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PSOE y Junts ultiman el anuncio de un acuerdo para la investidura

Los negociadores han intentado estos días blindar la norma frente a los jueces que puedan intentar no aplicarla. La ofensiva judicial y el auto de García-Castellón desató las alarmas de Junts

Acuerdo de investidura
De izquierda a derecha, Laura Borràs, Jordi Turull, Carles Puigdemont y Míriam Nogueras, este miércoles en el Parlamento Europeo en Bruselas.Delmi Álvarez

El PSOE y Junts están ultimando el acuerdo en Bruselas sobre la ley de amnistía y tienen todo listo para presentarlo este mismo jueves si nada se tuerce en el último momento, según fuentes de Junts. Los socialistas, más prudentes después de varios retrasos inesperados, señalan que están muy cerca y confían en poder cerrar pero no sería la primera vez que en el último momento, de madrugada, se complican las cosas. En cualquier caso el acuerdo parece muy cercano y en ningún momento de la semana ninguno de los dos partidos ha trasladado mensajes de que estuviese en riesgo. En caso de que se firme este jueves, la investidura podría acelerarse. Difícilmente se llegaría a esta semana, porque habría que forzar mucho, pero sí podría ser nada más arrancar la próxima, lunes y martes.

Está previsto oficializar el pacto este jueves, en Bruselas, con una foto en la que están llamados a aparecer Jordi Turull, secretario general de Junts, y Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE. Ambos han actuado como delegados de plena confianza de Carles Puigdemont y Pedro Sánchez, respectivamente. Tras días de alta tensión en Bruselas, los negociadores de ambas formaciones se despidieron este miércoles con sensación de alivio porque el trato parecía pulir los últimos flecos. “Pero también nos lo había parecido otras seis o siete veces, antes”, reconocen fuentes de la negociación. Justamente, los precedentes azuzan el temor de ambas partes a darlo por hecho hasta su formalización. Desde Bruselas, los negociadores de ambas partes mostraron hermetismo hasta entrada la noche: “Seguimos trabajando”, coincidían en responder ambos equipos, y se descartaba dar nada por confirmado.

El ruido de los disturbios en Madrid de los grupos ultra en contra de la amnistía no es lo único que ha resonado entre los negociadores del PSOE y Junts en Bruselas. Más clara aún se ha escuchado la contestación de parte de la judicatura, desde la declaración institucional contra la amnistía promovida por la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a las acciones de último momento del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, imputando al expresidente Carles Puigdemont por el caso Tsunami Democràtic, donde el magistrado, en contra de la opinión de la fiscalía, ve posibles delitos de terrorismo. Un mensaje que ha convencido a las dos partes negociadoras de que la ley de amnistía que se pacte en la capital belga tendrá que estar blindada para cuando llegue a la española. “Que no quepa otra interpretación de ley, que no haya otra interpretación posible”, mantienen las partes, aludiendo al interés de que la norma convenida deje pocos resquicios para la interpretación en los tribunales.

El auto de García-Castellón, según fuentes de la negociación, ha hecho que Junts quisiera revisar uno a uno todos los artículos de una ley que ya estaba prácticamente cerrada para estar 100% seguro de que jueces como el magistrado de la Audiencia Nacional que ha citado a Puigdemont y Rovira como imputados, y que sería uno de los que tendría que aplicar la amnistía, no pueda encontrar resquicios legales para dejar en nada una ley que tanto está costando negociar. El temor de Junts es que suceda como pasó con la reforma que implicó eliminar el delito de sedición y cambiar el de malversación, y que quedó prácticamente en nada cuando el Tribunal Supremo decidió que esos cambios no eran aplicables a las causas contra los líderes del procés. El efecto del auto sobre la negociación está siendo, pues, decisivo.

La ley debe ser ”intocable” y tiene que estar “hecha a la perfección jurídicamente”, señalan las fuentes conocedoras de las negociaciones, porque no puede tener fisura alguna que la haga vulnerable tanto ante el camino legislativo que tendrá que afrontar una vez se selle el acuerdo en Bruselas —de lo que ambas partes dicen no dudar; solo es el tiempo lo que presta incertidumbre— como ante el previsible viacrucis judicial al que también será sometida. “Sabemos que van a diseccionar la ley” y a poner “a los mejores de los suyos” a buscar debilidades, indican las fuentes consultadas.

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En el PSOE había preocupación por el retraso, pero los dirigentes más informados, al máximo nivel, insistían en que “saldrá bien” y habrá investidura. El propio Sánchez, que acudió a la sede de la calle de Ferraz para apoyar a los trabajadores del PSOE, lanzó un mensaje claro para tranquilizar a todos los que temen que pueda no haber investidura. “Va a haber Gobierno y vamos a seguir cuatro años más”, dijo dando por hecho el acuerdo. Los socialistas creen, además, que las protestas violentas están sirviendo para recordar a muchos progresistas por qué votaron al PSOE o a Sumar en las elecciones generales del pasado 23 de julio: en buena parte para evitar que alguien como Santiago Abascal, que alienta estas protestas y pide a la policía que desobedezca al Gobierno, fuera vicepresidente de Alberto Núñez Feijóo. Esa presión, por tanto, podría ser contraproducente para la derecha y servir de pegamento en una izquierda desconcertada ante el retraso de la investidura, según analizan varios dirigentes.

Carles Puigdemont, hoy en el Parlamento Europeo.
Carles Puigdemont, hoy en el Parlamento Europeo. Delmi Álvarez

Junts no tenía tanta prisa como el PSOE. Cada día que pasa es un plus de protagonismo para Carles Puigdemont, y permite ganar distancia respecto del acuerdo que cerró el PSOE con Esquerra la semana pasada. Un acuerdo que activa el traspaso de los trenes de cercanías a la Generalitat y que da luz verde a una quita de casi el 20% de la deuda de Cataluña con el Fondo de Liquidez Autonómica (15.000 millones de euros).

Las negociaciones no han sido, en las últimas horas, políticas, sino que estaban en manos de los expertos jurídicos de las dos partes, que son los que analizan los papeles “intercambiados” en un “flujo constante” que no se ha interrumpido en ningún momento, confirman todas las partes.

Es por ello que los protagonistas oficiales de las conversaciones —el número tres del PSOE, Santos Cerdán, y Puigdemont— pueden dar muestras de normalidad, especialmente este último, que este miércoles retomó sus actividades como eurodiputado (había pleno en Bruselas). Mientras, continuaba con sus conversaciones a puerta cerrada en su despacho en la Eurocámara con Jordi Turull y Míriam Nogueras, además de Laura Borrás. Puigdemont diseña personalmente la lista de demandas de Junts para apoyar la reelección de Pedro Sánchez.

El expresidente catalán que huyó del país a Bruselas para evitar la justicia española evitó dar ninguna declaración a los numerosos medios que atendían su llegada al Parlamento, para un pleno donde el protagonismo lo copó la actriz Cate Blanchett, que se dirigió a los eurodiputados en calidad de embajadora de ACNUR. El hermetismo y el silencio se ha impuesto como un rígido mandato para las negociaciones, pero desde el entorno del expresident se advertía de que no era el bando independentista quien tenía más prisa por cerrar el acuerdo.

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