‘Caso Azud’: sobornos a políticos registrados como gasto empresarial

Un azud es una barrera que se hace en los ríos para desviar parte del caudal. Las ramificaciones de una investigación por una denuncia anónima en la Agencia Tributaria contra el cuñado de Rita Barberá, José María Corbín, hicieron que la Guardia Civil acabara poniéndole este nombre. Fue el mismo guardia civil que bautizó el caso Erial, el caso Taula o el caso Lezo, todos ellos inspirados en algún detalle metafórico de las corruptelas detectadas, sobre todo, entre cargos del PP.

Las operaciones de Azud, investigadas en Valencia, tenían un común y aportador caudal, pero no de agua, sino de dinero convertido en comisiones ilícitas, mordidas, sobornos. El origen, el empresario Jaime Febrer, un hombre que hacía gala de saber manejar a los políticos, tanto del PP como del PSOE y que ofrecía contactos a otros constructores, según fuentes empresariales. Amante del golf y de los últimos modelos de Porche, diseñó el operativo, extendido entre 1999 y 2013, con el que, primero, generaba dinero en metálico para pagar las comisiones y, luego, manejaba a políticos y funcionarios, a los que también agasajaba con obsequios, hasta el punto de “colonizar diversas instituciones públicas”, tal como describe el fiscal Anticorrupción a lo largo del sumario, cuyo secreto se ha levantado esta semana.

El azud Febrer desviaba a izquierda y derecha, aunque la participación, implicación y el caudal derivado al margen derecho es muy superior al de la izquierda. En total unos siete millones de euros, en lo que ha podido desvelar la investigación. Ahora, es defendido por el hasta este sábado portavoz socialista en las Cortes, el abogado Manolo Mata.

Y, entre todas las operaciones investigadas, la jueza que instruye el caso destaca una, la denominada “colegios”: “Esta trama es paradigmática en la medida que entran en su consecución la práctica totalidad de las personas investigadas y fundamentalmente aquellas a quienes se les abonaron grandes cantidades de dinero como comisiones ilícitas”, señala en un auto.

También resulta paradigmático cómo los empresarios, dispuestos a pagar mordidas, a que su caudal se reparta entre políticos y funcionarios, las incluyen como costes. Así lo demuestra uno de los documentos intervenidos durante los registros que exhibe una tabla de costes “cuya razón de ser no es otra que la de recoger el importe y motivo de los diferentes costes que presenta la operación”, según relata la Guardia Civil. En esa tabla aparecen tres cantidades que “se agrupan bajo un concepto genérico denominado como ‘otros gastos”, señala el mismo informe. En un momento dado, al lado de esas tres cantidades aparecen: 360.000 euros para “N”, 300.000 euros para “R” y 1,2 millones de euros para “A” que los agentes atribuyen a Néstor Ramírez, decano de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Valencia, Rafael Rubio, portavoz del grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Valencia y Alfonso Grau, vicealcalde del mismo ayuntamiento y mano derecha de Rita Barberá. En el caso del socialista, su papel, según la juez, era no poner “escollo alguno” a las operaciones urbanísticas.

Mordidas normalizadas

Como si de un pago normal se tratara, igual que se pagaban proyecto, impuestos y honorarios, los empresarios calculaban las mordidas como un gasto más del negocio. Fue en 2007. La investigación del caso Gürtel había comenzado pero aún no se había destapado. Fue el año de la celebración de la Copa América en Valencia. Y el posterior a la visita del Papa y anterior a la celebración del primer gran premio de Fórmula 1 en el circuito urbano de la capital.

El pelotazo para Febrer y sus socios, entre los que se encontraba la empresaria Mónica Montoro, también imputada, fue relativamente fácil, ya que se les evitó cualquier fiscalización que hubiera tenido un expediente normal. Para ello “se logró que el Ayuntamiento de Valencia tramitara de forma oculta un expediente administrativo (...) con la participación activa de Jorge Bellver” que, entonces, era concejal de Urbanismo y actualmente es diputado autonómico, por lo que ha de ser investigado por el Tribunal Superior de Justicia, trámite que ya se ha iniciado.

La operación partió de una deuda de cerca de 31 millones de euros contraída por el Ayuntamiento de Valencia y motivada por una resolución judicial que establecía indemnizaciones a varias congregaciones religiosas a las que se les había restringido el aprovechamiento urbanístico en el terreno en el que tenían sus colegios. Tal como señala la jueza, Alfonso Grau “consiguió ostentar la representación del Ayuntamiento de Valencia en todo el procedimiento”. Y fue él quien abanderó la idea de indemnizar a los colegios en metálico, una deuda de la que se hizo cargo una empresa, Mediterránea de Actuaciones Integradas, a la que se le compensó con tres parcelas municipales de uso residencial sobre las que cambiaron el planeamiento con el fin de desafectar el uso dotacional asignado. Según un informe de la gerencia del catastro, “la compensación a los colegios demandantes con una transferencia de aprovechamiento no era solo lícita, sino lógica”. Pero el Ayuntamiento de Valencia, liderado por Rita Barberá, decidió que, tal como señala el citado informe, “el provechoso negocio de la obtención de edificabilidad de vivienda libre en zonas privilegiadas pasa a una empresa, a la que se adjudican los solares directamente, sin cumplir con el requisito legal de enajenarlos en subasta pública”. Las artimañas para favorecer a la empresa no acabaron ahí. El caudal tenía que fluir sin obstáculos. Y no los encontraron en la consejería de Educación, también en manos del PP, que suscribió un innecesario uso escolar para las parcelas que los empresarios, ayudados por Alfonso Grau, habían escogido minuciosamente. “El proceso fue al revés: no se partió a de parcelas innecesarias que se podían utilizar para otro fin, sino que se declararon innecesarias las previamente elegidas”, señala el informe de la gerencia del catastro.

14 millones perdidos

Para culminar el chanchullo, los solares tenían que tasarse pero se eligió “el sistema residual dinámico, que es el más opaco e ininteligible”, según el mismo escrito. “El que permite mayor subjetividad y es más manipulable”, añade, de manera que el valor de los solares para uso de vivienda libre se tasaron 14 millones de euros por debajo de “su valor real de mercado”.

Además de los ya citados, la jueza considera que hubo otras dos personas que cobraron por la operación “colegios”. José María Corbín conoció a Jaime Febrer a través de Alfonso Grau Alonso, “todo ello por su condición de estar casado con María Asunción Barberá Nolla, hermana y Jefe de Gabinete de la Alcaldesa de Valencia Rita Barberá, lo que le permitía conseguir o facilitar los intereses económicos” del empresario Febrer. Según consta en el sumario, la investigación ha concluido que Corbín cobró 87.000 euros a través de un contrato por un asesoramiento que la Guardia Civil cree que no existió.

En el caso del abogado José Luis Vera, la Guardia Civil detalla que, de las anotaciones en las “tablas de coste” su participación en la operación colegios, podría haberle reportado 150.000 euros. La jueza le atribuye como cometido “posibilitar y materializar los negocios de Febrer” por sus “importantes vínculos e influencias” con los socialistas valencianos y señala que los cobros se realizaron “bajo supuestas relaciones comerciales, contratos y facturaciones ficticias realizándose pagos por servicios inexistentes”.