Los equilibrios del PP valenciano para tapar el negacionismo de Vox a la violencia de género
La Consejería de Servicios Sociales, en manos populares, extiende sus competencias ante la inacción de Justicia, departamento controlado por los ultras que ha eliminado el término de sus presupuestos
El término violencia de género ha desaparecido en los presupuestos de la Consejería de Justicia, liderada por Vox en la Generalitat Valenciana, pese a ser la competente en la atención a las víctimas de delitos relacionados con la violencia machista. La expresión ha sido suprimida en su totalidad pese a que el presidente del Gobierno valenciano, el popular Carlos Mazón, aseguró que no iba a dar “ni un paso atrás”. Tampoco ha recibido la consejera de la ultraderecha, Elisa Núñez, a ninguna asociación de víctimas, aunque sí que lo hizo con una de hombres maltratados.
Para tratar de equilibrar el negacionismo en, al menos, esa parte del Gobierno, la Consejería de Servicios Sociales se afana en compensar el ninguneo. Este departamento autonómico está en manos de la también vicepresidenta segunda Susana Camarero, quien ocupó la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad durante el Gobierno de Mariano Rajoy y ha destacado por su implicación en la lucha por la violencia machista.
Los encontronazos entre el PP y Vox por el tema han sido ya varios en la Comunidad Valenciana, cuando apenas llevan cuatro meses de convivencia. El primero surgió incluso antes de conformar el gobierno cuando el diputado de la ultraderecha José María Llanos afirmó que la violencia machista no existe. Todo el PP, no solo el valenciano, se apresuró a recriminar sus palabras. El segundo enfrentamiento surgió con las pancartas de protesta por los asesinatos de violencia de género que incluían este concepto, y de las que Vox se separaba durante los minutos de silencio. Pese a que la propia Camarero conminó a los diputados de la ultraderecha a reconsiderar su posición, el PP cedió y cambió la pancarta para que los partidos que sustentan el gobierno se posicionaran detrás de la misma bajo el lema: “No a la violencia contra las mujeres”. También surgió la tensión cuando la consejera de Justicia cuestionó el valor de las tres oficinas de Denuncias y Asistencia a las Víctimas de Violencia de Género que existen en la Comunidad Valenciana. “Estamos estudiando las diferentes posibilidades que hay sobre ellas. Sí que es cierto que existen entre esas propuestas la posibilidad de que se mantengan y con la posibilidad de ampliar o reducir sus competencias”, dijo. Dos semanas después afirmó que las mantendría abiertas y pasados unos días aseguró su intención de “potenciar la red de oficinas de asistencia a todas las víctimas del delito para que puedan recibir una asistencia multidisciplinar en función de sus necesidades, según sea violencia contra mujeres, acoso escolar, acoso laboral, violencia de hijos a padres o delitos de trata”.
Además, el Gobierno valenciano tuvo que convocar un pleno de urgencia para aprobar la destitución del subsecretario de la Consejería de Justicia, a petición de la titular de este departamento, Elisa Núñez, quien, según el relato de la consejera, había ocultado una sentencia de conformidad de 2011 por “violencia de género”. El cese llegó tres meses después de que la dirección del PP se marcara como “línea roja” para el acuerdo con Vox en la Comunidad Valencia el veto a la entrada en el Gobierno del cabeza de lista de la ultraderecha, Carlos Flores Juberías, condenado por violencia psíquica contra su esposa.
Mientras, el departamento de la popular Camarero ha ido supliendo las carencias de Justicia y, pese a que desborda las competencias de la consejería, tres cargos públicos (una secretaria autonómica, el Comisionado para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer y una directora general) visitaron el Centro de Atención Integral a Mujeres y Menores Víctimas de Violencia de Género de la Asociación Alanna en Valencia, una de las que tienen mayor arraigo en la ciudad. Una portavoz del colectivo admite que todavía no han solicitado reunirse con Justicia pero mantienen que la relación con los responsables políticos, hasta ahora, no ha sido solo unidireccional sino que ha sido por un interés mutuo.
Ni rastro en los presupuestos
En la memoria de actuaciones y objetivos del departamento de Justicia que ahora preside Núñez siempre había aparecido la violencia de género. Ahora solo se habla de “violencia sobre la mujer”. Para la diputada socialista Alicia Andújar supone que “el negacionismo de Vox está inoculado en el presupuesto” en el que, por ejemplo, sí especifican las partidas cuando se trata de víctimas del terrorismo. “No conciben ese plus de antijuridicidad”, señala Andújar. “No es lo mismo la violencia sobre la mujer que la violencia de género, que se ejerce contra una mujer por el simple hecho de ser mujer y querer doblegarla”, añade. La socialista apunta la sinrazón del planteamiento de la consejera de Vox, que siempre habla de atender “a todas las víctimas”, cuando el 70% de las que acuden a las oficinas son de violencia de género.
Por el contrario, el análisis de los presupuestos de la Consejería de Servicios Sociales desvela una atención y referencia continuas a la violencia de género y unas cuentas que no han esquilmado las partidas para la lucha contra esta. Para la diputada de Compromís Verònica Ruiz, es “lamentable” que se tengan que hacer estos equilibrios mientras se desprende un mensaje negacionista a las víctimas. Ruiz también apunta que en otra de las consejerías que dirige Vox, la de Cultura y Deporte, sí que ha habido recortes en los programas sobre igualdad, que además han pasado a reconvertirse en programas sobre familia.
