Las empresas tienen hasta el 6 de marzo para presentar ofertas para la nueva terminal de la ampliación norte del puerto de Valencia

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha aprobado este viernes, en reunión extraordinaria, el pliego que contempla las condiciones jurídico-económicas para la licitación de la nueva terminal ubicada en la ampliación norte del Puerto de Valencia, que explotará Terminal Investment Limited (TIL), del grupo MSC, y supone una inversión público-privada de más de 1.600 millones de euros, la mayor inversión privada de la historia del sistema portuario español.

La reunión se ha celebrado tres días después de recibir la autorización de la contratación por parte del Gobierno de España el pasado martes. “Nos hemos puesto manos a la obra, no hay un minuto que perder”, ha resaltado la presidenta de la APV, Mar Chao, según ha informado la Autoridad Portuaria en un comunicado.

El anuncio de licitación se publicará en breve en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) y en la Plataforma de Contratación del Sector Público de España. El plazo de presentación de ofertas para todas las empresas que estén interesadas finaliza el próximo 6 de marzo de 2024 a las 13 horas. El presupuesto base de licitación del proyecto constructivo de la nueva terminal (dragado, muelle y relleno consolidado) asciende a más de 660 millones de euros (IVA incluido).

El proyecto de nueva terminal al que se refiere el pliego aprobado este viernes recibió el visto bueno y aprobación del Consejo de Administración de la APV en sesión celebrada el 2 de diciembre de 2022. Diseñado bajo un esquema de colaboración público-privada, el proyecto contará con una inversión total de más 1.600 millones de euros. La Autoridad Portuaria de Valencia se encargará de construir la infraestructura básica (dragado, muelle y relleno consolidado), mientras que la compañía TIL, de la naviera MSC, invertirá en la superestructura, instalaciones y material móvil.

Se trata de una terminal de 5 millones de TEUS (contenedores equivalentes de 20 pies) de capacidad, que se añaden a los 7,5 millones de TEUS de capacidad actual, completamente electrificada con energía de origen 100% renovable, un área de depósito totalmente automático y una terminal ferroviaria adyacente de seis vías de 1.000 metros de longitud, que será la de mayor tamaño en España.

La nueva terminal pública de contenedores permitirá operar a los buques de última generación MEGAMAX, de hasta 430 metros de eslora y más de 24.000 TEUs (contenedores equivalentes de 20 pies).

La terminal norte de contenedores, que se ubicará en aguas abrigadas de la ampliación norte cuyas obras finalizaron en 2012, tendrá una superficie de unas 137 hectáreas y 1.970 metros de línea de atraque, con una capacidad para albergar cinco millones de contenedores.

La infraestructura contará con diseño, tecnologías y equipamiento de “última generación”, una instalación totalmente electrificada que permitirá suministrar a los barcos y el objetivo es que el origen de su electricidad proceda al 100% de fuentes renovables. El 98% de la maquinaria de la Terminal será eléctrico y el 2% de hidrógeno, mientras que el origen de la electricidad será 100% de fuentes renovables. El sistema de gestión ambiental será al máximo nivel (certificación EMAS).

En su proyecto, TIL ofrece desarrollar una terminal ferroviaria dotada de 6 vías de 1.000 metros de longitud, con capacidad para mover 305.000 TEUs/año por ferrocarril.

La aprobación del Consejo de Ministros llegó un año después de que el consejo de administración de la APV diese luz verde el proyecto constructivo. Desde entonces, la tramitación aguardaba el visto bueno final del Ejecutivo central, paso necesario al tratarse de una inversión pública superior a los 12 millones de euros.

El proyecto ha sido ampliamente reivindicado por el empresariado y apoyado por PSPV, PP y Vox, si bien ha contado con el rechazo de Compromís, Podem y Sumar, así como de colectivos ecologistas y vecinales, como los aglutinados en la Comissió Ciutat-Port. La coalición valenciana y Podem ya advirtieron que llevarían su oposición al proyecto a los tribunales.