El Gobierno aprueba las obras de las dos nuevas desalinizadoras en Foix y Tordera

Luz verde a las dos nuevas desalinizadoras que se ubicarán en Tordera (Girona) y en la desembocadura del río Foix (Barcelona). El Gobierno aprobó este martes en el Consejo de Ministros la financiación de estas infraestructuras, que costarán 513 millones de euros, y que aportarán a la comunidad 80 hectómetros cúbicos de agua. Patricia Plaja, portavoz del la Generalitat, afirmó en la conferencia de prensa posterior al Consell Executiu que “llevaban meses esperando” la aprobación del Ejecutivo de Pedro Sánchez. “Son claves para ganar resiliencia hídrica”, señaló Plaja.

Acuamed será quien licite ambas obras para agilizar los procesos, pero la titularidad de las dos desalinizadoras será de la Generalitat, tal y como anunciaron en febrero la ministra Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el todavía conseller de Acción Climática, David Mascort, en un encuentro en el que acordaron el transporte de agua en barcos desde la planta de Sagunto (Valencia) y que la Generalitat descartó dos meses más tarde tras la mejora de los embalses catalanes. Ribera aseguró la semana pasada que las obras de Sagunto continuarán para que puedan ser utilizadas llegado el momento. El Gobierno sufragará las infraestructuras catalanas con los fondos Next Generation, que Cataluña devolverá con el paso de los años a través de la factura del agua porque este tipo de inversiones “no permiten ser amortizadas con dinero público”.

La ampliación de la Tordera (290 millones euros), que producirá el equivalente al consumo doméstico de Barcelona en 2023 (60 hectómetros cúbicos), comenzará de forma inmediata tras llevar paralizada poco más de un año por las elecciones generales anticipadas del pasado mes de julio y algunas cuestiones técnicas del proyecto. El propio Mascort retrató el mes pasado la tardanza en la licitación de estas infraestructuras acordadas con el ministerio de Ribera y que son claves en el largo plazo. “En septiembre ya tenía [el Ministerio] el proyecto básico hecho. Estamos en junio de 2024 y siguen sin licitar la obra”, lamentó el conseller“. Estas desalinizadoras, que según afirmó en febrero Mascort funcionarán con plantas fotovoltaicas para reducir los costes de producción, eran uno de los objetivos previstos por el Govern al comienzo de la legislatura para garantizar el acceso de la población a agua potable. “Queríamos dejar preparada Cataluña para los futuros episodios de sequía que desgraciadamente se repetirán”, ha detallado este martes Plaja. Ahora, se espera que la ampliación de la Tordera concluya a finales de 2028 y, la de Foix, un año más tarde.

En el caso de la desalinizadora de Foix, las obras terminarán previsiblemente un año más tarde. La planta costará 223 millones de euros y producirá 20 hectómetros cúbicos, un poco menos de lo que consumieron en 2023 el comercio y la industria en Barcelona (24,8 hectómetros cúbicos). “Son actuaciones que garantizarán el consumo de agua en los próximos años”, ha remarcado la ministra Ribera en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, donde ha enmarcado esta financiación en un paquete de 1.000 millones de euros destinados a recuperar los acuíferos de la cuenca del Mediterráneo y mejorar el aprovechamiento de los recursos hídricos.

La Generalitat todavía tiene pendiente la licitación de la desalinizadora flotante que se ubicará en el Puerto de Barcelona, la otra gran infraestructura que contribuirá a conservar las reservas de los embalses de las cuencas internas, que se sitúan al 39% de su capacidad según los datos en tiempo real de la Agencia Catalana del Agua (ACA), y a hacer frente a los futuros episodios de sequía. La obra fue concedida a dedo a la empresa Cox Abengoa, que ya ha construido desalinizadoras similares alrededor del mundo, por un valor de 100 millones de euros a través de la vía de emergencia. Pero, tras decretar la salida de emergencia a cinco días de las pasadas elecciones autonómicas, el Govern sacará a finales de año un concurso público para la adjudicación del proyecto.

En las condiciones actuales, el contrato, que aún no estaba firmado con la empresa, habría “puesto en riesgo” la operación por “posibles impugnaciones de otras empresas”. Tras la salida a concurso público, multinacionales españolas como Ferrovial, Acciona o el Grupo Cobra pujarán por liderar este proyecto que inyectará cerca de 40.000 metros cúbicos diarios a la red de abastecimiento, el equivalente al 6% del consumo del área metropolitana de Barcelona.

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