La acusación particular pide de cuatro a seis años de prisión para el entorno de Barberá por blanqueo

La acusación particular en el caso del pitufeo, que ejerce Compromís per València, pide en su escrito al juzgado de Instrucción número 18 de Valencia penas de cuatro a seis años de prisión para medio centenar de ediles y asesores del entorno de la que fuera alcaldesa de Valencia Rita Barberá por los delitos de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y cohecho.

Entre los procesados de una de las piezas del caso Taula se encuentran el vicealcalde hasta 2015 Alfonso Grau y la entonces secretaria del grupo municipal del PP en Valencia María del Carmen García Fuster, así como otros 47 ediles, asesores y empleados del partido en la capital. La acusación particular se adhiere así al escrito del ministerio público y a la petición de penas que formuló hace solo unos días después de que el Instructor pidiese a las partes que se pronunciasen sobre la apertura del juicio oral.

La acusación solicita cuatro años de cárcel para 45 acusados por el blanqueo de capitales de 2015 y seis años para Grau y García Fuster. Hace corresponsable al PP, al que pide una multa; otros cinco años de prisión para Grau, Eduardo Santón, exconcejal vinculado a fundaciones y empresas municipales, y José Salinas, gerente de la Fundación Turismo Convention Bureau, por un delito continuado de malversación de caudales públicos, así como cuatro y un año de cárcel para Grau y García Fuster por cohecho.

Según el escrito de la acusación, al menos desde la década de 1990, el Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia ha estado financiándose de manera ilícita, obteniendo dinero no fiscalizado por la intervención municipal proveniente de distintas fuentes, “todas ellas consistentes en diversas formas de corrupción”.

El documento mantiene que el grupo municipal del PP, a través de algunos de sus miembros, pudo obtener grandes cantidades de dinero en metálico a través de regalos; un dinero generalmente entregado por empresas contratistas del Ayuntamiento de Valencia o empresas y fundaciones municipales.

El destino de este dinero, obtenido de manera ilícita, sirvió para efectuar un gasto muy por encima de lo autorizado legalmente en cada una de las campañas electorales del PP local en 2007, 2011 y 2015 con el propósito de tener “una ventaja electoral” sobre el resto de formaciones políticas que concurrían a los comicios. El dinero obtenido de forma delictiva tenía necesariamente que aflorar de alguna manera al tráfico mercantil lícito para lo que se emplearon varios sistemas de lavado de dinero.

En las elecciones de 2007, el grupo municipal recurrió a la sociedad Laterne, que gestionaba Vicente Sáez Tormo, amigo íntimo del vicealcalde Grau, para desviar fondos públicos y canalizar “las generosas aportaciones que realizaban empresarios que contaban con importantes contratos con el Ayuntamiento de Valencia”. Con las cantidades recaudadas se financió parte de la campaña electoral en la ciudad de Valencia “y otra parte del dinero se incorporó al patrimonio tanto de Grau como al de su amigo y socio Vicente Sáez Tormo, el cual desapareció al final de la campaña del año 2007 y con él las empresas creadas”, sostiene el escrito.

Con este modus operandi, el grupo popular logró eludir los controles del Tribunal de Cuentas y de la Ley de Financiación de Partidos Políticos. Los gastos electorales declarados para toda la provincia de Valencia ante el Tribunal de Cuentas por el PP ascendieron a 133.762 euros, cuando la cantidad real destinada a la campaña electoral del partido solo en la ciudad de Valencia “oscilaría entre los 2.683.750 euros y los 2.380.903 euros”.

En los comicios locales de 2011, Grau, designado nuevamente coordinador de campaña, contrató con otra sociedad, Trasgos, desaparecida Laterne por el fallecimiento de Sáez Tormo en 2008, para el diseño y organización de los actos electorales. Se contrató, según el escrito de acusación, por 170.000 euros, aunque de nuevo el gasto final superó ampliamente dicha cifra. Para financiarla se recurrió a “cantidades dinerarias de procedencia delictiva, correspondientes al clientelismo político instaurado en el Ayuntamiento de Valencia, que dada su mayoría absoluta permitía exigir dinero a cambio de favores en la contratación”, apunta la acusación.

En 2015, el partido en la capital recurrió a donaciones a través de transferencias bancarias de 1.000 euros de casi medio centenar de concejales y asesores del grupo municipal, una cantidad que, según la instrucción, fue devuelta luego a los donantes en dos billetes de 500 euros de procedencia desconocida, presumiblemente de una caja b en una operativa conocida como pitufeo.