PSC y Junts tumban la regulación del alquiler de temporada en Cataluña

El Govern de Pere Aragonès se despedirá de esta legislatura con una última gran decepción. El Ejecutivo aprobó en vísperas de la campaña electoral un decreto para regular el alquiler temporal de pisos y este jueves, la oposición, capitaneada por el PSC y Junts, lo ha tumbado. Los republicanos tenían depositadas sus esperanzas en los socialistas, que al final se han abstenido alegando falta de consenso y de certeza jurídica del texto. El decreto ha tenido ocho votos a favor (ERC, CUP y comunes), nueve en contra (Junts, Vox, Ciudadanos y PP) y cinco abstenciones (PSC). Con el rechazo al texto, las negociaciones entre PSC y ERC con vistas a la investidura empiezan ensombrecidas.

Los republicanos, vitales para designar a Salvador Illa presidente, han lamentado el pacto de facto de la sociovergencia que ha impedido que prosperara una medida para evitar abusos en los alquileres. El president en funciones, Pere Aragonès, ha expresado en la red social X “decepción por el rechazo de PSC y Junts a la regulación del alquiler de temporada”. “De nuevo se unen para dar la espalda a una de las principales urgencias de la ciudadanía”, ha dicho.

Desde que entró en vigor la regulación del precio del alquiler en Cataluña, muchos propietarios recurren a los alquileres de temporada (teóricamente pensados para estancias puntuales) para esquivar la contención de rentas. En algunos momentos, estos contratos han copado hasta el 90% de la oferta de los portales inmobiliarios. El decreto, que el Govern aprobó hace un mes, debía validarse para seguir vigente: contemplaba que solo pudieran ser temporales los alquileres por motivo vacacional, de trabajo o estudios, regulaba también el alquiler de habitaciones, creaba un régimen sancionador que no tiene la Ley de Vivienda de ámbito estatal, y aumentaba los fondos para construir pisos de protección.

La consejera de Territorio, Ester Capella, ha empezado el debate apelando a que el Parlament podía hacer historia, pero su llamamiento no ha surtido efecto. Jordi Orobitg, diputado de ERC, ha apuntado que la ausencia de Illa ha sido elocuente y sintomática de cuáles son sus prioridades. “El flamante ganador de las elecciones no está aquí (estaba en las jornadas del Círculo de Economía). La síntesis es que Junts y PSC impulsan políticas que no tienen nada que ver con los ciudadanos”, ha recalcado. También el grupo municipal de los republicanos en el Ayuntamiento de Barcelona ha pedido explicaciones a PSC y Junts sobre “cómo piensan dar respuesta a los retos en vivienda de la capital del país”.

Los socialistas sostienen que el decreto no estaba bien hecho y confían en que su abstención no entorpezca las negociaciones de investidura. Jéssica Albiach, presidenta de los comunes, ha tachado de “incomprensible” y “decepcionante” la postura del PSC y ha avisado de que la regulación será una “condición imprescindible” para alcanzar cualquier acuerdo de gobierno. “[El decreto] no lo solucionaba todo, pero es un paso”, ha avisado. La bancada de ERC le ha dirigido miradas de escepticismo tras haber caído el Hard Rock como línea roja para la investidura”.

En el debate, Capella ha sacado pecho de las políticas de vivienda de su área: la regulación del precio de los alquileres que prevé la Ley de Vivienda y el decreto para reducir los pisos turísticos dentro de cinco años en buena parte de los municipios de Cataluña. La consejera (que lo fue de Justicia en 2020, cuando Cataluña reguló el alquiler de forma pionera, aunque lo tumbó el Tribunal Constitucional) ha hecho bandera de sus políticas “para sacar la vivienda de la lógica del mercado y parar los pies a quienes la han utilizado para especular, lo que ha generado grandes desigualdades”. Capella ha lanzado dardos a quienes no han apoyado el decreto: “Hoy deberíamos volver a hacer historia en un Parlament, que tantas veces ha avanzado en garantía de derechos de los ciudadanos. Depende de los grupos quien se sitúa en el ámbito del progreso o de quienes tienen la sartén por el mango y los han garantizado, pero de forma limitada. Hemos venido a defender los derechos de los muchos por encima de los pocos”.

La portavoz socialista Alícia Romero ha recordado que el decreto se aprobó en vísperas de la campaña del 12-M y que el Ministerio de Vivienda tiene la voluntad de regular el alquiler de temporada, que no se incluyó en la Ley de Vivienda. Tras pedir más consenso entre los grupos y el mundo local, la número dos de los socialistas ha señalado “dos debilidades” del decreto: “Una es la seguridad jurídica al modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos que no puede cambiar el Parlament, y otra la efectividad del decreto, no fija cómo se controlará”. Desde Junts, Mònica Salas ha argumentado el ‘no’ de su partido por la “falta de consenso parlamentario, del mundo local y las entidades”.

Es una vergüenza estar en este Parlament: este decreto no es la panacea pero servía para tapar agujeros”, dice Xavier Pellicer (CUP)

La intervención más dura contra los partidos que no han apoyado el decreto ha sido del diputado de la CUP Xavier Pellicer, que no lo será en la próxima legislatura. “Hay días que da vergüenza estar aquí en el Parlament. Mientras se escucha el bla bla, bli bli, por parte del PSC y de Junts, hay 120.000 desahucios y un decreto que no saldrá adelante. Hablan de actuar con consenso, ¿cómo hay que actuar con consenso con sectores que especulan o que se levantan de la mesa cuando se quiere subir el salario mínimo?”. “Este decreto no es la panacea, pero podía tapar un agujero”, ha reprochado: “Siempre hablan de derechos, excusas, excusas y excusas y la realidad del país es la que es, y no le damos respuesta desde el Parlament, el Govern ni el gobierno. Da vergüenza formar parte de este parlamento, mientras hay quien se lucra y los desahucios destruyen tejidos sociales. Nunca habrá consenso con un sector al que quieres quitar un privilegio”.

La Diputación permanente ha aprobado otros decretos sobre la sequía y los efectos de la misma en la pagesia

Con todo, la sesión ha convalidado otros dos decretos: uno para paliar la sequía y otro con medidas de ayuda a los payeses afectados por la emergencia climática. El primero, que se tramitará como proyecto de ley a petición de Junts, contempla varias medidas para suavizar las sanciones contra los Ayuntamientos que derrochen agua en la línea fijada por el PSC que ha reprochado al Govern todo el mandato que derive la responsabilidad de la gestión a la sequía a los Ayuntamientos. El texto, que modifica el Plan Especial de la Sequía, establece ahora que los Consistorios puedan pagar las multas por derroche de agua de forma fraccionada sin intereses y que el periodo de infracción sea de tres meses. El texto ha sido aprobado con los seis votos a favor de ERC, 12 abstenciones (de PSC, Junts y Ciudadanos) y los cuatro votos en contra de Vox PP, CUP y comunes.

El documento regula por primera vez la instalación de desaladoras en titularidad privada y pone la lupa también por primera vez en los alojamientos turísticos para que se sometan a los mismos límites que el uso doméstico e insta a los hoteles a aplicar “mecanismos ahorradores y con un uso de gestión diferente”. Los límites serán obligatorios en los municipios que superen los límites tres meses. El decreto equipara a las piscinas municipales como refugio climático y establece la misma categoría a las privadas previo pacto con los Ayuntamientos. El decreto de ayuda a los payeses ha prosperado por 20 votos a favor y una abstención.

Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y X, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal