El juez procesa al ‘yonki’ del dinero y a otras cuatro personas por mordidas en el Ayuntamiento de Valencia

El juzgado de instrucción número 18 de València ha acordado la apertura de procedimiento abreviado contra cinco investigados en la pieza E del denominado caso Taula —entre ellos el exgerente de Imelsa y autodenominado yonki del dinero, Marcos Benavent— por presuntas irregularidades y cobro de comisiones ilegales en contratos adjudicados por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia.

Los hechos, sucedidos entre 2003 y 2007, revisten indicios de delitos de prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

En concreto, el magistrado procesa a Benavent y a otras cuatro personas vinculadas a las empresas adjudicatarias de los contratos, mientras que sobresee las actuaciones para otros seis investigados, entre ellos la que fuera concejala de Cultura en aquella época, ya fallecida, María José Alcón. A partir de ahora, la Fiscalía y la acusación particular tienen 20 días para instar la apertura de juicio oral o el archivo de la causa.

Esta pieza del conocido como caso Taula —hay una decena de piezas separadas— avanza hacia el juicio oral solo unos días después de que el mismo juzgado dictara auto de procesamiento —que ha sido recurrido— contra 49 exconcejales y exasesores del equipo de gobierno de la que fuera alcaldesa de la capital Rita Barberá, fallecida en 2016, por presunto blanqueo de capitales.

Además, el que fuera gerente de Imelsa, extinta empresa de la Diputación de Valencia, Marcos Benavent, ha cambiado radicalmente su versión de hace seis años que posibilitó la apertura de varios casos de presunta corrupción relacionados con él mismo y sus compañeros del PP valenciano. Se trata de casos como Taula o Erial, que afectan al expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus o al expresidente de la Generalitat valenciana Eduardo Zaplana, entre otros numerosos cargos investigados o procesados. Benavent ha pedido la nulidad de las grabaciones que él realizó porque fueron manipuladas posteriormente por él mismo, declaró esta semana ante el juez instructor.

Los contratos que ahora están en tela de juicio son varios. En primer lugar, los concernientes a la obra de mantenimiento y limpieza de las fachadas de la Lonja de València en noviembre de 2033 a Estudios Métodos de la restauración (EMR), a la que estuvo vinculada el investigado Carlos Vicente G.

El instructor no considera que el hecho de que el empresario se desprendiera después de las participaciones sociales de EMR enerven los indicios de autoría de la entrega de dinero, “dado el supuesto compromiso anterior, la proximidad de fechas entre la transmisión de participación y el hecho de la entrega, y por los propios comentarios de Marcos Benavent al respecto como problemas para recibir la comisión que aparecen reflejadas en las grabaciones” obrantes en la causa.

Para el magistrado, los hechos concernientes a las Obras de limpieza y consolidación de las Torres del Portal de Quart merecen la misma apreciación indiciaria de ser constitutivos de delito. Dicha actuación fue adjudicada a la UTE Cleop y Contratas y Obras Empresas Constructora S.A., con Carlos T., otro de los investigados, como legal representante.

En el caso de los hechos relativos a las contratas adjudicadas en el año 2006 con ocasión de la celebración de la XXVII Mostra de Valencia, el juez hace notar que se caracterizan en esta investigación “por un hecho distintivo”, ya que no existe “una prueba contundente, a diferencia de los casos anteriores”, de la recepción por parte de Benavent de las supuestas comisiones.

“Todo se basa (...) en las declaraciones del principal investigado, Benavent, aunque en este caso habría que preguntarse por qué no grabó, o no quiso grabar, las conversaciones en las que supuestamente hacía entrega de esas comisiones a la concejal”, plantea.

Así las cosas, el único elemento indiciario son el contenido de las conversaciones de algunos investigados acerca de estas contratas en julio de 2006, que indican los criterios, “aparentemente venales”, con los que toman la decisión de las empresas adjudicatarias; y desde luego con la intención declarada por María José Alcón y comprendida por Marcos Benavent de poder tomar al menos “unas cervecitas este verano”.

En cualquier caso, el instructor aprecia en dos de los investigados, Enrique Aleixandre Chu. y Rafael G., “una base indiciaria mínima para la imputación de ambos en este momento”.