Illa multiplica los gestos hacia ERC y comunes para avanzar en los presupuestos

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se comprometió al principio de su mandato a cumplir con el objetivo de tener aprobados en tiempo y forma los presupuestos para que estuvieran en vigor el próximo 1 de enero de 2025. Esta semana, el president ya reconoció abiertamente en la sesión de control del Parlament de que no llegará a tiempo. Ante esa tesitura, Illa está multiplicando los gestos con sus socios de investidura, Esquerra y comunes, para disponer de la herramienta lo antes posible. Con el fin de allanar la negociación, el president se ha avenido a modificar ya al alza la fiscalidad del Hard Rock sin aguardar al debate presupuestario, se abre a la salida de la policía del edificio de Jefatura Superior de Policía de la Via Laietana y está dispuesto a formar un frente común con todos los grupos para afrontar los riesgos de las zonas inundables.

El pasado 8 de agosto, Illa fue investido con los votos de republicanos y comunes para alcanzar el umbral de la mayoría absoluta (68). Con un gobierno en minoría, sustentado en 42 diputados, necesita de forma imperiosa los votos de sus dos aliados. Tras los minuciosos y laboriosos acuerdos de investidura, nada hacía prever que el proyecto de las cuentas encallara a las primeras de cambio, especialmente después de que socialistas y republicanos ya pactaran, aunque sin éxito, las de 2024. El Govern asocia el frenazo a los procesos congresuales de sus dos socios, enfrascados en el relevo de sus cúpulas. No lo ven precisamente así los afectados, que sostienen que no es cierto que ese calendario interno esté alterando radicalmente la negociación. ERC dice, por otra parte, que es inexistente.

La militancia de ERC votará el día 30 a su nueva dirección y, si la lista ganadora no alcanza la mayoría absoluta, volverá a las urnas el día 14. Los republicanos avisan de que no habrá avance en los presupuestos si no se hace lo propio financiación y lamentan que el calendario del nuevo modelo está en el aire. Por eso, han presentado una proposición para reformar la ley hecha a medida del Hard Rock para subir la tasa del juego del 10% a entre el 20% y el 55%. “Fue una decisión inmoral. Queremos revertir y retirar la alfombra roja que desplegó la sociovergencia”, dijo el portavoz republicano, Josep Maria Jové, en el hemiciclo. La propuesta supone acelerar los tiempos porque el Govern, recordó Illa, quería incluir esa reforma en la ley de acompañamiento de los presupuestos. “Mi grupo cumplirá los compromisos. Si va en esta línea, lo haremos con este y con todos”, garantizó.

Posiblemente, el gesto más llamativo del Govern es su nueva posición sobre la comisaría de la Vía Laietana tras apostar sus dos socios de izquierda por reconvertirla en un centro de memoria por las torturas que se cometieron en su interior durante la dictadura franquista. El PSC no se había mostrado a favor del traslado de los agentes, pero este miércoles trascendió que el consejero de Justicia, Ramon Espadaler, ha escrito una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, expresando su voluntad de que el edificio se convierta en un centro de memoria y a favor de que la Policía disponga en Barcelona “de una sede moderna, más funcional y operativa”. La reconversión no figuraba en los pactos de investidura, pero el PSC ya votó a favor, en el debate de política general, de dos resoluciones de sus socios en favor de la desaparición de Jefatura. “No depende solo de nosotros; sino, ya no estaríamos hablando de esto”, respondió Espadaler al diputado de los comunes, Andrés García Berrio.

Los comunes avisan de que el Govern quiere destinar como fondos propios a vivienda menos de los 730 millones que invirtió el de Pere Aragonès. Y que esos números no cuadran si quiere construir 50.000 pisos en seis años. La consejera Silvia Paneque asegura que ese temor no está justificado porque prevén en vivienda mayor de la historia. Mientras ese desencuentro no se despeja, Illa intentó no abrir otro frente con Jéssica Albiach, líder de los comunes, que le instó en la sesión de control a aclarar si mantendrá el artículo seis del reglamento de la ley de Urbanismo, que se modificó en 2017 a instancias del Govern de Junts pel Sí, para facilitar la construcción en zonas inundables o si bien se inclina por una norma más garantista. Tras recordar que el Govern está revisando el mapa de zonas inundables, la normativa y posibles medidas correctoras, Illa dijo que estudiará el citado artículo, que formaba parte del paquete, rechazando que esto sea un “campi que pogui” como dijo la diputada. “En principio, creemos que hay que revisar la cartografía con criterios de hoy y la cámara se tendrá que pronunciar si hay una modificación legislativa”, deslizó aceptando la invitación a reunirse con los grupos para abordar la problemática.