Calella y Ripoll, las alarmas que despertaron el pulso antiinmigración de Junts

Manuel García se remonta a 2019 para hablar del “problema de inseguridad” que arrastra su pueblo, Calella (Barcelona). Habla de peleas multitudinarias en las que estaban implicados menores migrantes no acompañados y de una sensación creciente de descontrol. “El Ayuntamiento decía que era una percepción nuestra pero, al final, nos ha dado la razón”, defiende el vecino de esta población de la costa barcelonesa que en los años sesenta fue pionera en el turismo de masas y que ahora intenta reposicionarse como puede ante la dura competencia. García es miembro de la asociación de vecinos Calella Centro y sostiene que en las calles de esta población de 18.000 habitantes (18,5% de ellos nacidos fuera de España) no se habla de otra cosa que de inseguridad. Y no duda en señalar que “siempre” se relaciona esa percepción con un único fenómeno: la inmigración.

El alcalde de Calella, Marc Buch, lideró en diciembre un movimiento dentro de su partido, Junts per Catalunya, para reclamar sin rodeos la expulsión de delincuentes multirreincidentes de origen extranjero. Al poco de lanzar esta reclamación, recibió el apoyo de otra docena de alcaldes, todos de su partido y de la misma comarca (el Maresme), en el mismo sentido. Hay que expulsar a los irregulares que delincan, coincidían. “Si no han venido a integrarse y a trabajar como hace la mayoría de la población, no tienen cabida en nuestra casa”, defendió Buch. El alcalde estallaba después de que un grupo de delincuentes agredieran a policías locales que estaban sofocando un incendio provocado en un bloque de edificios del municipio. Buch aseguraba que ese grupo no llegaba a la docena de personas y acumulaba 260 detenciones en medio año.

La dirección de Junts no tardó ni 24 horas en apoyar las demandas de estos alcaldes. “El sistema falla, desde Cataluña no podemos decidir nada”, dijo el secretario general de Junts, Jordi Turull, obviando que el Código Penal ya prevé la posibilidad de expulsar a delincuentes y que la Generalitat tiene competencias en integración de personas migrantes además de la de seguridad ciudadana.

Las palabras de Turull han cobrado sentido esta semana con el sorpresivo anuncio hecho por Junts en el Congreso el pasado miércoles de que había logrado arrancar un acuerdo al PSOE para que la Generalitat tenga la “delegación integral” de las competencias en inmigración. El objetivo es, según el propio Turull, controlar los flujos migratorios, expulsar a los multirreincidentes extranjeros —“tenemos que mirar en qué condiciones se puede echar a estas personas”— y hacer del catalán “lengua de integración”. Las críticas a Junts por esta deriva, que ERC sitúa en la “extrema derecha”, han sido una constante desde entonces.

Un paseo por las calles de Calella no sirve para percibir la sensación de inseguridad de la que hablan algunos vecinos, pero sí es evidente la multiculturalidad del municipio. En la calle de la Església un mural presume: “Calella, la mejor tienda del Maresme”. A solo unos metros de estas palabras, varios comercios regentados por extranjeros. Fruterías, peluquerías o tiendas de reparación de móviles. Ninguno de estos empresarios sabía que Junts reclama las competencias de inmigración, pero todos sabían que hay un “grupito” que está creando inseguridad en el municipio. El alcalde, uno de los que ha empujado hacia el endurecimiento del discurso migratorio de Junts, prefiere no hacer declaraciones a EL PAÍS, pero sí habla a través de un portavoz municipal: “Buch quiere manifestar públicamente su agradecimiento a Turull y al resto de dirigentes que están llevando a cabo las negociaciones. Da las gracias por apoyar los ruegos y las reivindicaciones de los alcaldes del Maresme que llevaron a cabo la protesta”.

Calella dista de ser un caso aislado en el universo político de Junts, el partido de Carles Puigdemont. La formación ha vivido con amargura otro episodio en uno de los municipios de la Cataluña interior del que ha ostentado la alcaldía durante años: Ripoll. En esta localidad de Girona, de 10.600 habitantes, las elecciones municipales de mayo acabaron en forma de vendaval. Junts cedía la primera posición a Aliança Catalana, un partido local casi desconocido fuera de la población que hace bandera de su independentismo, islamofobia y sus posiciones identitarias. El independentismo de extrema derecha lograba así el control de su primer ayuntamiento. Las alarmas no han parado de sonar desde entonces en los chats de Junts, que temen la expansión de este partido e incluso que pueda dar el salto al Parlament.

La fórmula de la nueva alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, fue explotar el dolor y la incomprensión de muchos vecinos de la localidad que en verano de 2017 descubrieron con horror que de esta apacible población del Prepirineo habían salido (y vivido desde pequeños) los jóvenes que perpetraron los atentados islamistas de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto. Preguntar sobre el clima político y la inmigración en las calles de Ripoll no genera grandes titulares. Los vecinos prefieren optar por respuestas políticamente correctas al margen de haber dado la alcaldía a alguien con un discurso claramente xenófobo. Sí quiere hablar la alcaldesa. “En Ripoll, el pasado mayo quitamos a Junts cinco concejales. Han aprendido y han cambiado su discurso. Pero que nadie se engañe, no tienen una voluntad real de acabar con el problema migratorio. No tienen ni la valentía y, ni siquiera piensan realmente en hacerlo”, defiende Orriols en declaraciones a este diario. La alcaldesa ultra critica que si la Generalitat tuviera competencias en inmigración serviría de poco: “ [Pere] Aragonès es capaz de acoger todavía más inmigrantes o de paralizar las expulsiones. A ver si tener más competencias al final será contraproducente”.

Mousa Elkasme lleva 25 años viviendo en Ripoll. Trabaja en la recogida de basuras de la comarca (el Ripollès) y lamenta: “Desde los atentados hay muchos vecinos que nos han mostrado odio. Pensábamos que Junts estaba a nuestro lado pero está claro que no”. Elkasme asegura que, desde que Orriols está al frente del consistorio, empadronarse en el municipio, si eres extranjero, se ha convertido en una carrera de obstáculos. “A veces envían a la policía municipal al domicilio para constatar si es verdad que los que se quieren empadronar viven allí. Hay niños que no pueden ir a la escuela en semanas porque empadronarse es imposible. Si esto es lo que quiere Junts tendremos que buscarnos otros partidos que nos ayuden”, concluye.

Ali Yassine es el presidente de la mezquita Annour del Ripoll —donde Es Satty, el líder intelectual de los atentados del 17-A, ejercía como imán— tampoco tiene palabras amistosas hacia la alcaldesa: “Orriols no sabe ni lo que dice. En Ripoll no hay problemas de convivencia”. Se sorprende por el interés de Junts en ejercer las competencias migratorias, aunque no le da ningún valor: “Aquí hay inmigrantes sin papeles que se meten en problemas de peleas o drogas y nunca han deportado absolutamente a nadie. Los partidos dicen estas cosas para ganar votos”. Tanto Calella como Ripoll son municipios de pocos miles de habitantes, donde Junts sabe que el discurso de control de la inmigración puede tener éxito. “Para votar necesitamos la nacionalidad y eso como mínimo son diez años. Yo la pedí en 2011 y me la denegaron. No la he vuelto a solicitar”, explica Elkasme.

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