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Cataluña revisará las ayudas a la escolarización de alumnos vulnerables para reducir la segregación escolar

La problemática de la guetización se ha reducido un 20% desde la puesta en marcha del gran pacto político en 2019

Colgadores con los nombres de los alumnos de infantil en una escuela del área de Barcelona.
Colgadores con los nombres de los alumnos de infantil en una escuela del área de Barcelona.Albert Garcia

El sistema de las conocidas como mochilas económicas que acompañan a los alumnos vulnerables y que reciben los centros educativos para escolarizar estos alumnos será revisado dos años después de su creación en Cataluña. Estas ayudas se pusieron en marcha el curso pasado dentro del Pacto contra la Segregación Escolar como una forma de motivar el reparto más igualitario de estos alumnos entre los centros educativos y se concretó en los importes de 384,66 euros por niño en la pública al año y 988,1 en la concertada. El Departamento de Educación revisará estos importes -todo parece indicar que será al alza- a partir del nuevo informe sobre el coste de la plaza escolar que empezará a trabajar la Sindicatura de Greuges.

Las ayudas se empezaron a conceder el curso pasado a los alumnos vulnerables, calificados como NESE B, de los cursos de Infantil3 y 1º de ESO. Entonces, el coste se elevó a 9,2 millones, según Educación, pero la cifra se ha elevado a 19,4 millones este curso, aunque se prevé que pueda aumentar con la llegada de alumnos a medio curso. El importe de las ayudas irá creciendo notablemente año tras año porque la mochila acompaña al alumno durante toda su escolarización, de modo que en unos años, cuando ya se haya extendido a todos los cursos de la educación obligatorio, el coste puede ser notable para las arcas del Departamento, aunque esta última cifra no la ha concretado Educación.

El importe de estas ayudas cubre desde los gastos de escolarización, la cuota de material a las excursiones y la reciben directamente los centros. La idea es que estos alumnos sin recursos puedan ser escolarizados en centros concertados sin ningún coste. Pero el sector de la concertada también pidió estas ayudas para cuadrar sus cuentas, ya que no veían viable económicamente asumir la escolarización de un gran número de alumnos vulnerables. Ahora la concertada insiste en que se aumenten los importes, argumentando que los 988 euros no cubren los 1.500 euros del coste de la plaza escolar, según cálculos de la Sindicatura de Greuges realizados en 2019.

La institución ha anunciado que, por encargo del Departamento, elaborará un nuevo informe para actualizar el coste de la plaza, teniendo en cuenta la inflación de los últimos años. Con estos datos, Educación será la que decida los importes que formen las mochilas y que todo parece indicar que será superiores a los actuales. Falta por ver si las nuevas cifras se aplican ya para el próximo curso, ya que la Sindicatura calcula que tardará unos meses en tener listo el informe, pero se espera que sea este año.

Las cifras se han conocido este martes, en el marco de la octava reunión de la comisión de seguimiento del Pacto contra la Segregación escolar que ha acogido el Parlament. Dicho pacto fue firmado en 2019 a raíz de un informe demoledor, tres años antes, de la Sindicatura de Greuges que alertaba del descontrol en la problemática de la segregación escolar. El Pacto recoge 30 actuaciones, desplegadas en 189 medidas concretas, a desarrollar en cinco años tras la firma del acuerdo y la Sindicatura se encarga de elaborar anualmente un informe sobre el nivel de cumplimiento del Pacto.

Una cuarta parte de medidas cumplidas

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El informe indica que la segregación escolar -que valora que el perfil socioeconómico de los alumnos coincida con la realidad del barrio- se va reduciendo año tras año, de manera que, desde la puesta en marcha del Pacto, en 2019, ha disminuido un 20% el nivel de segregación global en el sistema educativo, y en un 35% si se pone el foco en la realidad de cada municipio. Traducido en cifras, ello significa que si en el curso 2018-19 era necesario cambiar de centro al 43% de alumnos de primaria y al 35% de secundario para lograr un reparto equitativo de los alumnos vulnerables entre los centros educativos de su entorno, este porcentaje se ha reducido hasta el 33 y el 28%, respectivamente, en el curso actual.

Según el último informe de la Síndica, de las 30 medidas previstas por el Pacto, hasta ahora se han cumplido 13 (hace un año eran ocho), mientras que las 17 restantes están el proceso. Con todo, la institución lamenta que ello “no ha logrado dar la vuelta a la guetización” de los 250 centros con mayor concentración de alumnos vulnerables.

No obstante, la Síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, ha querido poner el acento en otro fenómeno: la segregación dentro de un centro educativo. La Defensora considera necesario “garantizar la acogida y la inclusión” de los alumnos vulnerables en los centros donde son escolarizados y denuncia prácticas segregadoras dentro de los centros, como la creación de grupos según el nivel, la derivación a programas diversificación curricular o el hecho de orientar a estos alumnos hacia la FP. “Si trasladamos un alumno a un centro, pero después en este centro es segregado, no sirve de nada”, ha espetado la Síndica.

Por su parte, durante la reunión de la comisión de seguimiento, la consejera de Educación, Anna Simó, ha destacado que el decreto de admisiones -una de las principales medidas del Pacto y el instrumento que regula la distribución de estos alumnos- ha ayudado a aflorar un gran número de menores en situación de vulnerabilidad. Y es que el porcentaje de alumnos calificados como NESE B ha pasado del 6,4 en el curso 2018-19 al 24,7% en el actual, en primaria, mientras que en secundaria la progresión ha sido del 5,6 al 18,6%. “Tenemos más alumnos vulnerables que antes de la pandemia, y los que ya lo eran ahora lo son más”, ha afirmado Simó.

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