Las universidades catalanas contratarán casi 1.200 profesores en cuatro años

Las universidades públicas catalanas incorporarán 1.168 nuevos profesores en los próximos cuatro años, gracias al programa María Goyri de atracción de talento que han firmado este jueves el Ministerio de Universidades, la Generalitat y los siete campus públicos. La iniciativa busca reducir la alta tasa de temporalidad en las universidades y rejuvenecer las plantillas. “Hemos iniciado un camino para poner fin a una situación de precariedad inadmisible a raíz de un periodo de recortes que provocó un crecimiento desbocado de la figura del profesor asociado que acabó convirtiendo los profesores en mano de obra barata en las universidades”, ha destacado la ministra de Universidades, Diana Morant.

El María Goyri es un programa impulsado por el Gobierno central que incluye la creación de unas 3.400 plazas de profesorado, lo que supondrá una inversión de 900 millones. Las nuevas incorporaciones tendrán un contrato de seis años en la categoría de ayudante doctor. Pero la idea es que las comunidades autónomas también hagan cierto esfuerzo y complementen la cifra de nuevos contratos con unas 2.200 plazas más. En Cataluña, esta alianza se traduce en un total de 1.168 nuevas plazas. El Gobierno sufragará 705 con una aportación de casi 35 millones en seis años, de los cuales casi 11 millones los inyectará ya este este mismo año. Por su parte, la Generalitat asumirá el coste de las 463 restantes, calculado en 23 millones, durante los próximo cuatro años. “Se aumentará un 74% las plazas y supondrá una reducción drástica de la temporalidad y un rejuvenecimiento de las plantillas. Y permite acabar con la isla de precariedad que existe en las universidades catalanas”, ha destacado Morant.

Y es que los efectos de los recortes presupuestarios de los últimos años han planeado en los discursos de políticos y rectores de este jueves. “La crisis de los últimos 15 años ha tenido un fuerte impacto en la reducción de financiación, en la casi desaparición de las inversiones en infraestructuras, en el envejecimiento y precarización de las plantillas…. Pero esto está empezando a cambiar”, ha resumido Quim Salvi, rector de la Universidad de Girona y presidente de la Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP). Salvi ha apuntado también que la iniciativa “marca un antes y un después”. “Las universidades necesitaban un impulso renovador para seguir con el servicio público”, ha valorado.

Según los dirigentes de las universidades, la inversión pública en las universidades está al mismo nivel que antes de la crisis, aunque recuerdan que la inflación no es la misma que entonces. Además, programas destinados al mantenimiento de los edificios, como el PIU, prácticamente desaparecieron durante la crisis y actualmente este en concreto está dotado con 50 millones, a repartir entre siete campus.

Pero otra de las grandes damnificadas han sido las plantillas de las universitarias que se han ido envejeciendo debido a que la tasa de reposición -lo que permite sustituir al profesorado que se jubila- estuvieron a cero durante muchos años. Ello provoca que las medias de edad de los profesores universitarios estén rozando los 60 años en grandes universidades como la de Barcelona o la UAB o los 55 en la Rovira i Virgili. De hecho, según datos del Ministerio de Universidades, en Cataluña hay cerca de 4.000 profesores con más de 60 años, lo que implica que se jubilarán en pocos años. La Generalitat ya advirtió el año pasado que hay universidades en que más del 30% de la plantilla supera esta edad.

Ante la imposibilidad de contratar profesorado permanente, las universidades empezaron a explotar la figura del asociado, con sueldos precarios que pueden rozar los 500 euros, llegando a extremos de universidades en que hay más docentes temporales que funcionarios. De hecho, la ministra ha asegurado que en 2022 la tasa de temporalidad de las universidades catalanas era del 66%, la segunda más alta del país, solo superada por las Islas Baleares. “Hemos iniciado el camino para poner fin a una situación de precariedad inadmisible debido a un periodo de recortes y políticas equivocadas y un crecimiento exponencial del profesorado asociado que convirtió los profesores en mano de obra barata en las universidades”, ha reconocido Morant.

Las administraciones están obligadas a reducir esta temporalidad, tanto por indicaciones de Bruselas, como por la nueva ley de universidades, la LOSU, que obliga a los campus a reducir dicha precariedad y tener un mínimo del 51% de personal funcionario (actualmente las universidades catalanas están en el 30%). La Generalitat ya hizo un primer paso hace un año cuando presentó un plan de choque dotado con 65 millones para crear 820 plazas de profesorado permanente durante tres años.

Ahora se pone en marcha un nuevo programa que reforzará este camino para aumentar las plantillas estables y que ha sido bautizado con el nombre de la filóloga María Goyri, quien, como ha recordado la ministra, “fue una pionera y una de las primeras mujeres licenciadas en un momento en que las mujeres todavía debían pedir permiso para estudiar”.