Corrupción y urnas

Pablo Iglesias, exlíder de Podemos, desveló tiempo atrás en una entrevista radiofónica que Iván Redondo, antaño director del gabinete de Pedro Sánchez, aplicaba una táctica política inspirada en el “ajedrez aleatorio”. Consiste en una variante del juego de estrategia ideada por el campeón ajedrecista Bobby Fischer. En esencia, exige hacer jugadas inverosímiles que cambian por completo la realidad del tablero. “A partir de ahí”, explicaba Iglesias, “la habilidad y velocidad de los jugadores es determinante”. La moción de censura presentada por el PSOE a Mariano Rajoy en 2018 fue fruto de dicha táctica, con el resultado que todos conocemos.

En el tablero político valenciano, a la vista de los últimos acontecimientos, parece que alguien se afana en practicar el “ajedrez aleatorio”, sembrando confusión y pánico entre los principales actores políticos.

El levantamiento parcial del secreto de sumario del caso Azud suma picarescos detalles a lo que ya sabíamos. Esta macrocausa judicial investiga una trama de presunta corrupción en la que un ramillete de empresarios, a cambio de satisfacer mordidas y regalos a políticos del PP y del PSPV-PSOE, se beneficiaba de adjudicaciones irregulares de contratos públicos en el ayuntamiento de Valencia, presidido por la entonces alcaldesa Rita Barberá y mangoneado por su primer teniente de alcalde y principal investigado, Alfonso Grau. La operativa se extendía a otros municipios de la Comunidad Valenciana. Hasta aquí, lo sabido/intuido. Los diarios desgranan estos días píldoras del amplio sumario y vamos de sorpresa en sorpresa, al descubrir, por ejemplo, que ex referentes de Compromís —todo son “ex”— como Pere Mayor también aparecen en los papeles judiciales, o que un testigo afirma que el PSPV-PSOE sufragó parte de la campaña de Unión Valenciana en 2007 —con factura endosada a una de las empresas de la trama— para fortalecer a la organización fundada por Lizondo en detrimento de un PP valenciano que se ofrecía imbatible ante las urnas.

Unidas Podemos, Cs y Vox escapan a esta hoguera de las vanidades de cargos públicos, presuntamente venales, levantada a base de relojes carísimos, maletines de piel noble, añadas de vino reflejadas en la Guía Peñín y comisiones millonarias que convierten a Luis Medina y su socio, los de las mascarillas madrileñas, en míseros aprendices de brujo. El montante de las comisiones ilegales en metálico ascendió, al menos, a siete millones de euros, según el sumario, al margen de la mayoría de regalos a cambio de favores urbanísticos entre 1999 y 2013. Solo en el Ayuntamiento de Valencia. En esas fechas los tres partidos reseñados o no existían o apenas empezaban su trayectoria política.

Podemos rasgarnos las vestiduras y exigir limpieza y responsabilidades. Pero nada de todo eso conjurará el daño que este tipo de noticias provoca entre una ciudadanía exhausta de soportar la carga de crisis sucesivas.

Cada titular ilustrativo de prácticas corruptas por parte de cargos públicos refuerza el falaz argumento de “todos son iguales”, incrementa la cultura de la desafección política y socava los cimientos de un sistema democrático que corre el riesgo de implosionar.”

¿Pasa factura electoral la corrupción política? Según expertos en la materia, los hay que opinan que sí, aunque de forma muy restringida, frente a los que aluden a su autoría para generar cambios de ciclo político como los vividos en la Comunidad Valenciana —caso Gürtel— y Andalucía —caso de los ERES—, acaecidos en paralelo a la repercusión pública de las tramas citadas.

Igual dentro de un año, cuando nos convoquen a las urnas, nos encontramos con la sorpresa de que la abstención es la opción más electa o que el votante actúa más por descarte que por convicción. Habrá quien aún se pregunte qué ha pasado.