Eduardo Zaplana, condenado a 10 años de cárcel por el cobro de mordidas en la concesión de las ITV valencianas

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado al expresidente de la Generalitat valenciana y exministro de Trabajo Eduardo Zaplana a penas que suman 10 años y cinco meses de prisión. El tribunal lo considera autor de los delitos de prevaricación, cohecho, falsedad y blanqueo de capitales, y le impone, además, multas por un importe superior a los 25 millones de euros. El dirigente del PP fue juzgado por el caso Erial, la trama de adjudicación de las estaciones de servicio de las inspecciones técnicas de vehículos (ITV) a cambio de sobornos entre 1997 y 2000, cuando Zaplana era presidente del Gobierno valenciano.

El tribunal ha condenado también a los empresarios Vicente y José Cotino, como pagadores de las mordidas, con tres años y cinco meses y dos años de cárcel, respectivamente; al exjefe del gabinete de Zaplana, Juan Francisco García, como facilitador del amaño, con tres años de prisión; y al amigo del exministro que actuó como su testaferro, Joaquín Barceló, con 1 años y tres meses. Todos ellos reconocieron haber participado en la negociación del contrato de las ITV y el cobro de los sobornos. Entre los absueltos, acusado de cobrar por la concesión de otro contrato, el de parques eólicos de la Generalitat, figura el también expresidente de la Generalitat José Luis Olivas.

Eduardo Zaplana fue juzgado por las supuestas mordidas recibidas en la adjudicación de las ITV y de parte del plan eólico a la empresa del ex director general de la Policía Juan Cotino, fallecido en 2020. Los sobrinos de este, actuales responsables de la sociedad, admitieron haber pagado sobornos por el amaño del contrato de parte de las estaciones de ITV valencianas. Ante el juez admitieron que el concurso estuvo “predeterminado” para que una de las empresas del grupo empresarial familiar se llevara uno de los lotes.

La condena a Zaplana extiende una sombra sobre una etapa, la del zaplanismo, de grandes gastos, grandes eventos y privatizaciones, de las que, al menos en dos casos, el dirigente popular sacó tajada. Tras conocer el fallo del tribunal, el exministro, que ya ha dicho que recurrirá, ha dicho sentirse “decepcionado” por haber sido condenado “por unas pruebas basadas en pactos y acuerdos opacos y sin ninguna evidencia objetiva” sobre su participación en los hechos.

La sentencia, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, señala que el jefe de gabinete de Zaplana realizó “lo necesario para que se produjeran las adjudicaciones concertadas” en el proceso de selección y contratación de las empresas licitadoras “conforme a los pactos suscritos” entre Zaplana y el entonces director general de la Policía, Juan Cotino, tío de los acusados Vicente y José Cotino, que son los actuales responsables de la empresa y que “fueron conocedores con posterioridad de la existencia de este acuerdo”, que cumplieron.

El fallo relata cómo el jefe de gabinete del dirigente del PP siguió con la operativa y, en varias reuniones con un trabajador del grupo empresarial de los Cotino, revisó el proyecto y las condiciones del pliego para “proporcionarle una posición de ventaja en el concurso”, además de ajustar algunos aspectos para beneficiar al grupo, como los criterios objetivos del tope de la mejora de las ofertas económicas.

El tribunal expone cómo se produjeron los cobros, y menciona dos vías. La principal fue la de Luxemburgo, donde radicaba una empresa en la que los Cotino ingresaron hasta 6,4 millones de euros y que posteriormente pasó a ser del testaferro del exministro, su amigo Joaquín Barceló; “aunque su titular real era Zaplana”, tal como indica la sentencia, que habla de otra empresa a través de la que se pagaron 2,3 millones de euros y una tercera desde la que se cobraron 1,2 millones. Contra el dirigente del PP declaró también uno de sus amigos de la infancia, Joaquín Barceló, que admitió haber sido su testaferro: “Me pidió favores, me pareció normal y se los hice. Si eso es ser testaferro, sí, he sido testaferro de Eduardo Zaplana”, dijo.

Los pagos y cobros se realizaron a través de una estructura societaria “utilizada por Eduardo Zaplana para no estar visible en ninguna operación mercantil o de gestión que pudiera vincularle con el pago de la comisión pactada”, indica la sentencia. Además, el dirigente del PP “constituyó un entramado societario en Panamá con cuentas bancarias en Andorra, para recibir dinero también de procedencia ilícita”.

El fallo hace un recuento del dinero que ganó Sedesa, el grupo empresarial de los Cotino, con la venta de las sociedades a las que se adjudicaron tanto estaciones de inspección técnica de vehículos como parte del plan eólico de la Comunidad Valencia, que asciende a 86,5 millones de euros.

Además de las peticiones de pena y las multas, el tribunal reclama el decomiso de varios bienes de Zaplana, entre los que se encuentran 6,734 millones de euros que fueron transferidos a la Oficina de Gestión y de Recuperación de Activos tras la confesión de Barceló, que se hizo cargo del patrimonio de Eduardo Zaplana en el extranjero durante unos años y a través del que se pudieron repatriar esos más de seis millones de euros. También reclama la mitad de una cuenta bancaria en la que hay 126.000 euros. Otra cuenta con 32.242,11 euros; un depósito con más de 205.000, un Audi, 50.000 euros en efectivo ocupados en el registro efectuado en el despacho de Telefónica, donde el exministro trabajó hasta que fue detenido en 2008; y otros 18.000 euros en efectivo ocupados en el registro de su domicilio en Madrid.

Tres de los cuatro presidentes del PP que ha tenido la Generalitat Valenciana han sido juzgados por corrupción: Zaplana, Francisco Camps y José Luis Olivas.

Olivas fue condenado a un año y medio de prisión y a una multa de 151.800 euros por emitir una factura falsa para justificar un ingreso de 500.000 euros por unos servicios que prestó a la empresa de los Cotino. Olivas se sentó también en el banquillo que juzgó este caso Erial, pero el tribunal ha entendido que “no ha quedado acreditado” que los 580.000 euros que abonó Sedesa “tuviera su causa en la intervención en el proceso de adjudicación de los Parques Eólicos para favorecer la adjudicación” al grupo empresarial de los Cotino.

Por su parte, Francisco Camps fue absuelto en 2012 de cohecho impropio por un jurado popular que no vio delito en la aceptación de trajes para favorecer a la trama Gürtel, pese a que dos de los acusados admitieron los hechos. Camps también fue exculpado de favorecer a la misma trama corrupta, pese a su relación con los miembros de la red, que confesaron los hechos. El tribunal consideró que no había pruebas de que favoreciera la contratación de una de sus empresas.