Vecinos de Valencia se movilizan frente a una presión turística que no amaina

Van a dar la nueve de la noche del primer jueves de julio y vecinos de Ciutat Vella y de Extramurs en Valencia llegan con sus sillas y bocadillo al sopar de germanor (cena popular) convocado por el colectivo Veïnat en perill d’extinció para ocupar la plaza de la Santa Cruz, un oasis silencioso con el que uno se topa con solo salirse unos metros de las rutas más turísticas del casco antiguo en la capital. Un cartel pegado en la pared de uno de los edificios advierte de que no es solo una cena a la fresca sino un acto político para reivindicar el espacio público frente a la turistificación de los barrios, sobre todo, en el centro. “Més lluita, més barri”, puede leerse. Las asociaciones vecinales se organizan desde hace meses en un intento de contener la turistificación en Benimaclet, La Saïdia, Ciutat Vella o el Cabanyal-Canyamelar, entre otros.

La apertura de más pisos turísticos en la capital se vive con mucha inquietud en todos los barrios. La ciudad de Valencia tenía a finales de 2023 un total de 5.747 apartamentos turísticos de acuerdo con el registro creado por la Generalitat Valenciana pero en las plataformas online se ofertaban más de 10.000 a principios de 2024. Los pisos turísticos se ha disparado cerca del 40% en un año, según la oposición. “Hace unas semanas lanzamos una convocatoria vecinal en el teatro El Micalet y un abogado nos informó de la legislación sobre pisos turísticos en Ciutat Vella. También se expuso la fórmula para que las comunidades de propietarios veten la localización de este tipo de viviendas en sus bloques. Los vecinos nos estamos retirando cada vez más a nuestras casas porque las calles del centro han sido conquistadas por el turismo y muchas veces evitas pasar por tal o cual sitio huyendo de la masificación”, apunta Coloma Mestre, de Veïnat en perill.

El Ayuntamiento aprobó en mayo la suspensión de licencias de apartamentos turísticos situados en comunidades de propietarios y bajos comerciales durante un año pero la avalancha de peticiones de meses anteriores no se vieron afectadas por la moratoria. El consistorio, gobernado por PP y Vox, insiste en que ha redoblado las inspecciones y sanciones pero los vecinos no ven que el fenómeno amaine ni las medidas surtan efecto.

Lluís Mira, presidente de Amics del Carme, asociación vecinal del casco histórico —el más saturado de alojamientos turísticos—, repasa las últimas medidas municipales y concluye que no son efectivas. “La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, dice que no quiere barrios con un nivel de presión turística excesivo, pero las limitaciones que ha presentado no son eficaces: que diga que limita definitivamente los pisos turísticos en Ciutat Vella parece una broma porque en el ordenamiento ya estaban limitados al 99%. Y que diga que triplica las órdenes de cese de actividad es seguir haciendo lo que hacía el PSPV cuando estaba en el gobierno municipal, o sea, una medida cosmética, para conseguir titulares, pero que no son definitivas”, sentencia. Esta asociación insiste en que se pongan en marcha medidas más rotundas. Por ejemplo, que se pida la licencia de actividad que exige la ley de Turismo de 2018. Y si no existe dicha licencia, que se precinte el inmueble. Los procedimientos administrativos son ahora excesivamente largos.

Joan, profesor de 49 años nacido en Barcelona, ha acudido a la cena de Veïnat en perill d’extinció con un grupo de amigos. Lleva viviendo tres años en Valencia y observa que cada vez hay más pisos turísticos y no hay un control real sobre ellos. “Los alquileres suben de precio y yo puedo pagarlo porque vivo en pareja y tengo un salario digno pero si estuviera solo me tendría que ir fuera de la ciudad porque no podría”, confiesa. “Y entiendo a los propietarios que tienen un piso vacío y prefieren cobrar 100 euros al día que 1.000 mensuales, que ya es una barbaridad para los inquilinos”. Para este docente, Valencia está copiando lo peor del modelo turístico de Barcelona. “El turismo es bueno para la ciudad pero si está bien gestionado porque si no, lo que hace es perjudicar a la gente”, concluye.

Sara, educadora social de 40 años, comparte mesa en otra esquina de la plaza. Se crio en Russafa, otro barrio de la capital muy de moda y herido también por la gentrificación. Llegó a Ciutat Vella con 26 años y ha ido y venido en función de sus circunstancias personales. El piso en el que vive ahora en el casco antiguo es de una amiga que reside en otra comunidad autónoma y se lo ha dejado para que lo cuide en su ausencia. Su casa está al lado de un edificio entero en el que residen jóvenes extranjeros que vienen a estudiar castellano y su día a día transcurre entre ruidos por el jolgorio en la calle, las fiestas y alguna que otra borrachera. Además, en la misma planta de su bloque tiene un piso turístico. “El propietario intenta escoger gente tranquila pero, claro, ellos están de ocio y su vida transcurre sin horarios ni obligaciones. Llegan a las tres de la madrugada, hacen ruido en la escalera...” apunta después de haber trasladado su cama a un diminuto vestidor en busca de descanso.

“Miedo a que nos tiren”

“Vivimos con miedo a que cuando acabe el contrato tengamos que irnos, no solo de la casa sino del barrio e incluso de la ciudad” visto el encarecimiento de los alquileres, explica Anna, profesora de valenciano de 44 años, que vive desde 2016 con su familia en uno de los edificios de la plaza de la Santa Cruz. Le gusta el sitio: “Es un pequeño oasis en el Carme” porque la gente no la ubica en el mapa. Una empresa construye un hotel en uno de los lados y pronto abrirá sus puertas. “Es un mal menor, en el sentido de que vivimos en Ciutat Vella”, reconoce.

Joa y Àfrica, vecinas de Extramurs, de 56 y 53 años, son muy conscientes del problema. “He venido muchas veces con mis alumnos a hacer rutas por Ciutat Vella pero cada vez resulta más complicado por los grupos de turistas y guías. Y en los comercios sí he notado que cada vez hay más comercios con carteles en castellano o inglés”, añade África, profesora. Joa, docente también, volvió a su barrio en el Botànic hace una década y reconoce que las cosas han cambiado mucho. Vive en una calle donde se construye un hotel y su casa linda con unos apartamentos turísticos que ya existían cuando llegó. Los bajos vacíos de enfrente se convirtieron en apartamentos de 40 metros cuadrados para alquileres de corta duración y 1.500 euros de renta mensual. Los habita gente de otros países, con un mayor nivel adquisitivo.

Lafu, un educador social y dirigente de la CGT, es muy crítico con los turistas que aterrizan en la ciudad “como extraterrestres” y se aprovechan de los recursos para hacer, muchas veces, lo que no les permiten en sus países. “Viajo mucho pero no me considero un turista y me comporto en Nepal, en Honduras o en Guatemala igual que en mi ciudad”.