El Govern se compromete a “dar pasos” para equiparar los sueldos públicos con los de las entidades concertadas en el tercer sector

La economista Mònica Martínez Bravo, nueva consejera de Derechos Sociales en el Gobierno de Salvador Illa, podría haber escogido el camino fácil o el difícil, y escogió el segundo. Y eso que una de las profesoras con las que coincidió durante su doctorado, Esther Duflo —laureada con el premio Nobel de Economía por el enfoque experimental para la mejora de la protección social— se lo recordaba a menudo: “Quien quiera hacer una cosa más fácil, que se vaya a trabajar en finanzas”. Martínez ha recordado esta anécdota para poner en valor a los profesionales del tercer sector, y para señalar que la gestión del sistema de protección social es muy compleja, además de que siempre está aquejada de falta de recursos. Lo ha hecho en su comparecencia en el Parlament —en la que ha desgranado los objetivos de la legislatura por primera vez desde que asumió el cargo hace un mes—, un lugar que atestigua la complejidad que acompaña al cargo de consejero de Derechos Sociales: desde su creación el departamento ha cambiado siete veces de nombre —con Martínez, añade el concepto de Inclusión— y hasta 12 consejeros se han ocupado de este ámbito sin que se haya logrado erradicar la pobreza estructural.

La nueva consejera ha apostado por el diálogo y el consenso con otras fuerzas políticas para acordar medidas “en base a las evidencias científicas”, ha asumido como propios los puntos que le atañen del acuerdo de investidura entre PSC, ERC y los comunes y ha detallado cuáles son los deberes más urgentes que acometerá antes de finalizar el año: llevar al Parlament la ley de la agencia social y santiaria, agilizar la financiación de las entidades con una ley de instrumentos de provisión del sistema público de servicios e incrementar, con base al IPC, el indicador de renta de suficiencia de Cataluña (IRSC), el baremo con el que se calculan las prestaciones sociales.

Además, Martínez ha querido dejar claro que mantendrá los compromisos alcanzados por su antecesor en el cargo, Carles Campuzano, con los trabajadores del tercer sector. El acuerdo al que llegó el año pasado el exconsejero con sindicatos y patronales para incrementar un 5% las tarifas públicas (el dinero que paga la administración a las empresas que son proveedoras de servicios públicos en el tercer sector) se hará efectivo con efectos de 2024. “Mantendremos un diálogo con sindicatos, patronales y tercer sector para garantizar que los incrementos de tarifas repercutan mayoritariamente en los salarios”, ha dicho Martínez, quien ha expresado la necesidad de mejorar las condiciones laborales para evitar “la fuga de talento”. Otra de las patatas calientes que tiene el departamento es precisamente la diferencia de salarios que hay entre un trabajador contratado por la Generalitat con un trabajador contratado por una empresa o fundación privada pero que presta el mismo servicio (en un centro de día, una residencia o cualquier otro servicio público del ámbito social). Consciente de este problema, Martínez se ha comprometido a “dar pasos” para equiparar los sueldos.

La nueva titular del departamento ha reconocido que la tarea es difícil: “Cataluña es un territorio rico pero hay indicadores que son claramente preocupantes, como la pobreza infantil, que afecta a uno de cada tres menores, una tasa solo superada por rumanía y bulgaría. Estas cifras no son admisibles”, ha expresado, para añadir que el gasto social en Cataluña es el segundo más bajo de España, por detrás de la Comunidad de Madrid. “¿Cómo hemos llegado hasta aquí, cómo un país rico puede presentar carencias tan grandes en protección social?”, se ha preguntado. La respuesta, ha dicho, es por la concepción asistencialista que ha habido en este ámbito, y por la incapacidad para desplegar todo el sistema de protección. Ahí donde no llegaba la administración, han intentado llegar las entidades del tercer sector: “Por eso hay una multiplicidad de servicios y una gran atomización”, ha remarcado. La consejera se ha marcado el reto de transformar y optimizar la estructura. Uno de los puntos más urgentes es actualizar la cartera de servicios sociales, que ya empezó a debatirse en la pasada legislatura. Martínez ha explicado que para la transformación del sistema convocará al Consejo General de Servicios Sociales para que creen una comisión de expertos que aborde “de manera urgente” la situación.

Otro reto es que toda la ciudadanía “sienta como propio el sistema de protección social”, entre otras cosas agilizando la burocracia. “El acceso a la protección social es un derecho fundamental para toda la ciudadanía, casi todos necesitaremos acceder a él: todos podemos tener una discapacidad sobrevenida o un shock económico. Toda la ciudadanía tiene que sentir este sistema como propio”, ha dicho.

En cuanto a la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV), Martínez ha indicado que el próximo día 3 de octubre tendrá lugar la primera reunión de la comisión de seguimiento del convenio del traspaso de esta prestación, junto con el Ministerio de Derechos Sociales. El traspaso era una de las condiciones para la investidura de Pedro Sánchez y todavía tiene que concretarse. Esta prestación deberá tenerse en cuenta, ha apuntado Martínez, en la reforma de la Ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), y que decayó cuando estaba siendo debatida en la anterior legislatura en el Parlament con la convocatoria de las elecciones catalanas.

Sobre la atención a la dependencia, la consejera se ha comprometido a crear 6.000 nuevas plazas de residencias y centros de día, y a mejorar (sin concretar el plazo) el tiempo de espera que pasa desde la valoración del grado de dependencia hasta la obtención del Plan Individual de Atención (PIA) y de los servicios que se otorgan, que es, de media, de 258 días.

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