Los operadores del transporte público sufren hasta 10 meses de retraso en el cobro de la subvención por la campaña de descuentos

Los usuarios del transporte público se benefician de descuentos de hasta el 50% desde septiembre del año pasado, cuando el Gobierno decidió poner en marcha un paquete de medidas y subvenciones para aligerar el golpe de la inflación en los bolsillos de las familias. Pero ahora mismo quien está sufragando esa medida son los propios operadores, que están sufriendo retrasos de millones de euros en el cobro por parte de las administraciones. Afecta a grandes empresas públicas como TMB, que explota las líneas del bus y del metro de Barcelona, pero sobre todo a otras compañías más pequeñas encargadas de las líneas cuyos servicios no están en los sistemas integrados (que permiten utilizar el mismo título en otros servicios) del transporte de las autoridades metropolitanas, que mueven en torno a un 4% del total de los pasajeros de Cataluña. La Generalitat reconoce el problema, y ha mantenido alguna reunión con el sector, pero lo vincula al pesado modelo de transferencia y asignación de recursos.

El Consejo de Ministros decidió en verano de 2022 dar la gratuidad en el uso de las líneas de Cercanías de toda España y daba la posibilidad de asumir el 30% de descuentos en el resto del transporte público a aquellas comunidades y municipios que asumieran el coste de un 20% adicional, para alcanzar una rebaja en la factura del usuario del 50%. Esos descuentos, como norma general, se aplican siempre para títulos que atienden casos de recurrencia en el uso. La Generalitat, como el Ayuntamiento de Barcelona, asumieron la medida, que expira el próximo 31 de diciembre sin que se haya confirmado su continuidad y que nadie se atreve a negar que está detrás de la recuperación del uso del transporte público a momentos a previos a la pandemia. En junio las validaciones acumuladas ya superaban un 0,7% las del mismo periodo de 2019.

José María Chavarría, presidente de la Federación Empresarial Catalana de Autotransporte de Viajeros (Fecav), explica que el impacto se está dando de diferente forma en función de si el servicio está dentro de un sistema integrado de transporte público o no. Las empresas cuyos servicios sí lo están, sufren retrasos que pueden oscilar entre los dos y tres meses, como sería el caso de TMB. En el caso de otros operadores, el impago alcanza entre los ocho y los diez meses, una cifra más importante porque además afecta a empresas más pequeñas, sin tanto pulmón para asumir desfases de caja y cuando sus tesorerías llevan meses sufriendo la escalada del precio del combustible y del dinero. “Es difícil pagar nóminas, que representan el 50% de los costes, combustible y la compra de nuevo material si no entra dinero en la tesorería”, afirma Chavarría, quien recuerda que no se puede pedir la renovación de vehículos y a la vez “estrangular a las compañías”.

Esas diferencias de criterio a la hora de pagar se explican por la vía que se ha de seguir para recibir los fondos. En el primer caso, los operadores dependen que les lleguen los recursos de las autoridades del transporte metropolitano, que tienen más margen para avanzar los recursos que les llegan de las administraciones. No es así en el caso de los operadores no integrados, que tienen que cobrar directamente del Departamento de Territorio de la Generalitat.

Fuentes de la consejería admiten el problema, pero lo explican por que cuando se aprobaron los descuentos no había presupuesto asignado del Ministerio de Transportes, que ha llegado después. Por ejemplo, explican que los recursos que tenían que compensar por los descuentos entre enero y junio llegaron en mayo pasado, lo que suponía el pistoletazo de salida para la entrega de toda la documentación necesaria para alegar el derecho de cobro. Desde el Gobierno se defiende que las transferencias se han realizado, por lo que no se les puede responsabilizar de la falta de pagos. En mayo pasado se aprobó una transferencia de 29,7 millones de euros a las entidades locales catalanas para que asumieran sus compromisos y otros 45,1 millones a la Generalitat. Ha sido imposible conocer el adeudo total a los operadores.

Chavarría señala que todo ese colapso que hay ahora se podría haber previsto mediante el reparto de adelantos a cuenta, tal y como han realizado otros países europeos que han efectuado políticas similares de descuentos en el transporte público. El presidente de la Fecav no limita los problemas a la Generalitat, ya que asegura que los operadores de líneas regulares de autobús están sufriendo también retrasos que alcanzan los diez meses, igual que otras líneas urbanas que sufragan los ayuntamientos, en estos casos con dilaciones en el pago situados entre los cuatro y los seis meses.

“Ha sido una buena medida para incentivar el transporte público, con alzas de hasta el 20% de pasajeros en algunas líneas, pero no se puede descapitalizar a las compañías”, señala el presidente de la Fecav.

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