Los afectados por la amnistía prevén una aplicación de la ley “de dos velocidades”

La ley de amnistía ya es una realidad, pero su aplicación todavía es una incógnita, en especial para sus posibles beneficiarios, recelosos ante la posibilidad de que el poder judicial la torpedee. Los amnistiables y sus abogados, pero también jueces y fiscales catalanes consultados por EL PAÍS, trabajan con la hipótesis de que la implementación de la norma tenga “dos velocidades”. Una, más lenta, la que pasa por Madrid, donde se sustancian las causas de mayor calado político contra el procés: la del referéndum del 1-O y la de Tsunami Democràtic, ambas con un denominador común: Carles Puigdemont. La otra, previsiblemente más rápida, la que tiene como escenario los juzgados catalanes que investigan asuntos de menor entidad, especialmente desórdenes públicos.

“Tenemos muy claro que el poder judicial español hará todo lo que pueda para sabotear este instrumento político de reparación. Lo hemos visto con la causa de Tsunami [el movimiento que organizó las protestas contra la sentencia del procés en octubre de 2019], que se reactivó y aceleró cuando se debatía la ley”, explica una portavoz de Òmnium Cultural, la organización que abanderó la lucha por la amnistía, a la que el Congreso de los Diputados dio luz verde definitiva el jueves. “Sabemos que harán una interpretación restrictiva de la ley y que la aplicación no será inmediata ni fácil”, insiste la entidad, que este mismo lunes presenta un instrumento jurídico para ayudar a los abogados de causas susceptibles de ser objeto de la amnistía a lograr su archivo con la máxima celeridad.

Los recelos son compartidos por buena parte de los afectados (más de 400, según los cálculos del Gobierno), entre los que hay dirigentes políticos y cargos de partidos independentistas, pero también ciudadanos que participaron en movilizaciones a favor del procés. Se mueven entre la esperanza de recibir al fin el perdón y el temor a que sus causas queden enredadas en discusiones jurídicas durante meses o incluso años.

Luxemburgo en el horizonte

Las preocupaciones de esos afectados y de sus abogados apuntan a Madrid. El Tribunal Supremo mantiene procesados por malversación agravada a Puigdemont y a otros consejeros que se marcharon al extranjero para no afrontar el juicio del procés, que se saldó en 2019 con penas de cárcel para sus compañeros en el Govern y en la aventura secesionista, incluido el exvicepresidente Oriol Junqueras. El Supremo también instruye la parte que afecta a los aforados (Puigdemont y el diputado de Esquerra Ruben Wagensberg) en la causa de Tsunami Democràtic, liderada por la Audiencia Nacional, que atribuye a una docena de personas un delito de terrorismo por los disturbios desatados en las manifestaciones posteriores a esa sentencia.

Con el objetivo declarado de alcanzar la “normalización institucional, política y social en Cataluña”, la ley de amnistía buscar dar carpetazo a todas las causas judiciales “sin excepción” vinculadas al proceso independentista. Y da un plazo de dos meses a los tribunales para que apliquen la medida de gracia. Las exclusiones que prevé la ley para los delitos de malversación (si hubo incremento del patrimonio personal) y terrorismo (si hay “graves violaciones de derechos humanos”) no afectan, según el espíritu de la ley y según han manifestado los negociadores del texto, a ninguno de los casos del procés, que quedarían por tanto bajo el paraguas de la amnistía.

Pero el Supremo tiene sus dudas. Sobre la amnistía en general y sobre esos extremos en particular. Uno de los escenarios más plausibles es que los magistrados planteen una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La decisión obligaría a paralizar la aplicación de la medida de gracia, aunque esa parálisis no afectaría, en principio, a medidas cautelares y órdenes de detención, que según explicita la ley los jueces están obligados a “dejar sin efecto”. La consecuencia más obvia de todo ello: Puigdemont podría regresar de Bélgica, al menos sobre el papel, sin miedo a ser arrestado.

Si hay cuestión prejudicial, está por ver cuál será el alcance de las dudas que planteen los magistrados (si son genéricas o relativas al terrorismo y la malversación) y, sobre todo, cómo afectará eso al resto de causas. Fuentes jurídicas señalan que, salvo que la cuestión que plantee el Supremo sea muy específica para las causas que allí se han juzgado o se instruyen, lo normal es que, una vez que el alto tribunal acuda a Europa, los jueces encargados de causas en Cataluña esperen a la respuesta que llegue de Luxemburgo. Pero eso no impide que haya jueces que no alberguen dudas sobre la aplicación de la medida de gracia y la apliquen antes de que el Supremo mueva ficha. Las fuentes consultadas sospechan que hay vida más allá del alto tribunal y que la mayoría de jueces con causas vinculadas al procés que se sustancia en Cataluña harán lo que dice la ley sin poner obstáculos. “Cada juez es dueño de su casa y hará lo que le parezca oportuno. Aunque no nos gusten el contenido o los motivos de la ley, tenemos que aplicarle. Y no parece que, en muchos casos, haya motivos para un bloqueo”, apunta una veterana jueza de instrucción de Barcelona.

Tampoco se prevé que coincidan las estrategias de los fiscales encargados de las causas del Supremo y los que intervienen en las de Cataluña. Los cuatro que participaron en el juicio del procés han comunicado esta semana al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, su oposición a aplicar la amnistía a los encausados por malversación, entre ellos Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. Argumentan que el desvío de fondos que se consideró probado en la sentencia del Supremo encaja en las excepciones que contempla la ley de amnistía, por lo que sostienen que estas acusaciones no pueden decaer ni se puede levantar la orden de detención al líder de Junts. El Ministerio público se rige por el principio de unidad de actuación, lo que implica que los fiscales deben acatar el criterio sobre la amnistía que fije García Ortiz, por lo que la postura de los fiscales del procés anuncia un nuevo pulso con el fiscal general, que, según fuentes de su entorno, considera que debe aplicarse la ley aprobada por el Congreso a todos los encausados por el desafío independentista. Diversas fuentes dan por hecho que los cuatro veteranos fiscales del Supremo intentarán explorar todas las vías posibles para imponer su postura sobre la de García Ortiz.

Un día después de que los cuatro fiscales del Supremo se reunieran con el fiscal general para lanzar su órdago, la cúpula fiscal de Cataluña mantuvo también un encuentro con el jefe del Ministerio Público. El ambiente de esa cita, según las fuentes consultadas, fue mucho más cordial que el del día anterior. Los fiscales catalanes señalaron que habrá comunicación fluida entre ellos y la Fiscalía General y que estudiarán caso a caso, pero trabajarán coordinados e intentarán dar una respuesta rápida. No se abordaron casos concretos, pero las fuentes señalan que no se prevén obstáculos para aplicar la ley ni discrepancias con los criterios que vayan marcándose desde la Fiscalía general.

Ciudadanos antes que políticos

En los juzgados de instrucción (las trincheras del mundo juicial), la amnistía no copa las conversaciones del café ni ha sido objeto de encendidas discusiones. El titular de instrucción 7, Francisco Miralles, procesó a 46 agentes del Cuerpo Nacional de Policía por las lesiones que causaron durante las cargas del 1-O. De acuerdo con la ley de amnistía, esos policías deben ser exculpados. La titular de instrucción 13, Alejandra Gil, mantiene investigadas a una veintena de personas, entre cargos y excargos de la Generalitat, por su participación en la organización del referéndum del 1-O: como en el caso del Supremo, por delitos de malversación, de modo que un archivo de la causa por parte de esta magistrada supondría un hito en la aplicación de la amnistía.

“Una cosa es lo que vaya a hacer el Supremo. Otra distinta es lo que hagan aquí jueces mucho menos politizados, que saben que han de hacer cumplir las leyes y que, además, van sobrecargados de trabajo y así se sacan de encima un asunto”, cuenta con un deje irónico otro veterano juez de instrucción de la provincia de Barcelona. La incertidumbre, sin embargo, sigue imperando a la espera de que la ley se publique en el BOE y entre en vigor; habrá que analizar, además y como establece la norma, “caso por caso”, añade.

Los negociadores siempre han hablado de que podría haber unas 400 personas beneficiadas, aunque entidades como Òmnium elevan la cifra a más de 1.600. Entre ellos hay tres expresidentes catalanes: Carles Puigdemont, Artur Mas (condenado por la consulta del 9-N de 2014) y Quim Torra (inhabilitado por poner símbolos a favor de los políticos presos en la fachada del Palau de la Generalitat). Pero también ex altos cargos de Junts y Esquerra que ayudaron a la organización del 1-O, personas del entorno de Puigdemont o miembros de la mesa del Parlament: la clase política que marcó el ritmo de la última década en Cataluña.

El grueso de los amnistiables, sin embargo, lo componen personas que de un modo u otro participaron en las movilizaciones masivas tras la sentencia del procés y que han sido investigadas por delitos como desórdenes públicos o atentado a la autoridad. Las fuentes consultadas tienen pocas dudas de que esas causas se van a archivar (las que no lo están ya) porque, a diferencia de la malversación o el terrorismo, “no hay margen alguno para la duda o la interpretación por parte de los magistrados”, asegura un fiscal que conoce a fondo las causas del proceso independentista. “Al final habrá algo de justicia política. Se dijo que la amnistía se había hecho para los políticos, pero tal vez los primeros beneficiados sean personas anónimas”, dice un abogado catalán que lleva una decena de casos susceptibles de ser amnistiados.

La ley dice que la responsabilidad penal de los hechos ligados al proceso independentista debe extinguirse por los jueces “de oficio” o “a instancia de parte” o “del Ministerio Fiscal”. Los posibles beneficiarios no piensan esperar demasiado a ver cómo reaccionan los jueces. El jueves, el mismo día en que se aprobó la ley en el Congreso, el letrado David Aineto —que defiende a uno de los investigados en instrucción 13— pidió el archivo de la causa en un texto breve, con la sola mención a la aplicación de la amnistía.

El independentismo, en cualquier caso, se ha conjurado para que la aplicación sea lo más efectiva y rápida posible. Diversos abogados han confeccionado una suerte de instancia o guía para solicitar los archivos y para que cualquier abogado, esté o no activamente involucrado, disponga de una herramienta útil. El objetivo es que nadie quiere fuera. Alerta Solidària, una organización vinculada a la izquierda independentista que contabiliza 419 beneficiarios (excluyendo a políticos y cargos públicos) ha constituido “un equipo de aplicación y seguimiento” para fijar prioridades. Òmnium, por su parte, asegura que ofrecerá “coordinación y apoyo” a las personas que la soliciten: “No dejaremos a ningún represaliado solo”.

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