la portavoz de Junts, Elsa Artadi, también habían defendido que fuera en la Cámara donde se abordaran posibles cambios. No es un planteamiento nuevo. Ambos partidos llevaban una revisión del modelo de seguridad pública en sus programas electorales, pero no se había puesto el foco en ellos durante la campaña. Los comunes y la CUP intentaron abrir el debate, sin éxito, en la pasada legislatura.

El cuerpo policial recibió muy mal que Sàmper y los socios del Govern no cerraran filas y consideraron que hacer referencia al cambio de modelo en medio de la crisis era una desautorización en toda regla. La CUP, sin embargo, insistió en que se tienen que hacer ya cambios profundos en la policía catalana y supeditó a ellos su decisión en el debate. Los republicanos y los de Junts suman 65 diputados y tres de los 9 diputados de la CUP son necesarios para superar la mayoría absoluta (68) o una abstención es indispensable para poder tirar adelante el nuevo Ejecutivo, pero con la incertidumbre de no tener la mayoría asegurada en la Cámara.

La CUP no concibe una condena de los actos de los últimos días. Para ellos, la violencia es una categoría subjetiva y, por tanto, también lo puede ser un desahucio o la desigualdad social. Lo más parecido a cierta contrición es la afirmación de Sabater de que el límite del derecho de manifestación es el respeto al derecho a la vida, refiriéndose al incidente de la furgoneta.