Puigdemont afirma que la “judicatura española” es “una máquina de picar derechos fundamentales” y la Fiscalía lamenta sus críticas

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha salido esta tarde a apoyar la decisión del grupo de Junts per Catalunya en el Congreso de votar en contra de la ley de amnistía que él mismo había puesto como condición para investir al socialista Pedro Sánchez como jefe del Gobierno. En un largo post en X, la red social conocida antes como Twitter, el también fundador del partido ha agradecido al PSOE y Sumar su voluntad para llegar a un acuerdo, pero ha puntualizado que la ley tal y como se votaba no cumplía el compromiso de ser “integral, completa y sin exclusiones”. El fracaso en el Congreso consecuencia del no de Junts implica que el texto vuelva a la Comisión de Justicia y Puigdemont ha instado al PSOE a tejer allí un consenso para blindar cualquier resquicio que pueda usar “esta máquina de picar derechos fundamentales en la que se ha convertido la judicatura española”. La Fiscalía General del Estado ha salido a lamentar estas críticas y defender el sistema judicial.

La dureza de las palabras de Puigdemont contra el poder judicial —en una parte del mensaje acusa a los “golpistas de la toga” de querer “subvertir la legalidad constitucional para sustituirla por la legalidad togada”— han generado el rechazo público del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. En un comunicado, ha manifestado su rechazo a “todas aquellas declaraciones que cuestionan que España es un Estado de derecho consolidado” y ha reconocido la labor de la judicatura “en la preservación y amparo de los derechos constitucionalmente reconocidos a toda la ciudadanía”.

Puigdemont ahondó así en su crítica a la Justicia: “Hay jueces que deciden investigarme por terrorismo justo el día en que hacíamos público el acuerdo con el PSOE, después de cuatro años de pasividad, y nadie del Poder Judicial se ha inmutado. Hay jueces que reabren casos archivados con delirantes tramas que solo existen en los informes de la policía patriótica, justo el día antes de que el Congreso aborde la ley de amnistía”, ha asegurado el expresident huido de la justicia española. Pone el foco así en la “coincidencia” de que cada paso en la negociación del texto en el legislativo fuera respondido por diligencias de jueces como Manuel García Castellón o Joaquín Aguirre en causas como la del Tsunami Democràtic en la Audiencia Nacional o la supuesta trama rusa del procés en un juzgado de instrucción barcelonés.

Según el exlíder del Govern, “solo hay una manera de frenar su pulsión patriotera” del sector de ese sector de la judicatura que considera que le persigue: “Hacer una ley sólida, sin tantas grietas”. En esa línea iban precisamente las enmiendas que Junts mantenía vivas en el debate de este martes y que los socialistas no han querido apoyar, pese a la presiones de los de Puigdemont y que finalmente se han consumado con el no.

Tras los últimos movimientos en un juzgado de Barcelona y en la Audiencia Nacional, abriendo posibilidades de incriminar al expresident por alta traición o terrorismo, Junts quería cerrar esas vías en la amnistía. Puigdemont acepta que es imposible una amnistía infalible y que podrían haber otras formas de intentar dejarle por fuera. “Si estamos de acuerdo en identificar algunas de las trampas que nos han puesto, no me logro explicar por cuál razón nos negamos a desactivarlas”, se lamenta.

El movimiento le permite a Junts ganar tiempo con el retorno del texto a la Comisión de Justicia del Congreso, pero está por verse la digestión que hace el Gobierno y el PSOE de un nuevo desencuentro con uno de los socios centrales de la investidura y que, por segunda vez, deja clara su intensión de tensar al máximo la cuerda en todas las negociaciones.

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