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Segundo juicio a Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de Valencia, por corrupción

El expresidente del PP de Valencia se sentará en el banquillo por prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias

El País
Alfonso Rus, en una imagen de archivo.
Alfonso Rus, en una imagen de archivo.Mònica Torres

La juez del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia ha abierto juicio oral y, por tanto, mandado al banquillo, contra el expresidente de la Diputación Provincial Alfonso Rus y otros siete acusados en el marco de una de las piezas separadas del caso Taula, relativa a las presuntas irregularidades detectadas en la adjudicación y prestación de un servicio de call center para la empresa pública Imelsa. La instructora considera que el que también fue presidente provincial del PP en Valencia es presunto autor de delitos continuados prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

Hace apenas una semana, la misma juez cordón juzgar a 26 personas investigadas en relación a las contrataciones irregulares de las empresas públicas Imelsa y Ciegsa, que forman parte del mismo caso Taula. Entre ellos, figuran Alfonso Rus para quien la Fiscalía Anticorrupción pidió por los delitos de pertenencia a organización criminal y delitos continuados de malversación, prevaricación administrativa y falsedad en documento oficial cometidos por funcionarios públicos.una pena de 12 años de prisión.

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Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, además, la causa se dirige contra otros seis acusados por delitos continuados de prevaricación, malversación, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y/o blanqueo de capitales, así como contra la empresa Servimun SL como responsable civil subsidiaria. En el auto, la juez requiere a seis de los encausados para que presten una fianza de 1,1 millones de euros. Otro de los procesados es el que fuera gerente de Imelsa Marcos Benavent, conocido como el yonqui del dinero los delitos que le atribuye la acusación pública son prevaricación y malversación, también con carácter continuado.

La resolución, que es firme, señala como órgano competente para el enjuiciamiento de esta causa la Audiencia Provincial de Valencia.


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