El Gobierno propone a la Generalitat negociar la Ley de Concordia y evitar el recurso ante el Tribunal Constitucional

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha remitido este miércoles a la Generalitat Valenciana la propuesta de iniciar el proceso de negociación sobre la llamada Ley de Concordia aprobada por el Gobierno Valenciano antes de que Vox saliera del Ejecutivo por orden del líder nacional del partido, Santiago Abascal. La nueva norma deroga la Ley de la Memoria Democrática de 2017 y se retrotrae hasta 1931 para reconocer, según Vox, a “todas las víctimas de la violencia social, política, del terrorismo o la persecución ideológica y religiosa”.

La apertura de un periodo de negociación entre ambas administraciones está recogido en la propia ley del Tribunal Constitucional, que indica que cualquiera de las dos administraciones puede solicitar la convocatoria de una comisión bilateral de cooperación para evitar el recurso ante el tribunal. Actualmente, la Generalitat y el Gobierno ya negocian en esa bilateral la Ley de Libertad Educativa, sobre la que 50 diputados, liderados por Compromís, ya han presentado un recurso ante el Constitucional. La Generalitat, que preside el popular Carlos Mazón, tiene de plazo hasta el lunes 30 para aceptar o rechazar la propuesta de diálogo.

En Castilla y León, su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, ha enterrado la ley antes de ser aprobada y después de que también se produjera la salida de Vox de su gobierno.

La oposición del Gobierno a la Ley de la Concordia se centra, entre otros motivos, en el hecho de que, según los servicios jurídicos de Moncloa, el texto, al igual que el planteado en Aragón y suspendido ya por el Tribunal Constitucional, “invade competencias estatales, rompe el consenso internacional y no respeta la Constitución”.

Según estos mismos servicios jurídicos, “resultan claras las similitudes” entre las leyes de la Comunidad Valenciana y de Aragón. Estas coincidencias se traducen en la derogación de la norma de memoria democrática anterior, “en ambos casos, alineada con la legislación estatal y con los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en materia de memoria democrática”. El Gobierno encuentra además como motivo al recurso que el nuevo texto recorta los derechos y protección a las víctimas de vulneraciones graves de los derechos humanos, “impidiendo además con todo ello la plena efectividad de la normativa estatal en numerosos ámbitos de competencia autonómica y local”. Por eso, el Gobierno considera que no respeta el consenso internacional sobre víctimas de infracciones graves de derechos humanos, que el concepto de víctima, el derecho a la verdad y el derecho de a la reparación quedan comprometidos y que existe una confrontación directa entre esta ley y aspectos importantes de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta de las Naciones Unidas, la Tercera Convención de Ginebra y la resolución de la Asamblea de Naciones Unidas.

Los servicios jurídicos entienden además que dado que es la Constitución la que señala que las normas relativas a los derechos fundamentales y las libertades se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España, la Ley valenciana de la Concordia está fuera de la Constitución.