Juicio al presunto triple homicida que intoxicaba con grandes dosis de cocaína

Marta Calvó desapareció el 7 de noviembre de 2019. Su último rastro fue un mensaje con su localización que le envió a su madre cuando entraba en una casa ubicada en la población valenciana de Manuel. Tenía 25 años. Allí vivía alquilado Jorge Ignacio Palma, quien abrió la puerta a Marisol Burón cuando, unos días después, fue a preguntar por su hija, de la que no sabía nada. Palma negó que la conociera y se esfumó. Empezó entonces una carrera contrarreloj para buscar a la joven y para localizarlo a él. El cuerpo de Marta Calvo nunca se halló, pero el lunes Palma, de 38 años, se sentará en el banquillo ante un jurado popular.

La Fiscalía pide penas que suman 130 años de prisión como responsable de tres delitos de homicidio: el de la valenciana Marta Calvo, la brasileña Arliene Ramos (32 años) y la colombiana Lady Marcela (24), 11 delitos de abusos sexuales y un delito contra la salud pública. Las acusaciones particulares califican el principal delito de asesinato con alevosía y reclaman prisión permanente revisable. Está previsto que el juicio dure hasta mediados de julio.

No ha sido nada fácil armar una acusación sin el cuerpo del delito del caso que inició las pesquisas. Se buscó durante meses en contenedores, campos, pozos y, sobre todo, en el vertedero de Dos Aguas, ante la desesperación de la familia, después de que el colombiano se entregara a la Guardia Civil el 4 de diciembre de 2019. Confesó que había descuartizado a la joven cuando se despertó y la encontró sin vida después de una noche de practicar sexo consumiendo grandes dosis de cocaína. El colombiano contó que le había entrado un ataque de pánico por sus antecedentes como narcotraficante y había arrojado el cadáver en contenedores de varias poblaciones valencianas. Desde entonces, está detenido. La defensa pide su absolución y argumenta que el acusado es “consumidor de sustancias estupefacientes y tóxicas”, por lo que considera que concurre la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal de toxicomanía. Añade que nunca mató ni tuvo intención de matar a nadie.

La Guardia Civil y la Policía Nacional activaron todas las alarmas e investigaron los posibles casos en que se hubiera empleado el mismo modus operandi. Empezaron a cruzar información, a promover denuncias y a analizar los movimientos del detenido a través de su móvil. El juez de instrucción explica en los hechos justiciables del auto de apertura del juicio oral que el acusado tenía “inclinación a mantener relaciones sexuales con prostitutas, llevando a cabo contactos a través de páginas web y mensajes telefónicos, interesando que se verificasen dichas relaciones a través de la denominada ‘fiesta blanca’, con consumo de cocaína que él mismo aportaba a dichas citas y que, de forma no consentida, introducía en los órganos sexuales, provocándoles un aumento del ritmo cardiaco y de la presión arterial, limitando su capacidad defensiva y volitiva, siendo consciente de las consecuencias letales de dicha práctica”.

A continuación, el juez describe los 11 casos (tres de ellos con resultado de muerte) de los que se acusa a Palma, desde verano de 2018, cuando contactó con una mujer en Valencia que tuvo que acudir a un hospital por un síncope tras extraerse piedras de cocaína de su vagina y de su ano. Este procedimiento se repite en varios casos, así como la reacción de varias víctimas que llegan “a convulsionar” y a perder el conocimiento y el probable uso de otras sustancias. Se ha comprobado que el detenido huyó precipitadamente de una casa cuando la víctima empezó a convulsionar sin prestarle ayuda en marzo de 2019. La joven falleció en el hospital días después. Se han hallado grandes dosis de cocaína en las víctimas y se apunta que en algún caso la pureza de la cocaína superaba el 90%, lo que comporta un aumento del riesgo de sobredosis e intoxicación.

En los razonamientos jurídicos del auto, en el que se ordenó abrir una pieza de responsabilidad civil por importe de 350.000 euros, el juez instructor incide en que se deduce “de todo lo actuado que el investigado reiteró esas prácticas sexuales conociendo perfectamente sus consecuencias letales y asumiendo el posible fatal resultado que derivó en el fallecimiento de tres de sus víctimas, verificando dichas prácticas durante un periodo inferior a un año y sobre, al menos, once mujeres”. Recoge hasta tres posibles “delitos de homicidio/asesinato, cuanto menos bajo dolo eventual y con base a los indicios”, en función de las peticiones de las acusaciones.

La madre de Marta Calvo ha declarado estos días que su mayor deseo es que Palma diga dónde está el cuerpo de su hija y así “al menos cerrar este capítulo” y poder “comenzar” su duelo. “Porque tengo claro que así no se puede vivir”, ha manifestado a la televisión autonómica À Punt. Burón ha promovido públicamente, junto a familiares de otras jóvenes asesinadas como Marta del Castillo y Diana Quer, la revisión del Código Penal para endurecer las penas a los asesinos que oculten el cadáver, una iniciativa que ha sido admitida a trámite en el Congreso de los Diputados.